Con Federaciones Indígenas de las Cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón
Desde el año 2012, federaciones y comunidades indígenas de la Amazonía norte de Perú, cuyos territorios son afectados por la actividad petrolera de los lotes 192 (ex 1AB) y 8, desarrollan reuniones de trabajo con el Estado peruano para solucionar la problemática socio-ambiental que los aqueja; esto de forma oficial, por medio de comisiones multisectoriales.
El pasado 5 de marzo, en la comunidad Nuevo Andoas, se realizó una de las reuniones de trabajo acordadas donde el Estado debió dar cuenta a las comunidades de las cuatro cuencas (Pastaza,Tigre, Corrientes y Marañón) sobre avances concretos en plazos específicos.
Lamentablemente, esta reunión no fue satisfactoria para las comunidades pues el Estado evidenció incumplimiento, poca transparencia y falta de voluntad para asegurar participación que permitan arribar a los objetivos. Las exposiciones de funcionarios sobre los avances en los proyectos de desarrollo y cobertura de derechos básicos demostraron que poca ha sido la evolución de ellos en los últimos meses.
“La población está desesperada por saber los avances de los acuerdos, siempre en expectativa, preocupada por la ausencia del estado”, explica el apu Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACOR).
En marzo también se acordó que en la próxima reunión se debería ofrecer respuestas claras sobre la agenda referente a la salud en las cuatro cuencas, que implica tanto los progresos en la implementación de un Plan Integral de Salud Intercultural, la demanda de atención especializada para la contaminación por metales pesados e hidrocarburos de la población, entre otros.
“Queremos que los resultados del Estudio Toxicológico los den a la población de manera adecuada, absolviendo dudas, no sólo dando un papel”, declara el apu Carlos Sandi, refiriéndose a la entrega de resultados del estudio hecho por el Centro de Salud Ocupacional y Protección al Ambiente (CENSOPAS) del Ministerio de Salud, que demuestra la presencia de metales pesados en la población por encima de los límites permitidos.
A su vez, el Estado deberá exponer avances respecto a más de sesenta y cinco sistemas de agua y saneamiento en comunidades de la zona, a cargo del Ministerio de Vivienda; los avances en la titulación de tierras, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura, SERNAMP, y el Gobierno Regional de Loreto; y las fechas en que se dará inicio al proceso de Consulta Previa de cara al nuevo contrato de concesión del Lote 192.
“Nosotros siempre estamos pendientes que se haga una verdadera consulta para poder garantizar los derechos de los pueblos indígenas. No podemos permitir que primero se haga un contrato y que en el contrato no se garantice nada”, indica el apu Carlos.
Las federaciones FEDIQUEP (pueblo Quechua del Pastaza), FECONACOR (pueblo Achuar del Corrientes), ACODECOSPAT (pueblo Kukama del Marañón) y OPIKAFPE (Pueblo Kichwa del Tigre), quienes han venido dando seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado en las actas del 10 De Marzo (Lima, 2015), Teniente López (Trompeteros, Loreto, 24 de setiembre de 2015), José Olaya (Trompeteros, Loreto, 5 de noviembre de 2015), y Nuevo Andoas (30 de setiembre de 2017), indican que, hasta ahora, sólo el 30% de los compromisos se han cumplido.
“En efecto, la población tiene la sensación generalizada de que el Estado no prioriza agendas tan urgentes como las de salud y derecho al agua cuando se trata de los pueblos indígenas.
“Necesitamos que la reunión se haga lo más pronto posible. ¿Cuánto más se van a posponer nuestros derechos?”; culmina Carlos Sandi.
