La foto principal de esta página fue tomada una madrugada de octubre del 2016. Muestra el momento en que fue capturado un cabecilla de la organización criminal Los Monos de Quepepampa. Ellos operaban en Huaral y otras localidades del norte chico, donde extorsionaban a comerciantes y cometían asesinatos. Incluso se descubrió, en Chancay, una fosa donde habían enterrado a algunas de sus víctimas. Fueron detenidas 29 personas.
Dos semanas después, en la audiencia de prisión preventiva, el juez Ismael Orozco ordenó su liberación. Él reconoció varias pruebas presentadas por la fiscalía, entre ellas escuchas telefónicas, pero consideró que la prisión no era “una medida proporcional”. Los liberó a todos.
El entonces ministro del Interior Carlos Basombrío reclamó públicamente: “Es un golpe a la policía y una victoria del hampa”. Su viceministro de Orden Interno Rubén Vargas agregó: “Si este fuese el único juez que tuviera el Perú, ningún criminal estaría en la cárcel. No tiene idea de cómo funcionan las organizaciones criminales […] ¿Qué carajos le pasó para tener este razonamiento?”.
Ricardo Valdés, también viceministro en la gestión de Basombrío, explica que otro problema en ese caso fue que el juez trabajaba en la misma jurisdicción donde operaba la organización criminal. Esto lo exponía a amenazas y presiones de los familiares y allegados de los detenidos. O a ser corrompido.
Posteriormente, la medida fue revertida por la Corte Superior de Justicia y varios cabecillas fueron recapturados. El juez Orozco fue separado de ese cargo. Valdés recuerda que el caso sirvió para ajustar las tuercas del sistema de la lucha contra el crimen organizado. Pero este sigue presentando fracturas.
—Limpiando a los limpios—
Según estadísticas de la Fiscalía contra el Crimen Organizado (Fecor), de los
932 detenidos que hubo entre enero y diciembre del 2018 por crimen
organizado, 608 cumplen prisión preventiva. Otros 153 capturados permanecen
en el período de prisión preliminar –fueron detenidos en operativos recientes–
mientras se decide su situación legal. Del total, el Poder Judicial dictó
comparecencia o excarceló a 171; es decir, fueron liberados aunque con algunas
restricciones. Esto equivale al 18%.
El caso más reciente se sitúa en Tacna. Allí fueron detenidas, a fines de noviembre, 21 personas acusadas de integrar una organización criminal que la policía bautizó como Los Limpios de Tacna, dedicada al tráfico de terrenos. Entre ellas, estaban el alcalde provincial, Jorge Luis Infantas, y el ex alcalde y por esos días candidato al gobierno regional Luis Torres. Es decir, el pasado, el presente y el probable futuro político de esa región estaban envueltos en una nube de corrupción.
El 10 de diciembre, se dictó prisión preventiva para ellos, y fueron enviados al penal de Pocollay. Pero el 7 de enero la Sala Penal de Apelaciones la anuló. Como suele suceder en estos casos, el Poder Judicial alega falencias en la acusación de la fiscalía. Días atrás, Ludwing Flores, el fiscal a cargo (pertenece a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción), fue separado del caso. El presidente de la Junta de Fiscales de esa región, Walter Goyzueta, reconoció que hubo fallas y “falta de experiencia” en el manejo de un caso que involucraba a una veintena de detenidos.
En su oficina del Centro de Lima, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fecor, comenta que si el caso lo hubiera manejado esta dependencia del Ministerio Público, podría haberse logrado un mejor resultado. “Hay técnicas especiales de los fiscales para crimen organizado, hay un ‘expertise’ por aprovechar”, dice Chávez.
Junto a su escritorio, en un apretado despacho ubicado en un edificio del jirón Carabaya, está colgada una página de este Diario en la que aparece él mismo junto al titular grande: “Se necesitan S/500 millones para combatir crimen organizado”, se lee. Más allá de lo astronómico de la suma, Chávez explica que ese presupuesto ayudaría por ejemplo a instalar más sedes de la Fecor en regiones donde no las hay. Precisamente, Tacna es una de ellas.
