[En Trapecio Amazónico].
4.000 personas, según el servicio de inteligencia, trabajarían para las mafias.
El narcotráfico es el delito que más preocupa a las autoridades del Perú, Colombia y Brasil, en la zona de frontera conocida como el Trapecio Amazónico. Le sigue la minería ilegal de oro.
«Las mafias no solo desangran en las ciudades, la Amazonía también padece el azote de este negocio que cada año produce 394 billones de dólares en ingresos para los narcotraficantes del planeta», señala el jefe de la Dirandro, general Vicente Romero Fernández al diario La República.
El alto oficial explicó que la operación Trapecio IV, ejecutada en Ramón Castilla, permitió incautar más de 446 toneladas de insumos químicos. Sin embargo, este comercio clandestino es de suma complejidad en el extremo sur del Trapecio. «Es tan brava la cosa, que hay casas donde la sala está en Colombia, el dormitorio en Perú y el patio en Brasil», grafica un agente de la Dirandro.
Recordó que el 11 de julio, agentes antinarcóticos que patrullaban una zona de cultivo de coca, en Caballococha, fueron atacados por sicarios, dejando muerto al mayor PNP Rudy Jim Falcón Salguero, y varios heridos.
El narcotráfico, explican los agentes de la Dirandro, es liderado por clanes como ‘la Firma’ y ‘los Caqueteños’ (colombianos), quienes pasan de un país a otro para burlar a la justicia. A gran escala, este ilícito negocio es apadrinado por grupos narcoterroristas: los bloques Sur y Oriental de las FARC (Colombia), Comando Rojo y Primer Comando de la Capital (Brasil) y Sendero Luminoso (Perú). Estos financian a grupos de sicarios.
El jefe de la Dirandro también destacó que en los últimos seis años se ha detectado un importante incremento de las áreas de cultivo de la hoja de coca en el Trapecio Amazónico, hasta donde las organizaciones criminales se han desplazado por el poco control que existía.
Afirmó que en el año 2006 se registraron 375 hectáreas de tierras dedicadas al cultivo de hoja de coca, mientras que en el 2013 se detectaron 3,070 hectáreas, lo que significó un incremento de este cultivo ilegal de 818 por ciento.
El gobierno impuso el estado de emergencia en Ramón Castilla y Yavarí, ubicada en la frontera con Brasil y Colombia. Desde mayo del 2013, el único juez de Caballococha procesó a más de 80 personas por cargos relacionados con crímenes por narcotráfico. Pero preocupa los constantes asesinatos.
Según las autoridades de la Dirandro, entre las zonas de mayor peligro están San Isidro, Cushillococha, Atacuari, San José de Yanayacu, Galilea, Cahuide, Isla Hawai, Mario Rivera y otros poblados.
