Por más de un millón de soles

Resolución generó daño millonario a la UNAP

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Actualmente, la obra que beneficiaría a una población universitaria de más de mil personas, está inconclusa y registra un avance físico de solo  26%.

La Contraloría General detectó deficiencias en la resolución del contrato que firmó la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) en la provincia de Maynas, con la empresa encargada de ejecutar en el 2007 la construcción de pistas y veredas en la ciudad universitaria en Zungarococha, así como en la liquidación de obra, lo que habría ocasionado un perjuicio económico de  un millón 64 mil nuevos soles.

En un informe de la comisión auditora emitido en julio pasado, se precisa que el contrato se resolvió en el 2008 por causas imputables a la universidad, como por ejemplo la falta de abono a la cuenta de la totalidad de valorizaciones pendientes de pago, no atención a los pedidos para la compra de insumos y la falta de envío del proyecto de adenda al contrato, por lo que la casa superior de estudios tuvo que reconocer y pagar el resarcimiento respectivo.

En tanto, la liquidación de la obra practicada por el contratista quedó consentida porque la UNAP no se pronunció debidamente sobre cada  uno de los saldos a su favor, reconociéndose y pagándose conceptos fijados  en la liquidación que carecían de sustento, como mayores gastos generales, construcciones adicionales (vía de acceso) y resarcimiento por daños y perjuicios por demora en la entrega de terreno.

Estos hechos están corroborados en un laudo arbitral de derecho que resolvió las controversias surgidas entre la universidad y el contratista.

La comisión auditora señala que dicha situación se generó por la conducta negligente de cuatro funcionarios de la universidad que en ese entonces fueron responsables de dirigir la gestión administrativa de la UNAP y de la supervisión de la obra.

Los hechos descritos evidencian presunta responsabilidad civil por lo que la Procuraduría Pública de la Contraloría General interpuso una demanda ante el Segundo Juzgado Civil de Maynas, para que los presuntos responsables paguen una indemnización económica a favor del Estado.