Después de diez años de investigaciones, el Ministerio Público cerró el proceso sobre el programa de obras PROCusco, un caso que involucra al expresidente regional Jorge Acurio Tito. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco descartó continuar con las diligencias contra el expresidente regional Jorge Acurio Tito y su entorno de funcionarios.
La fiscal Gladys Victoria Aparicio Aragón declaró que no encontró pruebas suficientes para sostener acusaciones por colusión, abuso de autoridad o malversación de fondos. Esa decisión marcó el final de uno de los casos más polémicos del gobierno regional cusqueño.
Las denuncias se presentaron en 2014. Señalaron presuntas irregularidades en la creación del “Programa Regional de Obras Cusco” (PROCusco), impulsado en 2012. El entonces presidente Acurio lo promovió sin aprobación del Consejo Regional. El programa imitó al modelo PRO Áncash y buscó ejecutar obras menores.
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José Rosendo Calderón Pacohuanca, designado como responsable del programa, también fue incluido en el proceso. Varios sectores cuestionaron su cercanía con Acurio Tito. Además, la exprocuradora Dora Monzón Valverde recordó que el programa presentó contratos administrativos excesivos y trabajadores fantasmas.
Obras como el mejoramiento de la plaza de Pampamarca en Canas, el Centro de Abastos de Combapata en Canchis y la escuela Leoncio Prado en Huayopata quedaron inconclusas. La Comisión de Consejeros Regionales, presidida por Milton Barrionuevo, denunció que PROCusco fragmentó el presupuesto regional.
La fiscal Aparicio argumentó que la creación del programa respetó la autonomía de los gobiernos regionales. Señaló que se integró legalmente como área funcional de la Gerencia de Infraestructura. Además, explicó que las contrataciones se alinearon con la normativa laboral de construcción civil.
Las investigaciones también abordaron el alquiler de vehículos. Algunos denunciantes acusaron que los autos beneficiaban a magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público. La fiscalía identificó a los propietarios como empresas y ciudadanos sin vínculos con funcionarios públicos.
Las supervisiones internas y externas no detectaron observaciones relevantes. La designación de Calderón se hizo sin pruebas de favoritismo o ilegalidad. Según la resolución, los pagos salariales al personal tampoco excedieron los límites legales.
Con esta decisión, Jorge Acurio se desvincula de uno de los procesos judiciales más prolongados en su contra. Aún enfrenta otras investigaciones por hechos similares durante su gestión en el Gobierno Regional del Cusco.
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