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DIVIAC   Y FECOR  CAPTURARON A  “LOS CUMALEROS DEL ORIENTE”

En un megaoperativo desplegado en las regiones de Loreto y Ucayali, La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada y la División de Alta Complejida  – DIVIAC  lograron la detención de 13 de personas que son investigadas como presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Cumaleros de Oriente’, dedicada a la exportación ilegal de madera a Estados Unidos, México y China.  Dos exfuncionarios del Gobierno Regional de Loreto de la gestión pasada. 

La intervención estuvo a cargo del fiscal Lucio Pompeyo Sal y Rosas, del Tercer Despacho de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima, y contempló el allanamiento de 14 inmuebles, las oficinas de los gobiernos regionales de Ucayali y Loreto, así como una celda del penal de Pucallpa. 

Fueron detenidos el supuesto cabecilla, Hitler Pérez Rodríguez, además de Mauri Cárdenas Panduro, Graciela Cárdenas Panduro, Jean Cárdenas Panduro, Jorgue Aguirre Villacrez, Armando Shuña Fababa, Rodolfo Monteluiza Barbarán, y Orlando Montalvo Cubas, Jorge Cárdenas Salazar, Diago Pérez Cárdenas, y Francees Padilla Ramírez.  Asimismo, los ex funcionarios regionales Ricardo Mayhuasque Hernández y Lister Ramírez Bardales.  Mayhuasque se desempeñaba en el 2018  como  jefe de la oficina descentralizada de flora y fauna silvestre de Maynas.

Los agentes y la Fiscalía ingresaron a la oficina  Desconcentrada Provincial Loreto Nauta de la gerencia regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre y otras  para recabar documentación necesaria para las investigaciones. 

Se incautaron documentos de comercialización de madera, equipos electrónicos, computadoras, un vehículo, S/ 30 mil soles y US$3700 dólares en efectivo, tarjetas de propiedad, documentos bancarios, boletas, facturas, etc. 

El fiscal superior, Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Especializada, destacó el desempeño de los fiscales y de las instituciones participantes en la intervención, que reafirma el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en el país. 

Fuentes de la PNP a las que accedió el diario El Comercio, relataron que esta presunta organización criminal operaba desde hace unos cuatro años en las regiones de Loreto, Ucayali y Lima. Un cálculo que no ha sido confirmado oficialmente indica que al menos en los cuatro años, la organización criminal habría trasladado unos 1.000 camiones de madera ilícita. Cada camión de madera está valorizado en S/40 mil.

Su modus operandi consistía en blanquear (legalizar) la madera extraída ilegalmente desde comunidades nativas de la zona de Atalaya (Ucayali), con documentos oficiales a los que habría accedido coludidos con funcionarios regionales de Loreto y Ucayali. En los papeles la madera presuntamente era extraída en Loreto y luego era trasladada a Ucayali para ser transformada en los aserraderos.

Los 12 capturados, entre los que están su cabecilla, afrontarían denuncias penales por los delitos contra la administración pública, delito contra la fe pública (falsificación de documentos) y contra el crimen organizado. El fiscal a cargo de la investigación es Lucio Saly Rosas Guerrero.

–Seguimiento policial–

Una de las claves para la investigación policial que permitió a las autoridades detectar la ilegalidad en la trazabilidad de la madera, es que la banda colocaba datos falsos de las embarcaciones y los pilotos en las guías de transporte forestal (GTF), documento que de acuerdo con la ley forestal debería ser la garantía de la legalidad en el transporte, transformación y comercialización de la madera.

Como ha informado El Comercio en anteriores reportajes, el precio de la GTF en el mercado negro depende del volumen del cargamento y la especie de la madera que se va a comercializar. Al tratarse de documentos oficiales (sellados y validados por la autoridad forestal), se hace más sencillo eludir mejor los controles y blanquear la madera. Como han advertido las autoridades, el tráfico ilegal de madera es un negocio millonario que es posible por la colusión entre mafias, autoridades forestales, tramitadores, transportistas y muchas veces de la propia policía.

«Toda la madera blanqueada estuvo ingresando a Lima y al Callao sin ser detectada por el personal de los puestos de control de los Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali, Huánuco y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre», explicó a este Diario una fuente que prefirió no ser identificada.

-Pasos de la ilegalidad-

Según información de la PNP, la presunta organización criminal habría extraído madera de comunidades nativas en Atalaya (Ucayali) en zonas sin permiso de extracción. La banda habría contratado a regentes forestales en Loreto para que firmen documentos como el Plan General de Manejo Forestal (PGMF) y el Plan Operativo Anual (POA), documentos que por ley deben presentar todos los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones forestales antes de talar el bosque. Esto para que simulen que el volumen de madera que estaba en documentos era extraída de Loreto.

Tras ello, presentaban esos documentos ante la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Loreto donde elaboraban y aprobaban permisos de aprovechamiento forestal coludidos con servidores regionales (en este punto simulaban una verificación in situ del bosque). Continuaban el proceso con la emisión de las GTF (para simular un supuesto transporte fluvial de la madera desde Loreto hasta Pucallpa).

En este punto los documentos eran llenados con información falsa. Una vez que tenían todos esos documentos, el siguiente paso era transformar la madera rolliza (troncos) en los aserraderos de Pucallpa. Tras ello, emitían catálogos (en colusión con la autoridad forestal de Ucayali) y las GTFs para el traslado terrestre de la madera hasta Lima. Con todos estos pasos la madera finalmente era blanqueada.

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