Por Gustavo Gorriti.-(*)
«Al final, el supuesto “escuadrón de la muerte” pasó de los 97 policías proclamados unos días antes, a apenas nueve. Es decir, se redujo a un décimo de la descripción inicial».
Poco después de formar, a primera hora de la mañana del lunes 22, los policías de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), de la PNP, supieron que iban a recibir una visita inesperada.
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, estaba en camino hacia el cuartel del grupo policial de élite. Antes que él llegaron el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas y el director general de la Policía, Vicente Romero.
La tensión entre los policías fue palpable, según uno de los presentes. Para esa noche estaba programada la presentación del informe de la comisión encargada de investigar los hechos de un presunto escuadrón de la muerte, cuya existencia había sido enfáticamente afirmada –con claro adelanto de opinión– por el propio ministro Basombrío y por el viceministro de Gestión Institucional Ricardo Valdés, entre otros.
Valdés no solo había afirmado (en entrevista con RPP) que existía un “escuadrón de la muerte”, compuesto por 96 oficiales y suboficiales, sino descrito sus presuntas motivaciones: “hacerse de los montos” destinados a los gastos de inteligencia; buscar una felicitación; o, la más grave, “que está por corroborarse”, “si no han actuado a su vez con otros criminales para limpiar las canchas”.
Basombrío, a su vez, había dicho que “hay indicios abrumadores” de la existencia del denominado ‘Escuadrón de la muerte’. En una entrevista publicada en Inforegión (cuyo director fue hasta hace poco el actual viceministro Rubén Vargas), el 8 de agosto, Basombrío sostuvo que: “las investigaciones permitieron determinar que hay 96 policías implicados en el asesinato cometido contra los delincuentes, sin embargo, proyectó que esta cifra podría seguir incrementándose”.
Ahora, una buena parte de los sindicados por el ministro estaba formada ante él. Porque en todas las acciones donde hay acusación de ejecuciones extrajudiciales, el SUAT fue la fuerza de intervención y choque que decidió los enfrentamientos.
De hecho, siete policías del SUAT enfrentan la posibilidad de ser encarcelados por su acción en uno de esos casos, en Chincha.
El 19 de julio pasado, la fiscal provincial de Chincha, Rosa Oróz Márquez, solicitó la prisión preventiva de los policías. Ello se definirá [este artículo ha sido escrito el martes 23 por la noche] el miércoles 24 de agosto en audiencia con el juez de investigación preparatoria de Pueblo Nuevo, en Chincha.
Pero, en lugar de ratificarse en las acusaciones proferidas por él y sus viceministros en días anteriores, Basombrío dijo, según el testimonio de varios policías, que “circulaba un rumor sobre el SUAT y el escuadrón de la muerte” pero que quería aclarar que “ningún personal del SUAT estaba comprometido en ese informe”.
Luego de elogiar a la unidad, Basombrío dijo que quizá en algún caso, el SUAT había sido “inducido al error”, sin especificar cuál. Que eso, en todo caso, lo decidiría la fiscalía.
El viceministro Rubén Vargas dijo a su vez que “no ven comprometido a personal de la unidad” en su informe, y que “contamos con su apoyo en la lucha contra la delincuencia”.
Pero, a diferencia de sus disculpas con Lourdes Alcorta en el Congreso, la rectificación de Basombrío no logró tracción en el SUAT. “¿O sea que nosotros, los del SUAT, fuimos los idiotas a los que un cerebro criminal utilizó como le dio la gana?”, dijo uno de los policías de esa unidad, ”¿quién aparte de nosotros ha sido procesado? Nadie. Si apenas el ministro habló sobre el escuadrón de la muerte de los 97 policías, la fiscal de Chincha pidió la prisión preventiva [de los siete policías SUAT]”.
Pero el radical retroceso en la acusación del Gobierno era un hecho. En la noche del mismo lunes, Basombrío dejó a un preocupado y vacilante Rubén Vargas a cargo de la presentación pública del informe.
Que, para decirlo con poca originalidad y harta franqueza, resultó una suerte de parto de los montes.
Al final, el supuesto “escuadrón de la muerte” pasó de los 97 policías proclamados unos días antes, a apenas nueve. Es decir, se redujo a un décimo de la descripción inicial. Literalmente diezmado.
Sin embargo, insistió Vargas, ese grupo de nueve había funcionado como una fracción eficaz, moviéndose organizadamente de una dirección policial a otra, para, de acuerdo con la descripción, inventar operativos, engañar, ‘inducir a error’ a presuntamente ingenuos policías, para provocar enfrentamientos de luctuosa cosecha.
Los maquiavélicos, casi diabólicos jefes y manipuladores de ese pequeño grupo, serían el ahora muy conocido comandante PNP Raúl Prado Ravines y, encima, como presunto jefe, el general PNP Vicente Álvarez Moreno, actual jefe policial del VRAE.
Por lo pronto, el informe vincula a los nueve con varios casos de intervenciones y enfrentamientos letales, entre los cuales se encuentran los acaecidos en Puente de Piedra, Chiclayo, Chincha, la autopista Ramiro Prialé, entre otros.
Pero, ¿fue así?
Un examen sumario de las órdenes, planes operativos, direcciones y oficiales participantes deja ver que el general Vicente Álvarez dirigió o participó directamente en solo uno de los operativos reseñados: el de Chiclayo. ¿Y en los demás, cómo pudo organizarlos, dirigirlos, imponer su voluntad a otros oficiales de su rango? ¿No resulta absurda la acusación?
Resumamos: primero se habló de un escuadrón de la muerte de cien policías, que terminaron reducidos a nueve. Su presunto jefe, el general Álvarez, solo dirigió uno de los varios casos investigados, en donde un primer examen indica que la intervención fue exitosa.
Conozco al general Vicente Álvarez algunos años y vi su sobresaliente desempeño en el comando integrado de militares y policías de élite que, bajo la coordinación del ex viceministro Iván Vega, logró importantes éxitos operacionales contra Sendero en el VRAE. Entre las fuentes policiales y militares con las que trato, Álvarez me pareció un policía experimentado, competente, serio y en cuya palabra se puede confiar, lo cual no es decir poco en ese medio.
No soy el único que piensa así. El general PNP (r) Luis Montoya, ex director general de la PNP, fue quien llevó inicialmente la información sobre este caso al nuevo gobierno.
¿Qué pasó? le pregunté esta semana a Montoya. “Moreno [Panta] me buscó y pidió una entrevista después de la segunda vuelta” dice “lo escuché y me pareció preocupante [lo que dijo]. Dada la importancia y los temores del comandante, llevo a Moreno para que hable con Gino [Costa]. Luego Gino me informa que no va a ser ministro y que hable con Basombrío. Así lo hice”.
¿Y cuál era el papel del general Álvarez en esa denuncia? pregunto a Montoya. “No me hablaban de Vicente en ese momento” dice Montoya, “solo de un comandante”. “Vicente [Álvarez]” prosigue Montoya, “es un excelente oficial, comprometido en la lucha contra el terrorismo y el crimen. Trabajamos juntos [cuando Montoya era director general], en el Huallaga. Hizo los casos de ‘Clay’ y de JL. Yo ordené que se haga un documento pidiendo el ascenso de esos oficiales gracias a los cuales se pacificó el Huallaga”. Toledo no le hizo caso, pero García sí.
“Yo pienso” continúa Montoya, “que Vicente Álvarez es un profesional de primera línea, y que su perfil personal y psicológico no me indican que tenga nada que ver con eso. No […] Creo que tiene que esclarecerse el caso con investigaciones serias”.
Coincido con ello. Y añado que en la Policía no es fácil encontrar generales eficientes, razonablemente honestos, con capacidad operativa. Álvarez es uno de esos pocos.
Así que ¿no se trata este caso también de una intriga urdida por gente verdaderamente maquiavélica, que utilizó un enfrentamiento entre dos comandantes –Prado Ravines y Moreno Panta– para intentar destruir a Vicente Álvarez y convertir de paso al SUAT en víctima colateral?
(*) Reproducción de la columna “Las palabras”, publicada en la edición 2451 de la revista ‘Caretas’.
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