PRONUNCIAMIENTO A 48 DÍAS DE EMERGENCIA POR COVID19 EN PERÚ
Las federaciones indígenas amazónicas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, que agrupamos más de 100 comunidades de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, en Loreto, nos pronunciamos a 48 días de iniciarse el Estado de Emergencia en Perú por Covid-19, frente a las irresponsables líneas de contagio a las que nos exponen los gobiernos Nacional, Regional y Local. Se está poniendo en alto riesgo la vida de nuestras hermanas y hermanos en comunidades indígenas amazónicas por la entrega de alimentos que realizan municipios y el actuar de empresa petroleras en nuestros territorios sin prestar atención a las explicitas precauciones establecidas en protocolos y comunicados de federaciones indígenas a autoridades públicas.
Manifestamos nuestro enojo e indignación por el maltrato y exclusión deliberados que hoy golpea a los pueblos indígenas, los cuales atentan contra nuestros derechos fundamentales y nos amenazan con la desaparición física, el etnocidio y el hambre, tal como lo hemos denunciado. Si el Covid-19 es una amenaza para la vida en nuestras comunidades, los gobiernos a nivel nacional, regional y local incrementan esa amenaza con su inacción o intervención negligentes. Por ello denuciamos ante la opinión pública:
– La irresponsabilidad del Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Loreto que aún no tienen un Plan Nacional y Plan Regional aprobados que afronten la emergencia actual con pertinencia cultural y adecuación territorrial, que además contemple estrategias de salida a la crisis actual; esto solo se pueden elaborar e implementar con real participación indígena hasta hoy inexistente. Esta negligencia ha sido denunciada a diario por distintas organizaciones y comunidades indígenas; sin embargo el MINSA hace oídos sordos, solo convoca reuniones informativas y es incapaz de una articulación multisectorial que demanda la actual emergencia. A esto se debe sumar la precarieda del sistema de salud en nuestros territorios, sin profesionales suficientes, sin infraestructura adecuada, sin medicinas en establecimientos de salud y sin equipamiento capaz de afrontar la crisis.
– La Presidencia del Consejo de Ministros, el Viceministerio de Interculturalidad y los Gobiernos locales serán los responsables de la aparición de casos positivos de Covid-19 que surjan en nuestras comunidades a causa de la entrega de bolsas de alimentos básicos que manda el Decreto de Urgencia 033-2020. La PCM principalmente porque no orientó, adecuó, ni recomendó en su Guía “Gestión y distribución de canastas familiares en el marco de la emergencia nacional por el brote del Covid- 19” criterios para la implementación en comunidades indigenas; el Viceministerio de Interculuralidad porque no actúo de oficio con protocolos y/o recomendaciones para la implementación del decreto. Y porque gobierno locales como los de Trompeteros, Urarina, Andoas y otros actuaron irresponsablemente, pasando en muchos casos por encima de los protocolos de comunidades o sin el rigor en el uso de insumos de prevención que el propio MINSA recomienda. Pero además el Estado será responsable por el abandono generalizado durante esta Emergencia por Covid-19, la falta de prevención y articulación efectiva con organizaciones indígenas, la falta de abastecimiento al sistema de salud en territorios indígenas y el escaso control del transporte ejercido.
– El escenario amenazante por exposición y el alto riesgo continúan: El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está preparando su ingreso a comunidades indígenas para la atención de programas sociales (Qaliwarma, Juntos, Pensión 65, otros) fuera de una estrategia o plan que organice la intervención integral y coordinada del Estado en el marco de la emergencia. La atención con alimentos y el apoyo social es una obligación del Estado, indispensable para que las comunidades indígenas afronten la crisis; pero los gobiernos no pueden utilizar el argumento de las necesidades de la población para justificar su actuar irresponsable que pone en alto riesgo nuestra salud.
– El atropello, abandono y riesgo al que somete el Estado peruano a nuestras comunidades indígenas no va a quedar impune, y acudiremos a las más altas instancias nacionales e internacionales exigiendo que se respeten nuestros derechos y garanticen nuestras vidas. Existen multiples recomendaciones realizadas por entidades nacionales e internaciones sobre cómo afrontar la actual crisis en territorios indígenas (Defensoría de Pueblo, OEA, FAO, BID, otros) pero los gobiernos nacional, regional y locales no las aplican. Con ello claramente vulneran derechos consagrados en la Constitución Política del Perú, el Convenio Nº169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. Además todo esto ocurre a pesar de las múltiples advertencias de organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil, constituyendo así una actuar deficiente y negligente del Estado a sabiendas de lo que podría implicar para nuestros pueblos.
Por ello exigimos:
– Que toda acción de prevención, mitigación y respuesta a la crisis de la pandemia sea coordinada con nuestras organizaciones para asegurar la idoneidad de la estrategia.
– Que el gobierno acional instruya a todas sus dependencias e instancias del Estado, bajo responsabilidad, penal, civil y administrativa, a aplicar los protocolos que hemos presentado a las autoridades para evitar el riesgo de contacto.
– Que estando el Gobierno Regional de Loreto desbordado por las limitaciones e ineficiente manejo de la crisis del Covid-19, se designe una autoridad de alto nivel para que atienda la crisis en nuestros territorios.
– Que en lo inmediato se asegure que los establecimientos de salud de la zona cuenten con balones de oxígeno para atender casos complicados hasta que se pueda realizar las evacuaciones necesarias.
– Que se dote a los establecimientos de salud (hoy en día completamente desabastecidos) y a los botiquines comunales, de medicamentos adecuados para el tratamiento de la morbilidad prevalente en las zonas y así evitar una co-morbilidad en caso se expanda la epidemia. Que el Estado abastezca de inmediato con medicinas postas y botiquines de comunidades que se encuentran en zona petrolera por medio del transporte aéreo de las empresas petroleras u otros.
– Dotar a los establecimientos de salud de combustible para atender su jurisdicción en esta emergencia.
– En coordinación con las autoridades comunales, abastecer a las comunidades afectadas por el virus con alimentos idóneos ya que al verse confinados los padres de familia no podrán realizar sus actividades productivas habituales, como los propios estudios ASIS del MINSA lo han señalado.
