COLUMNA LORETO AMBIENTAL
Por Gaby Rivadeneyra Tello
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
A la luz de los últimos acontecimientos ocurridos en Loreto y la demanda de la población porque se solucionen los problemas ambientales ocasionados en sus territorios desde hace más de 40 años por la actividad petrolera, es necesario recordar qué es y cómo se viene implementando el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental – SEIA en Loreto.
El SEIA es un sistema que establece las reglas de juego para identificar, evaluar, mitigar y corregir tempranamente los impactos ambientales negativos que pudieran traer las propuestas de políticas, planes, programas y proyectos de inversión; así como potenciar sus impactos positivos.
En Loreto, este sistema se ejecuta desde el gobierno regional y los gobiernos locales, quienes deben otorgar la certificación ambiental (instrumento obligatorio que prevé cómo mitigar los impactos negativos de un proyecto de inversión) y ejercer la fiscalización y sanción ambiental según sus funciones y circunscripción.
Un aspecto pendiente para hacer más eficiente el proceso de la certificación ambiental es que los funcionarios cuenten con procedimientos técnicos o legales (por ejemplo, guías) que les permitan evaluar bajo criterios objetivos de protección ambiental los estudios de impacto ambiental que tengan a su cargo; además de concluir el proceso de transferencia de funciones en certificación ambiental, junto con la generación de capacidades para fortalecer la institucionalidad ambiental regional.
En cuanto a la fiscalización y sanción ambiental, el gobierno regional cumple el rol de Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA), y forma parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). Por ello, si bien se rige bajo sus propias normas; debe cumplir también con lo establecido en la Ley del SINEFA y con las disposiciones que dé el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) como ente rector de este Sistema.
Del mismo modo, los Gobiernos Regionales deben velar porque la participación ciudadana en todas las etapas de la evaluación de los estudios de impacto ambiental sea dinámica, flexible e inclusiva, y que los ciudadanos, en forma individual u organizada, puedan participar en la protección de los recursos naturales de su localidad, para así prevenir posibles conflictos socio-ambientales.
