El presidente Evo Morales cumplió este lunes 12 años en el Gobierno boliviano, fuertemente desgastado. La mayoría de la ciudadanía rechaza su propósito de presentarse por cuarta vez a las presidenciales, en 2019, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la restricción de la Carta Magna que se lo impedía. Según una reciente encuesta del diario El Deber, el 70% de la población repudia esta suspensión, aprobada por el tribunal el 28 de noviembre pasado.
La encuesta también muestra que antes y después del mencionado fallo la aprobación del Gobierno en las cuatro principales ciudades del país cayó en 24 puntos porcentuales, del 58% al 34%, el resbalón más importante de toda la gestión.
En directa relación con estos datos, y en vísperas del aniversario de su asunción de la presidencia en 2006, Morales se vio obligado a pedir al Parlamento la derogación del Código Penal que este acababa de aprobar, a fin de apaciguar las protestas de médicos, transportistas, religiosos y otros grupos que se habían declarado afectados por esta ley. Fue el más importante retroceso del Gobierno frente a protestas opositoras desde la suspensión, en 2011, de una carretera que el presidente Morales había programado construir a través de un parque nacional.
Aunque los efectos perjudiciales del nuevo Código Penal eran —en la mayor parte de los casos— hipotéticos, esto bastó para despertar la desconfianza la clase media, a la que se sumaron los partidos políticos de oposición. Algunos analistas hablan de una “ruptura” entre los sectores urbanos más acomodados y el Gobierno; el alejamiento tiene como raíz, según estos análisis, más que la ley abrogada, la habilitación “forzada” del presidente a una cuarta reelección.
Todas las facciones de la oposición aplaudieron que Morales se haya retractado tras dos meses de inestabilidad social y, al mismo tiempo, pidieron que la movilización continúe hasta lograr que el presidente desista de su candidatura, una posibilidad que el oficialismo ya descartó.
