[Carmen Omonte integró comisión que fiscalizaba presuntos delitos del presidente regional de Loreto].
Ministra Carmen Omonte habría cometido Negociación Incompatible con el cargo, afirma Mónica Yaya ex Presidenta del Tribunal del OSCE.
La ex ministra de la Mujer y congresista de la República, María del Carmen Omonte Durand, ocultó que entre los años 2012 y 2013, estando casada con Osterlin Luis Dyer Ampudia, quien era presidente de directorio de la empresa Aceros y Techos S.A., llegó a contratar con el Estado por 31.5 millones de nuevos soles. Las entidades con quienes contrató fueron el INDECI (S/.1.4 millones) y los Gobiernos Regionales de Piura (S/.168 mil) y Loreto (S/.30 millones). Estos hechos ocurrieron antes de su divorcio producido en diciembre del 2013. Estando aun casada con el empresario Dyer Ampudia, integró la Comisión de Fiscalización que inició investigación por mal uso de recursos al presidente regional de Loreto. Cinco días después Aceros y Techos S.A. ganó buena pro de S/.17.5 millones de soles con el Gobierno Regional de Loreto – GOREL.
El 11 de setiembre del 2013, la Comisión de Fiscalización, estando María del Carmen Omonte Durand como vicepresidenta, comunica el acuerdo para que el presidente del GOREL, Iván Vásquez Valera, concurra a dicha comisión para responder sobre denuncias vinculadas al mal uso de los recursos públicos. Dos días después la empresa Aceros y Techos S. se encontraba registrada para participar en la Licitación Pública 2-2013-GRL-CE-1 -“Contratación de calaminas”- convocada por el GOREL. El 16 de setiembre del 2013 la empresa Aceros y Techos S.A. gana la licitación para la venta de planchas galvanizadas por un valor de 17.5 millones de soles.
De acuerdo a lo señalado por la especialista en contrataciones estatales, Mónica Yaya Luyo, llama la atención que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, omita su deber de rechazar la inscripción y renovación en el Registro Nacional de Proveedores del Estado de empresas vinculadas a los altos funcionarios del actual gobierno, inobservando el impedimento dispuesto en el artículo 10 ° de la Ley de Contrataciones del Estado.
“Ello constituiría el delito de Omisión de Funciones, que es atribuible a los funcionarios públicos conforme a lo establecido en el artículo 229° del Código Penal. Por otra parte, no se entiende cómo habiendo el OSCE gastado 3 millones de soles en la adquisición de un sistema informático en el año 2012, dicha institución se entere de las incompatibilidades de las empresas del Estado, sólo después de las denuncias efectuadas por la prensa, como ya ha sucedido en el caso de la empresa Krasny”, comentó la especialista.
ahi esta el precio que le costo a ivan por la impunidad desde el congreso dale pelacho dale mejor dicho roba pelacho roba
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