Recuerdo cuando trabajaba en la floresta en una institución de defensa y protección de derechos fundamentales, se pidió a una institución ambiental de ámbito amazónico que nos facilitara el informe anual sobre la Amazonía, en lugar de cumplir con lo establecido en el antiguo Código del medio ambiente, pusieron el grito al cielo, inclusive, por su gran complejo de inferioridad centralista llamaron a Lima para que les asesoraran. Desgraciadamente, el centralismo ha rebajado la autoestima hasta casi anularla. Se escucharon solo bufidos. Igual situación ocurrió con la creación de un área protegida cerca de Isla Grande cuando se observó de los defectuosos y pocos adecuados procesos de consulta hacia las poblaciones locales que no entendían la información que se les proporcionaban, tuvimos el mismo resultado. Es más, un chiflado, de esos que nunca faltan, nos puso a caldo con diatribas sin mediar debate alguno. Otra vez los rugidos. En ambos casos se trataba de concretar el derecho a la información y el derecho de participación en la manigua. Como observaran los lectores y lectoras, es un tema delicado en sensibilidades autoritarias y de la robusta tradición patrimonial sobre los bienes públicos en la floresta de parte de cierto sector de la Administración pública. No admiten supervisión. Desde hace unas semanas se ha gestado un revuelo interesado que recorre todos los rincones de la selva y que contamina el palustre sin mediar, muchas veces, debate por la ratificación del llamado Convenio/ Tratado Escazú. Por lo leído la desinformación es inconmensurable que recoge manidos argumentos que vienen desde los años setenta y son enarbolados como nuevos en la palestra. Leía en un boletín de conflictos sociales en Perú, que de los conflictos existentes el 68% son de naturaleza socioambiental. Es decir, es un claro indicador que algo anda mal, las poblaciones se sienten en situación claro de desamparo ante posibles proyectos que avasallen sus recursos naturales y con escasa información. En el caso de Colombia, la Defensoría del Pueblo viene alertando de la alta cifra de muertes de líderes ambientales en el país, generados por conflictos socioambientales. Casi todos estos conflictos y muertes se deben a un moroso proceso de acceso a la información y el de participación lleno de cortapisas. El Convenio Escazú camina en la dirección de poner en orden en estos temas, aunque solo se escuchan gruñidos y afrentas, ¿señal que avanzamos?
