ESCRIBE: Tato Barcia, presidente de la Cámara de Comercio de Loreto
La “LEY 30897” de un claro perfil neoliberal más conocida como “Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del Departamento de Loreto” o la “LEY DEL AGUILA” que deja sin efecto para nuestra región desde el 1 enero de 2019 el Reintegro Tributario del IGV e ISC, aprobado por el Decreto Supremo No 055-99-EF y normas modificatorias.
Además de la exoneración del IGV a la importación de bienes que se destinen al consumo de la Región Loreto, a que se refiere la Ley 27037 “Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía”, la misma que fue canjeada por S/. 200 millones de soles anuales correspondientes al reintegro tributario y 70 millones correspondientes a la eliminación del IGV a la importación de bienes referidos en la Ley No 27037. La misma que será depositada en una cuenta recaudadora a nombre del Gobierno Regional de Loreto por concepto de “Fideicomiso”.
La norma publicada el 28 de diciembre en el diario oficial “El Peruano” faculta al Ministerio de Economía y Finanzas la promulgación de su reglamentación para su aplicación. Para lo que dispone de 60 días calendarios. Mientras tanto las empresas afincadas en Loreto viviremos una indefensión al respecto de los productos adquiridos fuera de la región en los últimos tres meses -octubre, noviembre y diciembre del 2018- y que no haya arribado a puerto de Iquitos y puesto a disposición de la Administración Tributaria.
Con esto se impulsa un proyecto violento, explotador y expoliador para la región Loreto. Y servirá para exacerbar los problemas sociales aún más. Habría que estar ciego para no ver la grave afectación en los precios de los productos que traerá esta medida y como siempre los más pobres serán los más afectados. Ya que este era un beneficio que incidía directamente en los precios de los productos de la canasta básica de la población de Loreto (alimentos, medicinas, materiales de construcción, ropa, calzado, etc, etc).
Esta ley tiene un tremendo problema. Productos que gozaban de un beneficio tributario, y lo hacía competitivo en el mercado local. Lo convierte en los más afectados a nivel nacional al NO poder aplicarse el “CRÉDITO FISCAL” en Loreto, que es el monto que una empresa ha pagado por concepto de impuestos al adquirir un producto o insumo y que puede deducirlo ante la Administración Tributaria al momento de realizar una venta, en su declaración mensual. En otras palabras, puede afirmarse que el crédito fiscal es un monto en dinero a favor del contribuyente, que se da en todas las regiones del Perú, menos en Loreto, y que origina que el «IGV» tendrá que ser cargado directamente al costo del producto.
Los congresistas están desprestigiados, y los cuatro que representan a Loreto no son la excepción a esta regla. Y para el colmo se pelean por la autoría de esta nefasta ley. Todos sabemos que los congresistas son los mayores lobistas de la construcción. Y es en ese sector justamente que se encuentra los principales problemas de corrupción. De la región y del país.
El congresista Juan Carlos Del Águila Cárdenas sostiene haber logrado “la mejor ley en favor de nuestra región”, que consiste en la eliminación de dos beneficios tributarios (reintegro tributario y exoneración del IGV a las importaciones) a cambio de 200 millones de soles anuales. Y el único argumento que tiene es político. Dice que este “brillante proyecto de ley” se debe a su tremendo poder de persuasión y a su buen manejo político y a una excelente estrategia trazada con su equipo de asesores. Este “ilustre legislador loretano” olvida que en Iquitos existe un alto nivel de informalidad laboral (sub-empleo) y que, por ejemplo, muchas familias viven de su motokars. Y si quitan el RT subirá el precio de los combustibles, aceites, repuestos y mano de obra. Se olvida además de la grave recesión económica que está viviendo la región, y el aislamiento en el tema energético, vial, comunicación y portuario que tenemos. Y tal como lo dijeron los colegios profesionales, de economistas y contadores, esta eliminación de beneficios tributarios no mejorará la situación económica de la región. Muy por el contrario: la empeorará.
Si bien es cierto que la democracia es el gobierno del pueblo, pero como todos no pueden gobernar, los ciudadanos eligen tanto en el Poder Ejecutivo como Legislativo. Muchas veces ocurre que la “clase política” olvida dos cosas: por un lado, que “representa” a todos, por lo que no puede decidir lo que se le antoje. En otras palabras, los congresistas son los intermediarios entre la población y las autoridades. Y son estos los que canalizan las demandas de los ciudadanos, algo inexistente en el caso que nos atañe. El problema es que cuando no funciona, se abre el camino a leyes arbitrarias. Y por eso los bajos niveles de aprobación, especialmente de congresistas.
En términos simples, los ciudadanos no se sienten representados por estos individuos. Lo que observamos es que no saben cómo lograr consensos (cada uno ve su propio interés), promesas sin medir las consecuencias y solo con un afán de «figuretismo» que no origina ningún impacto real y positivo sobre la economía. Cuando las cosas vayan bien, algo habrá que haga el «congresista figureti» para que vayan mal. Cuando parece que ya nada puede ir peor, el «congresista figureti» lo empeora. Cuando le parezca que las cosas van mejor, es que se le ha pasado algo al «congresista figureti» por alto. Es decir, con este “padre de la patria” todo lo que empieza bien, acaba mal. Y todo lo que empieza mal, acabará peor. Por ejemplo, el precio total a pagar después de aplicar la «Ley del Águila» siempre será superior al original, exactamente 3,14 veces lo pagado con anterioridad.
No importa lo que salga mal, siempre estará el «congresista figureti» para empeorarlo. Nos encontramos en un momento político de retroceso autoritario por imposición del Ejecutivo, que utiliza a “congresistas sin valores y amor por su tierra” para violentar los derechos colectivos logrados en los primeros años de la década de los ‘90 con el Frente Patriótico, que por esos años era la institución más representativa de la región y estaba encabezado por Antonio D’Onadío Lagrotte, quien a pesar de sus años luchó incansablemente contra el centralismo con el objetivo de compensar el aislamiento en el que se encontraba Loreto.
Sin embargo, hasta ahora seguimos aislados, no hay carreteras que nos conecten al resto del país, no contamos con interconexión eléctrica con servicio electricidad nacional (SEIN), al igual que no contamos con la banda ancha y un verdadero servicio de internet. Pero para algunos “iluminattis”, la región acaba de perder estos beneficios sin recibir prácticamente nada a cambio más que algunos milloncitos para el GOREL, que ya está comprobado que el Estado es un mal administrador. De ser el caso, esta compensación por el sobrecosto de estar aislados, se convierte en compensación a la incapacidad de las autoridades para conseguir fondos del gobierno central. ¿No hubiera sido mejor exigir al centralismo que primero cumpla con sacarnos del aislamiento en el que se encuentra sumida la región, la misma que imposibilita nuestro desarrollo?
Leyes como ésta no garantiza el bien común. Ante ello las luchas y la resistencia de los pueblos y comunidades son válidas y legítimas porque con ellas se demanda respeto a la integridad, la vida, nuestra propia identidad y forma de entender la Amazonía. La construcción de las obras enunciadas en la ley No 30897 no traerá ningún o pocos beneficios a nuestra población, esto nos lleva a reflexionar que debemos actuar de acuerdo a una planificación del uso de las tierras. Por lo tanto, se tiene la necesidad de contar con un modelo de gestión territorial que contemple la participación activa de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipal) para identificar y formular, de ser el caso, un Plan de Desarrollo Territorial para sacar adelante de manera ordenada y planificada nuestra querida región Loreto.
