Atentaba contra la propiedad y contra la Ley a la Consulta previa
Los argumentos para derogar este Decreto Legislativo son claros: es una norma que no ha sido consultada y que atenta contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas sobre su territorio.
Una nueva victoria para los pueblos indígenas representa la reciente derogación del Decreto Legislativo 1333 que atentaba contra el derecho de propiedad de las comunidades, así como contra la Ley del Derecho a la Consulta Previa; esto fue posible gracias al esfuerzo y persistencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y otras organizaciones indígenas quienes hicieron un trabajo de incidencia clave para lograr este importante triunfo.
Este decreto que fue aprobado por el Poder Ejecutivo, las organizaciones regionales de la Amazonía a través de AIDESEP emprendieron numerosas acciones para que sus argumentos sean tomados en cuenta por los actores clave en este proceso. De esta manera, se realizaron pronunciamientos, reuniones con la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República, reuniones con congresistas de todas las bancadas, entre otros puntos que aportaron a al alcance de este importante logro.
Asimismo, frente a los intentos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por llegar a acuerdos de último momento, saltándose la consulta; AIDESEP ha sido siempre claro en afirmar que es imprescindible establecer la consulta previa según lo establece la ley y con los tiempos adecuados para poder informar y evaluar la norma con las bases regionales que conforman nuestra organización y representan a los pueblos indígenas amazónicos que son la voz de AIDESEP y habrían sido los principales afectados por este decreto.
Los argumentos para derogar este Decreto Legislativo son claros: es una norma que no ha sido consultada y que atenta contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas sobre su territorio. De allí que el Poder Ejecutivo a través de Proinversión y el Ministerio de Cultura deberán evaluar la viabilidad de los Proyectos de Inversión que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas en su territorio. (Wilbert Gil)
