La mañana del miércoles 24/07 la “Fiscalía Especializada en Materia Ambiental”, verificó durante una inspección del oleoducto ubicado en el kilómetro 237 del ramal norte en la zona del distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón en la región Loreto, que el corte al oleoducto era liso, lo que les hizo deducir que fue intencional. De acuerdo a las imágenes difundidas por el Ministerio Público, el ducto de 16 pulgadas de diámetro presenta un corte de aproximadamente 18 centímetros (tomando como referencia el lapicero que aparece en una fotografía que fue difundida por varios medios de comunicación). El corte quedó expuesto para la verificación de las autoridades tras el izaje de la tubería. Todo esto se inició a razón de un informe preliminar de la “OEFA” que observó presencia de hidrocarburos en los suelos, agua y flora de las áreas cercanas al punto de derrame, luego el pasado 11 de julio, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró, a través de un decreto supremo, el estado de emergencia por 60 días en las zonas afectadas por el derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano ocurrido el pasado 18 de junio. Si bien es cierto se comprobó en este caso en particular que hubo intencionalidad, pero sin embargo la “Fiscalía” no pudo responsabilizar a alguien en particular por este supuesto sabotaje al oleoducto.
La Sociedad Nacional de Minería (SNMPE) dijo que ante los continuos actos de sabotaje contra el Oleoducto NorPeruano, que se gastaron en reparar las roturas más de S/ 270 millones. Y que es urgente que el gobierno implemente una estrategia para proteger este activo crítico nacional por donde se transporta hasta el 50% de la producción petrolera. Para los funcionarios de Petroperú la información con que se cuenta hasta el momento les permite concluir que se trata de actos de sabotajes contra dicha infraestructura, el cual tiene consecuencias nefastas para el ecosistema amazónico, las comunidades nativas de la zona, y la industria petrolera del país. Esto no es ninguna novedad, ya que cada vez que hay un derrame, Petroperú, sin esperar el pronunciamiento de la Fiscal Provincial, y menos de OEFA y OSINERGMIN, se apresura a acusar que los derrames han sido por sabotaje.
En mi humilde opinión estos actos repetitivos son “vandálicos” y carecen de sentido. Porque para las comunidades indígenas afectadas está en juego su bienestar, que está íntimamente ligado a la salud del ecosistema en que viven, sabotearían el oleoducto y buscarían que el derrame se propague y llegue a los ríos?, me pregunto; y llego a esta conclusión: “El nativo de a pie, no puede querer esto”. Es por eso que soy de los que abriga la hipótesis que los continuos derrames de petróleo no serían consecuencia de un supuesto sabotaje indígena como suelen deslizar las autoridades o Petroperú para desviar la atención sino de la falta de adecuación del oleoducto a normas de seguridad. Según el Reglamento de transportes de petróleo a través de ductos a pesar que éste fue aprobado en noviembre de 2007, de acuerdo a varios informes de OSINERGMIN.
Sabotaje o terrorismo: Daños intencionales a los oleoductos pueden incluir actos terroristas, robo de petróleo por parte del crimen organizado, o ataques en zonas de guerra. En las zonas petroleras de Loreto no existen estas situaciones ni otras motivaciones creíbles para sabotear oleoductos. A nivel mundial, el sabotaje solo causa el 3% de las fallas de oleoductos, y puede ser aún más bajo el porcentaje en Loreto donde no hay terrorismo ni guerra activa.
Según una publicación del diario “El Comercio” del día de ayer Petroperú tiene pasivos que ascienden a unos US$ 4,908 millones. En tanto, su patrimonio totaliza US$1.760 millones. Así, lo que la empresa debe es 2.79 veces su valor real; además del total de esta deuda, el 84% es de largo plazo. Ese pasivo es equivalente a 36,7 veces las utilidades antes de impuestos (Ratio Ebita). Esto significa que la empresa estatal más grande de este país, es un gran fracaso ya que necesita funcionar de manera eficiente durante por lo menos 37 años solo para saldar su deuda de largo plazo. Y eso lo considero totalmente utópico. Este problema de apalancamiento es relativamente nuevo y se ha agravado sustancialmente desde que el gobierno peruano decidiera poner en marcha el proyecto de modernización de la refinería de Talara.
Soy de la opinión que a Petroperú ¡SE LE DEBE TRATAR CON TODO EL RIGOR CON EL QUE SE TRATA A UNA EMPRESA PRIVADA!, tanto en el respeto a las normas ambientales como en el uso de sus recursos”. Si no como se explica que el actual ministro de Energía, Francisco Ísmodes, ajeno a este debate y como si estuviera en la Luna, anunciaba la disposición de destinar S/ 190 millones para remediaciones ambientales en las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigres, daño cuya remediación debería corresponder a esta empresa estatal. La verdad es que Petroperú no tiene un buen gobierno corporativo, no solo porque una misma persona ocupó los cargos de presidente del directorio y gerente general, sino porque contrató diversas consultorías cuyos resultados ayudaron muy poco a Petroperú. Y esta empresa requiere una reestructuración que implique la remoción del personal, tanto de alta dirección como trabajadores del sindicato que están allí desde hace varios años y no han encontrado la manera de mejorar la empresa, sino que se sirven de ella. También es importante contar con un directorio conformado por profesionales independientes expertos en el sector, algo que no se ve desde hace varios años.
El discurso de “sabotaje” levantando por Petroperú, tiene la bondad que explica todo y nos exonera de la tarea de pensar que está pasando en realidad con el Oleoducto Norperuano. En efecto, elimina toda responsabilidad del Estado y de Petroperú en los sistemáticos derrames y vuelve a victimizar a las comunidades afectadas, pues invisibiliza la responsabilidad de Petroperú por no dar mantenimiento, y de OSINERGMIN por no fiscalizar este ducto. Además, la tesis de sabotaje, castiga a las comunidades nativas ya afectadas por los derrames, pues insinúa que podrían ser las comunidades nativas, para beneficiarse de la remediación. En resumen, elimina de un plumazo aquello que OEFA demostró en su resolución 844-2015-OEFA, que Petroperú no dio mantenimiento al Oleoducto Norperuano incurriendo en grave e inexcusable negligencia.
Para poder realizar estos supuestos “Sabotajes” se requiere de herramientas especializadas para estos cortes y sobre todo personal capacitado y con experiencia para hacerlo. Sinceramente no creo que los nativos y lugareños tengan toda esta equipo costoso y cuenten con el entrenamiento para este tipo de actividad (cortar tuberías). Amigos lectores, les invito a considerar que debemos tener en cuenta que para cortar un ducto de acero no es algo sencillo y puede costarle la vida a cualquiera que lo intente. Los oleoductos normalmente operan bajo una presión de 600 a 1000 libras por pulgada cuadrada, lo que significa un gran peligro para alguien que intente causar una fuga. Además de la fuerza con la que saliera el petróleo, en muchos casos se bombea el petróleo a una temperatura elevada que es suficiente caliente para causar serias quemaduras en la piel. Cuando es necesario cortar ductos durante la instalación o reparación de ductos, los operadores los cortan con equipos especializados. Una forma de cortar ductos (cuando no están en operación) es con máquinas de “plasma” que utilizan una antorcha de partículas cargadas con una corriente eléctrica.
Otra forma de cortar ductos es usando sierras eléctricas pero nunca se hiciera mientras el ducto contiene petróleo por el alto riesgo de quemaduras y explosiones. Usando una sierra manual para cortar oleoductos es prácticamente imposible porque no tienen suficiente fuerza cortante para penetrar un ducto de acero diseñado para transportar petróleo. Cualquier método de cortar ductos requeriría maquinaria pesada o vehículos, lo que hiciera fácil descubrir los culpables del sabotaje. En las zonas aisladas donde han ocurrido derrames, prácticamente la única herramienta que pudiera ser utilizada para los supuestos sabotajes sin ser descubierto es la sierra manual, una herramienta que no fuera suficiente fuerte para cortar oleoductos. El sabotaje en casos de oleoductos sumergidos en quebradas o humedales, como el de la fotografía que mostró recientemente la fiscalía es aún menos probable.
Los graves y terribles efectos de los derrames en las comunidades, generan destrucción de la pesca, actividad económica principal de estas comunidades, tampoco importa los daños a la salud de los niños y jóvenes como consecuencia de bañarse en agua contaminada y comer pescado con petróleo, tampoco importan que la gente tiene que esperar la lluvia para obtener agua que tomar. Menos aún importa la salud mental o mejor dicho el stress de vivir en una situación así de lucha por supervivencia. Según este razonamiento la solución pasa por sancionar penalmente a los responsables de los atentados, y por pagar menos a los trabajadores en la remediación. Me pregunto si estas son las medidas idóneas para garantizar que no ocurrirán más derrames. Lo dudo. Estamos ante discursos que antes que explicar que está pasando, lo único para lo que sirven es para limpiar de toda responsabilidad a Petroperú.
Por supuesto que todos, pero especialmente las comunidades nativas, esas que padecen las consecuencias del derrame, quieren que se investigue y se sancione a los reales y verdaderos responsables de estos derrames. A los que atentan contra el oleoducto y a los directivos responsables de la falta de mantenimiento del ducto.
El tema de fondo que estos discursos esconden, es que Petroperú invierte y moderniza la refinería de Talara, pero no invierte en mantenimiento del oleoducto, a pesar que OEFA le ha ordenado a Petroperú en la Resolución Directoral No 012-2016-OEFA, que cambie el ducto en donde está obsoleto y dé mantenimiento donde aún esto es posible. No hay información clara sobre cuáles son las partes obsoletas y cuáles son las partes que necesita mantenimiento del oleoducto. Las filtraciones ocurridas en Cuninico y Nueva Santa Rosa parecen aludir al problema de la inutilidad de dar mantenimiento de partes obsoletas.
Con respecto a la última investigación de la fiscalía que refiero en el primer párrafo de este artículo, este debió incluir una investigación detallada del punto de la falla, incluyendo la edad del ducto, el tipo de soldadura utilizada, resultados de evaluaciones de corrosión externa e interna, la presión, temperatura y química del petróleo bombeado, y las condiciones geológicas e hidrológicas donde se encontró el “corte liso” del ducto y sus soportes. Mientas no haya una investigación objetiva y sería no se puede adelantar opinión, como lo hace Petroperú. No puede ser juez y parte. No es el órgano competente para investigar las causas. Si el Gobierno quiere saber la verdad, antes que repetir los pronunciamientos de Petroperú, debe realizar una investigación seria y creíble.
