Un año más se cierra con un saldo trágico. Solo en 2024, 146 personas defensoras del ambiente y del territorio fueron asesinadas o desaparecidas en distintas partes del mundo. Y mientras las cifras se actualizan cada año, la violencia no se detiene. Recordemos que detrás de cada número hay familias rotas, comunidades desmanteladas y un mensaje que busca silenciar su resistencia.
El dato proviene del informe «Raíces de resistencia«, publicado por Global Witness, que recuerda:
“Todas estas personas fueron atacadas tras alzar la voz o tomar medidas para defender su derecho a la tierra y a un ambiente limpio, sano y sostenible”.
Estas muertes y desapariciones tampoco son hechos aislados. Son consecuencia de enfrentarse a intereses poderosos como proyectos extractivos, agronegocios y redes criminales que ven en la explotación de los recursos naturales una fuente inagotable de riqueza.
Nombres que no deben olvidarse
Antes de seguir con este informe, es importante mencionar los nombres de quienes perdieron la vida en 2024 defendiendo su territorio en nuestro país. Ellos son:
- Victorio Dariquebe Gerewa, asesinado el 18 de abril.
- Mariano Mucama Isacama Feliciano, asesinado el 20 de junio.
- Ricardo Kunchikui Shimpujat, asesinado el 2 de julio.
- Gerardo Keimari Enrique, asesinado el 6 de octubre.
Sus nombres nos recuerdan que detrás de cada cifra hay vidas, familias y comunidades que siguen exigiendo justicia.
Victorio Dariquebe Gerewa fue un guardaparque que laboraba en la Reserva Comunal Amarakaeri y pertenecía a la comunidad nativa de Keros.
Cada semana, tres defensores menos
Durante 2024, en promedio tres personas que defendían la tierra y el ambiente fueron asesinadas o desaparecieron cada semana. Y esa cifra podría ser aún más alta. El informe advierte:
«Sabemos que muchos ataques no se denuncian, por lo que es probable que esta cifra esté por debajo de la realidad”.
Desde 2012, Global Witness ha registrado 2253 ataques de este tipo. El número bajó respecto a 2023, cuando hubo 196 casos, pero la organización aclara que esto no significa una mejora real. En muchos países las denuncias se callan, se bloquean o simplemente nunca llegan a registrarse.
La violencia adopta varias formas. En 2024 se documentaron 142 asesinatos y cuatro desapariciones prolongadas en países como Filipinas, México, Honduras y Chile.
América Latina, epicentro del peligro
En 2024, el 82 % de los ataques se concentró en América Latina. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra y el ambiente, donde se documentaron 48 asesinatos. Aunque la cifra bajó respecto a los 79 casos de 2023, el riesgo sigue siendo altísimo.
Las comunidades indígenas y campesinas son las más golpeadas. Solo en el último año, cada grupo perdió a 45 de sus miembros. Desde sus territorios, se han enfrentado con más firmeza a la minería, la tala y la agroindustria, actividades señaladas de manera constante como motores de violencia.
Sectores que matan
La minería fue el sector más letal en 2024, con 29 ataques registrados. Después aparecen la tala forestal, con ocho casos, y la agroindustria, con cuatro. También hubo muertes vinculadas a proyectos de infraestructura, como carreteras e hidroeléctricas, además de actividades de caza ilegal.
Casi un tercio de los asesinatos y desapariciones estuvo relacionado directamente con el crimen organizado.
“Las organizaciones delictivas y las economías ilegales relacionadas prosperan en todo el mundo, socavando el estado de derecho, poniendo en riesgo a las personas defensoras y amenazando ecosistemas clave”.
Desapariciones y efectos invisibles
Las desapariciones forzadas representan una de las formas más traumáticas de violencia. No solo por el impacto directo en las víctimas, sino también por la incertidumbre en la que quedan sus familias. “Sl no saber si la persona está viva o muerta, las familias, colegas y comunidades de las personas defensoras desaparecidas se quedan en un limbo insoportable”, señala el documento.
Además de los ataques físicos, muchas personas defensoras enfrentan amenazas, criminalización, acoso y violencia sexual. Estas prácticas generan un desgaste emocional profundo, con consecuencias como ansiedad, depresión y pensamientos suicidas.
Estados y empresas bajo la lupa
El documento no duda en señalar que los Estados también forman parte del problema. En 2024, al menos 17 asesinatos estuvieron vinculados con fuerzas armadas, policías u otras instituciones gubernamentales. La colusión entre crimen organizado, gobiernos e intereses empresariales hace que investigar y sancionar estos ataques sea un desafío aún mayor.
La situación se agrava en países clasificados como “reprimidos” o “cerrados” por el CIVICUS Monitor, una plataforma de investigación en línea de la CIVICUS Global Alliance, donde las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica están severamente limitadas.
En agosto de 2025,lLa justicia peruana confirmó la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra los responsables del asesinato de los cuatro líderes indígenas ashéninkas en el Caso Saweto. (Foto: Aidesep)
Llamado antes de la COP30
A pocas semanas de la cumbre climática COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém (Brasil), Global Witness subraya: “No podemos permitir que continúe la devastadora explotación de la tierra y los recursos, ni la violencia contra quienes se resisten a ella”. Reconocer el papel de las personas defensoras y garantizar su protección no es solo un acto de justicia, también es una condición indispensable para enfrentar la crisis climática.
*Accede al informe completo aquí.
*Justicia tardía para Saweto: Condena histórica expone deudas en la protección a defensores indígenas. Accede a este informe aquí.
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