Amador Vega Pérez, fiscal de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Maynas, expresó su preocupación por el proyecto de Ley 5891 y su posible impacto en las operaciones contra el crimen organizado. Según Vega, las modificaciones propuestas podrían socavar las investigaciones al requerir la comunicación anticipada de operativos y la presencia del abogado defensor durante medidas como la detención preliminar.
El fiscal argumentó que las operaciones sorpresa son esenciales para asegurar pruebas incriminatorias y evitar la manipulación de evidencia por parte de organizaciones criminales sofisticadas. Actualmente, las investigaciones se manejan con estricto sigilo para recopilar pruebas antes de informar a los sospechosos.
Vega Pérez sugirió que el proyecto de ley podría tener motivaciones políticas más que legales, señalando operativos recientes que han alcanzado figuras de alto perfil del gobierno. Esta observación lleva al fiscal a cuestionar si las modificaciones están diseñadas para proteger intereses particulares en lugar de fortalecer la lucha contra la delincuencia.
El Ministerio Público convoca a diversas instituciones para oponerse al proyecto de ley, subrayando la importancia de preservar la autonomía de las fiscalías especializadas para enfrentar eficazmente la corrupción y el crimen organizado. Vega Pérez también mencionó desafíos en la infraestructura de seguridad de algunas fiscalías, lo que podría poner en riesgo la integridad de la cadena de custodia de pruebas.
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