A través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno que informe a la ciudadanía sobre su política contra el terrorismo a fin de garantizar la paz social. Ello a raíz de la decisión del Poder Judicial de otorgar arresto domiciliario a los cabecillas de Sendero Luminoso Osmán Morote y Margot Liendo mientras sean procesados por el Caso Tarata.
Asimismo, la institución exhortó a la Policía Nacional del Perú disponer “las medidas más extremas de seguridad para garantizar la tranquilidad pública”.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo también se dirigió al Poder Judicial al referirse al momento en el que Morote y el sanguinario cabecilla senderista Abimael Guzmán celebraron la orden de arresto domiciliario determinada el último martes por el Colegiado A de la Sala Penal Nacional.
“Haber permitido celebraciones y expresiones inaceptables de la cúpula senderista, en la sala judicial donde se decidió la excarcelación de sentenciados por terrorismo reveló la falta de autoridad de los magistrados para conducir dicha diligencia”, señaló la Defensoría.
