¿Alguien puede dudar que en Iquitos se ha judicializado la política? ¿Alguien puede dudar que el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis, financia, promueve y, a veces, hasta conmueve, con sus intentos por judicializar los temas que involucran a sus nuevos y antiguos adversarios? ¿Alguien puede dudar que las autoridades del presente, pasado –y temo que las del futuro- por diversos métodos tienen en algunos concesionarios o dueños de medios de comunicación operadores de sus más bajos instintos? Nadie. Pero –aunque no sirva de consuelo- hay que decir que no es exclusividad de la región Loreto. Es un mal nacional. Lo prueba una rápida leída a los analistas políticos de los diversos medios de comunicación.
Por ejemplo, Augusto Álvarez Rodrich, está convencido que en estos tiempos se ha judicializado la política y afirma: “Para el periodismo, finalmente, lo que está sucediendo plantea el gran desafío de manejar muchos casos complejos de manera simultánea, analizándolos en función de los hechos y no de las preferencias ideológicas, y de no ceder a la tentación de la reacción inmediata e incendiaria por parte de personas que tienen la lengua más larga que el cerebro”. Por eso es imprescindible que los que tenemos formación periodística convenzamos a los políticos y dueños de medios de comunicación que no se incentive reacciones de personas que creen que la lengua no debe obedecer al cerebro. Nuestra labor –delicada y no exenta de equivocaciones- tiene que ser separar la paja del trigo y desenmascarar a quienes no luchan contra lo que dicen sino que responden a intereses absurdos y violentos.
Otro ejemplo es lo que ha escrito Rosa María Palacios, quien está convencida –la ley respalda esta posición, además- que quienes reciben dinero para sostener sus campañas electorales no cometen delito. Por ello ha escrito: “Nadie merece ser perseguido por un delito que no existe. Hacerlo no es democrático, ni civilizado, ni respeta el debido proceso. A los políticos que delinquen hay que meterlos a la cárcel de la mano de la ley. Los demás caminos están vedados, así te apellides Humala, García o Fujimori”. No vamos a añadir apellidos regionales pero es paradójico que familiares de quienes –según afirman ellos mismos- han sido perseguidos por la justicia hoy estén obsesionados en cometer contra sus adversarios similares exageraciones y/o persecuciones. Apelando a la investigación de IDL Reporteros, bajo la dirección de Gustavo Gorriti, RMP está convencida que en cuanto a financiamiento de campañas “… Odebrecht le repartía lo propio a Keiko Fujimori y a Alan García, mencionando también la breve candidatura por el partido aprista el 2011 de la actual Vice Presidenta Mercedes Aráoz”, además de Humala, se entiende. Pero, vaya diferencia, el director de Peru21, Juan José Garrido, asegura que “El último sicosocial político (sobre los supuestos aportes de Odebrecht a las campañas de Fuerza Popular y Apra) debería llevarnos a una seria reflexión. Por increíble que parezca, algunos operadores políticos (maquillados de periodistas y líderes de opinión) siguen con el tole tole no obstante el Ministerio Público desvirtuó a las pocas horas la información. Nuestras fuentes sostienen que M. Ode-brecht nunca mencionó a Mercedes Aráoz ni a Keiko Fujimori”. Conclusiones tan concluyentes como divergentes. ¿Quién tiene la verdad de su lado? En torno a ello se definen políticas editoriales e informativas.
Lamentablemente en Iquitos no se evidencia ni siquiera una política informativa ni menos editorial. Pero hemos adoptado –los medios y políticos- posiciones que son idénticas a los que se padece a nivel nacional. No somos, pues, una isla ni bonita ni grande. Somos parte de ese imperio de la post verdad que ha llevado a triunfos y derrotas a políticos en uno y otro lugar pero que ha sumido en el imperio de lo absurdo a las sociedades.
