Este miércoles 22 en la comunidad José Olaya con Viceministro de Hidrocarburos y Gerente de Perupetro
Tras la suspensión arbitraria en julio de parte del Ministerio de Energía y Minas del proceso de consulta previa del lote 192, los y las representantes de las comunidades han accedido a reunirse con el Viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo Huamán, y el gerente de Perupetro, Daniel Hokama, en la comunidad achuar José Olaya, el 22 de este mes. La reunión tiene por objetivo informar a los representantes las razones de la suspensión del proceso y llegar a acuerdos para su reanudación.
Cabe recalcar que desde que MINEM decidió unilateralemente y sin transparencia suspender el proceso, y faltando así a la ley de consulta; las comunidades, a través de sus federaciones FECONACOR, FEDIQUEP y OPIKAFPE, enviaron comunicaciones y se hicieron presentes en Lima buscando reunirse con los funcionarios y funcionarias del sector para abordar la problemática. Sin embargo, la institución no respondió y, en más de una oportunidad, canceló las reuniones pactadas. Tras estos atropellos, las federaciones y sus comunidades advirtieron al MINEM y a Perupetro que las reuniones para abordar la situación de la consulta previa del lote deberían ser en sus territorios y sostenidas con representantes de alto nivel.
Si bien lo que espera Perupetro de esta reunión es poder firmar una adenda al Plan de Consulta (aprobado en mayo del año pasado) que permita continuar con el proceso desde el punto en que quedó la última vez, el interés de las comunidades es tener las competencias del MINEM y de Perupetro claras, ya que, según se hizo público en prensa, la gestión de la consulta pasaría a cargo de Perupetro. Las comunidades exigen claridad y transparencia, y que esta vez el Estado no falte a la ley de Consulta o geste un proceso fraudulento como en 2015.
En efecto, las amenazas y paralelismos con aquel proceso siguen lastimosamente vigentes. Tal y como en 2015, el Estado está realizando de manera paralela un proceso de consulta previa con un grupo minoritario de comunidades quienes, también ese año, abogaron en favor a la ley inconsulta que dio el lote 192 en concesión a Petroperú para sus operaciones por los siguientes 30 años. Se teme que, tal y como sucedió en 2015, el Estado valide los acuerdos de consulta con el grupo minoritario y decida dar por concluido el proceso sin llegar a acuerdos con la gran mayoría de comunidades, quienes además son las más afectadas por la actividad petrolera.
Otro aspecto preocupante de esta consulta, como ya lo señalaron las federaciones en un pronunciamiento en diciembre, es el papel que jugarán la Viceministra de Interculturalidad, Ángela Acevedo, y la Directora de Gestión Social del MINEM, Iris Cárdenas, quienes desde sus cargos anteriores – Directora de Consulta para el Ministerio de Cultura, la primera, y Directora de la Dirección de General de Asuntos Ambientales y Energéticos (DGAAE) del MINEM, la segunda – jugaron en contra de los derechos de los pueblos indígenas y favorecieron a las empresas petroleras. En el caso de la abogada Ángela Acevedo, durante la consulta previa de 2015, en su papel dentro de la entidad rectora de los procesos de consulta que debería garantizar y velar por que dichos procesos se desarrollen de acuerdo a los principios estipulados en el Convenio 169 y en la ley de Consulta, permitió que se coaccionara a los líderes a llegar a acuerdos prontos porque de lo contrario no obtendrían nada. Ante el rechazo de los representantes indígenas, su oficina validó sólo los acuerdos de consulta llegados con el grupo minoritario de comunidades y cerró el proceso, faltando al principio de oportunidad y de ausencia de condicionamientos y coacción.
En el caso de Iris Cárdenas, durante su desempeño en la DGAAE, permitió que la empresa Pluspetrol, anterior operadora del lote 192 y actual responsable de más de dos mil sitios contaminados, evadiera su responsabilidad ambiental al aprobársele diversos instrumentos de gestión ambiental mal planteados, al permitirle que no presente ninguno para muchos de los sitios, y al no emitir la normativa correspondiente que permita exigir a la empresa hacerse cargo de su responsabilidad ambiental. Como resultado, hasta hoy, y según el Estudio Técnico Independiente para la Remediación del Lote 1AB (hoy 192), ningún proceso de remediación adecuado se ha llevado a cabo en todos los años de operación del lote. Es decir, que durante casi medio siglo, las poblaciones indígenas han estado y siguen estando expuestas a sustancias tóxicas y nocivas a la salud.
En ese sentido, debido a la vulneración histórica de derechos de la población por parte del Estado por 49 años, las comunidades y sus federaciones buscan garantías mínimas de respeto a sus vidas antes de que cualquier operadora, de la mano de Petroperú, ingrese a operar el lote. Estos derechos tienen que ver con que se garantice el ambiente sano para el desarrollo de las personas, seguridad territorial, acceso a agua limpia, trabajo digno, educación y salud.
En tanto el fin de la consulta es garantizar derechos, el Estado debería responder a las inquietudes y demandas de la población al respecto; sobre todo cuando se trata de un caso en que la población ya ha vivido en carne propia los efectos de la actividad extractiva, en un contexto en el que la promesa del desarrollo económico ha ocasionado afectaciones por exposición a metales pesados. Es importante la mirada multisectorial del Estado a este tipo de procesos, y no tratarlos como un simple proceso administrativo. Las comunidades del lote 192 y sus federaciones, que junto con la federación ACODECOSPAT conforman la plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio (PUINAMUDT), exigen un proceso de consulta de acuerdo a ley y al marco de los instrumentos internacionales que la sustentan. (Puinamudt)
