El 28 de noviembre comenzará el diálogo en Saramurillo
Las Federaciones estarán acompañadas con hasta tres asesores de Lima, que serán trasladados por el gobierno.
En la última reunión que sostuvieron los líderes Indígenas de Saramurillo y la Presidencia de Consejo de Ministros firmaron un Acta de Acuerdos y Cronograma. Todo terminó con «hoja de ruta» en la cual indica que los dirigentes indígenas vuelven hoy a Iquitos y a Saramurillo retornarán el día de mañana. La entrega de las instalaciones retenidas se realizará el domingo 27 de noviembre, con presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, Petroperú, el Ministro de Defensa o Ministra de Justicia y Derechos Humanos. Hasta ese día las condiciones serán las mismas que las actuales, con el río liberado, el diálogo empezará el lunes 28 en Saramurillo, por 15 días.
Los dos equipos ganaron lo que buscaban en el corto plazo, el bloqueo del río Marañón sigue suspendida, y el diálogo se celebrará en Saramurillo. El primer ministro va a asistir al menos a firmar el acuerdo final.
El lunes 28 de noviembre, levantada la medida en Saramuro, en Saramurillo y en Andoas, con el acuerdo de la asamblea, se inicia el dialogo que tendrá un plazo máximo de 15 días, con una Comisión de Alto Nivel de las siguientes entidades como del Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Energía y Minas, la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad y Petroperú.
Asimismo, el gobierno se compromete a invitar por escrito y dar facilidades para el traslado a las siguientes entidades Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, los cuatro congresistas elegidos por Loreto, los cinco municipios distritales que son: Urarinas, Parinari, Trompeteros, Andoas y Tigre; la Municipalidad Provincial de Nauta, la Comisión de Justicia y Paz – Derechos Humanos del Vicariato Apostólico, AIDESEP y ORPIO, la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y las empresas que operan en la zona.
