Quienes conocen las realidades amazónicas (porque hay una diversidad inmensa entre comunidades que viven en la misma región) pueden augurar que solucionar la problemática en torno a la extracción petrolera es complicada, diversa y muy difícil de sostener. Las dirigencias indígenas y mestizas son tan variopintas en su concepción y trato con las empresas extractivas y, lamentablemente, han ido construyendo este liderazgo fundados en diversos intereses que han desbordado lo netamente ecológico que uno, desde fuera de Loreto, piensa.
Existen, sólo para poner ejemplos la FEDIQUEP, FECONACOR y OPIKAFPE representantes de 15 comunidades indígenas que constituyen el grupo de comunidades afectadas dentro del Lote 192, en el distrito del Tigre, Andoas y Trompeteros, también la ACODECOSPAT y FECONACOR representantes de comunidades afectadas por el Lote 8 y el Oleoducto Norperuano, la ACODECOSPAT con 64 comunidades del río Marañón, Chambira y Patoyacu; en los distritos Nauta, Parinari y Urarina y FECONACOR con 10 comunidades del río Corrientes en el distrito de Trompeteros.
En el marco de los reclamos de estas comunidades que son confederadas pero a su vez distintas desde el origen de sus concepciones y relaciones con el medio ambiente y diferentes en sus plataformas, aparecen otros colectivos y asociaciones que también esgrimen representación que obviamente niegan estos grupos, todos vinculados con Aidesep.
En el marco de estas plataformas donde se exigen respeto a sus derechos ya se ha vuelto costumbre que eventualmente aparezcan roturas en diferentes lugares del oleoducto nor peruano. Este último ocurrido en el Ramal Norte (ORN) el pasado 18 de junio. Desde entonces, según dirigentes indígenas, catorce comunidades carecen de agua por lo que solicitan acciones inmediatas. El Estado ya declaró la emergencia sanitaria en la zona y la Fiscalía consiguió que las comunidades indígenas permitieran el ingreso de Petroperú-
En una reacción habitual que se ha visto en los últimos años y con un mecanismo perverso para solucionarlo otra vez la gerente de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú, Beatriz Alva aseguró que el derrame se ocasionó por corte. Por tanto, por un acto delictivo de terceros. “La población se niega a aceptar que es corte y, por tanto, nos exigen que los contratemos a ellos para la remediación”, declaró, algo que ya ocurrió anteriormente.
Hay muchos de estos dirigentes que, abusando la sensibilidad que puede generar vestirse de indígena y reclamar por su medio natural y respeto por sus derechos, abusa de esa condición y manipula consciente o inconscientemente información para su beneficio personal. Reconocer este procedimiento ayudaría a detectar la problemática real de la zona. No se trata de desconocer el olvido amazónico y desdeñar la protesta por más pequeña o alejada que parezca, pero sí transparentar quién es quién para saber efectivamente sí sólo buscan atención y trabajo o realmente un desarrollo en función al respeto de sus derechos.
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