En caso “Cacao I” sus extrabajadores fueron sentenciados al pago de S/. 15.7 millones junto a Tamshi SAC
“Tenemos un partido más que jugar contra extranjeros inversionistas que vienen hacer deforestación”, mencionó el fiscal provincial Alberto Yusen Caraza Atoche, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental Iquitos-FEMA, para referirse al trabajo que realizarán en el caso denominado “Cacao II”, donde están incluidos los actuales gerentes de Tamshi SAC – antes Cacao del Perú Norte SAC – y el extranjero Dennis Melka.
“Estamos solicitando cooperación internacional para notificar a los extranjeros. Tenemos al señor Melka que tiene doble nacionalidad la estadounidense y checa, dos argentinos y un español que en el marco de las investigaciones tienen que llegarles las notificaciones”, aseguró Caraza al conocerse el adelanto de fallo del caso “Cacao I” ayer en la tarde.
Melka es un empresario checo-estadounidense, doble nacionalidad, que ahora está en la mira de la Fiscalía en Loreto por delito ambiental presuntamente ocasionadas con sus empresas formadas en nuestro país desde el 2012. Según se conoció a través de un informe de Ojo Público, las empresas del Grupo Melka deforestaron desde el 2013 más de 13 mil hectáreas de bosques en Loreto y Ucayali.
Investigaciones y sentencia
Para investigar la deforestación de bosque primario en mil 900 hectáreas ubicadas en la localidad de Tamshiyacu (Loreto), la Fiscalía dividió en dos casos a los que denominó “Cacao I” y “Cacao II”. En el primero fueron investigados Rubén Antonio Espinoza (gerente General de la Empresa Cacao del Perú Norte SAC), Ernesto Vega Delgado (Jefe de Operaciones) y Giovanny Cubas Ramírez (Personal de Campo). Como tercero civil responsable fue incluido Tamshi SAC.
Ayer, el Segundo Juzgado Unipersonal Penal de Maynas resolvió en audiencia de adelanto de fallo ocho años de cárcel para Rubén Espinoza por dos delitos, tráfico ilegal de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento en su forma agravada. Mientras que para Vega y Cubas la condena es de cuatro años de cárcel suspendida por el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables.
Además, los tres trabajadores – junto a la empresa Tamshi SAC – deberán pagar 15 millones 720 mil 461.27 soles como reparación civil a favor del Estado Peruano. Este monto fue solicitado por la procuraduría ambiental que sustentó con informes técnicos durante el juicio oral el perjuicio, aunque debería ser un monto mayor, según indicaron.
Esta cantidad se deberá cancelar en un año. “No podemos esperar más tiempo”, resaltó el juez Hesbert Benavente Chorres, del Segundo Juzgado Unipersonal Penal de Maynas durante la lectura. De no cumplir, la medida para los dos con pena suspendida puede ser revocada por efectiva, es decir la cárcel.
Histórico
Con el resultado de este adelanto, el fiscal Yunzen Carazas calificó de histórico tanto para la Fiscalía de Ambiente y para Loreto. “Es un momento histórico para toda la fiscalía especializada en materia ambiental por los delitos investigados y el trabajo que desarrollamos. Se ha conseguido una sentencia condenatoria y efectiva para el gerente general de ese entonces Cacao del Perú Norte, ahora Tamshi, y al pago íntegro de la reparación civil. Es histórico para la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y para la región Loreto, es un logro”.
En tanto, los abogados de los tres investigados y la empresa Tamshi indicaron que presentarán el recurso de apelación durante la audiencia de lectura integral de fallo programado para el ocho de agosto, a las 17:00 horas. Asimismo, la Fiscalía no descartar apelar para cambiar la sentencia de prisión suspendida para Cubas y Vega.
Competencia exclusiva
El Segundo Juzgado Unipersonal Penal de Maynas es de competencia exclusiva para el juzgamiento de delitos contra el medio ambiente y recursos naturales. “El estudio de los delitos medioambientales es multidisciplinario. Aquí tiene que entrar ingenieros agrónomos, forestales, economistas y obviamente la labor de investigación de los órganos de persecución y eso se ve traducido en las pruebas llamados informes fundamentados, informes técnicos lo cual nos revela la buena relación que existe entre el derecho penal y las demás ciencias para poder alcanzar la verdad”, mencionó el juez Hesbert Benavente.
Durante la lectura, Benavente dejó en claro que la defensa de los investigados no aportó prueba alguna sobre qué ocurrió con la madera talada en las mil 900 hectáreas. Según plantearon los abogados, apilaron los tablones para descomposición y abonar el terreno, pero de acuerdo a la observación de un especialista presentada por el Ministerio Público la madera de esas especies tarda hasta 30 años en descomponerse. Y no hay alguna en el lugar constatado por la Fiscalía. “Ni por reglas de la lógica se entiende que tiren 15 millones de soles al suelo. (…) Si hay daño ambiental”, precisó el juez.
