Mientras se cae el mundo político en el Perú de Odebrecht al revelarse más hechos de corrupción en algunas regiones la gente o un sector de ella piensa que aún la justicia no es tal. Por un lado un juez determinó la prisión preventiva para ex gobernador regional del Cusco Jorge Acurio por haber cobrado un millón 250 mil dóalres como parte de una coima de 3 millones pero que no se pudo concretar porque Acurio fue vacado.

Por otro lado el ex gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima fue puesto en libertad al declarar la sala suprema que era inocente de una supuesta irregular compra de maquinarias. Mientras esto sucedía la Sala Penal de Apelaciones de Iquitos declaró nula la sentencia contra el ex gobernador de Loreto Iván Vásquez Valera por la construcción del sistema de alcantarillado de la ciudad de Iquitos. Dos caras de una moneda de la justicia que parece atolondrar a la opinión.

Por una parte están las declaraciones del envalentonado Presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez indicado que caerán “los tiburones o peces gordos” ante la justicia, y por otro estas muestras palpables que la predictibilidad de la justicia no es un principio que se cumple del todo y que los cuestionamientos al sistema judicial en sí existen sobre bases fundadas que son irrebatibles ante la opinión de esos lugares donde estas ex autoridades han gobernado.

Cuando algunos a anuncian el fin del mundo para la clase política en junio, cuando se conozcan todas las delaciones del casi centenar de funcionarios brasileros que; para salvarse el pellejo, han declarado sobre el sistema de corrupción impuesto en Odebrecht en Sudamérica, parece que otros en realidad están en la otra orilla, como esperando que los ojos de la opinión se entretengan ante la avalancha de hechos que sepultan (esperamos) a la clase política corrupta del país.

Pero la pequeña justicia o la justicia casera suele ser tal vez más importante para legitimar todo el sistema en sí. De lo breve a lo extenso, de lo micro a lo macro, de la calle al país debe haber muestras que el criterio es el mismo. Miles de argumentos se esgrimen como artilugios administrativos de los procesos penales en los cuáles se fundan estas resoluciones de los magistrados que son cuestionados permanentemente.

Se culpan entre operadores de justicia y no faltan los pretextos económicos para sustentar una decisión judicial inexplicable. Sin embargo no se (re) funda una sociedad sino se dan criterios uniformes de justicia e imparcialidad y mientras esto no suceda en niveles pequeños, no se sentirá que las cosas están cambiando.

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