Caso de Tamshiyacu: El Estado como subsidiario de la empresa

Por Alberto Chirif

27 de mayo, 2016.- Me viene ahora a la memoria el poema de Nicolás Guillén, convertido luego en canción: “¿Cómo estás Puerto Rico, tú de socio asociado en sociedad”, en irónica referencia a la condición de ese país como “estado asociado” de los Estados Unidos. También el Perú está de socio asociado pero de empresas, a las que no solo les hace leyes a pedido y les dicta las políticas que mejor respondan a sus intereses, sino que también las atiende con gestos serviciales. Ejemplos sobran: el contrato firmado, en mayo de 2010, entre la empresa Afrodita y el Ejército para que este, mediante el campamento militar acantonado en la cuenca del alto Cenepa (cordillera del Cóndor), la protegiera de posibles irrupciones de pobladores awajún de las comunidades del entorno, que reclamaban por la invasión de su territorio ancestral y por haber el Estado burlado los acuerdos firmados con ellos para crear en la zona un parque nacional que librase el área de la actividad minera; o el uso de servicios (camionetas) e instalaciones de la empresa petrolera para el transporte y el interrogatorio “científico” de comuneros del alto Pastaza que protestaron, en marzo de 2008, por los impactos ambientales causados en su hábitat por la extracción de hidrocarburos.

Todo indica que Cacao del Norte SAC y el Gobierno Regional de Loreto (Gorel) han recurrido también a esta modalidad de asociación, como lo planteo en este texto.

Un viaje reciente a Tamshiyacu (río Amazonas, una hora aguas arriba de Iquitos) para entrevistar agricultores y, en general, a moradores y algunas autoridades locales sobre la presencia de la empresa Cacao del Perú Norte SAC, sus métodos de adquisición de tierras y la extensiva deforestación que ha originado, me ha proporcionado nueva información que pretendo ahora exponer y analizar. Hice el viaje en compañía del sociólogo Juan Luis Dammert, quien estudia el tema de la expansión de monocultivos agroindustriales en la Amazonía. Junto con dos colegas, él publicó, en 2012, un informe sobre los potenciales impactos ambientales y sociales de la palma aceitera en Loreto.

La información recogida en Tamshiyacu me ha sugerido abordar cuatro temas en este texto: la titulación de parcelas realizada en 1996 al amparo del D. Leg. 838; el plan de titulación masiva de predios rurales que actualmente ejecuta en Tamshiyacu la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa) del Gorel; otras estrategias de la empresa Cacao del Perú Norte SAC para adquirir propiedades en la zona; y el programa de créditos que ella ejecuta en dicha localidad con la finalidad de promover el cultivo de cacao entre los agricultores.

Antes, sin embargo, quiero comentar brevemente la respuesta –si así se puede llamar- dada por el Sr. Ulises Saldaña, gerente de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa (se refiere a ella como “mi representada”), al artículo que publiqué, en este y otros medios virtuales hace pocas semanas (¿En qué país vivimos?), cuestionando los métodos de la empresa para hacerse de las tierras de los agricultores, el impacto que esto podrá tener sobre la economía campesina, la barbarie de la tala de 2 300 ha -ilegal por donde se la mire- y la complicidad o, en el mejor de los casos, el alelamiento de las autoridades del Estado “que no saben, no opinan” respecto a su voraz comportamiento.

Mi inicial entusiasmo porque el representante de la empresa comentara mi texto, se convirtió pronto en decepción. En primer lugar porque está tan mal escrito que es difícil adivinar qué es lo que quiere decir, aunque sí queda claro que es contrario a mi enjuiciamiento. En términos criollos, es un sancochado de ideas o, dicho en el habla amazónica, un chapo de palabras, en la que los trozos de plátano más grandes que han quedado sin machucar han sido escritos en mayúsculas, esa manera escrita de levantar la voz que tienen algunas personas, con la pretensión de darle solvencia a argumentos insostenibles.

El representante de la empresa afirma, en el segundo párrafo de su respuesta, que “es una una [tartamudeo del original] plantación agro-forestal [la que se quiere hacer] y que necesita la sombra de otras especies forestales como los Palosangre, Capironas, Cedros, etc”. En esto coinciden todos los especialistas en cultivo del cacao. Sin embargo, ¿por qué entonces, don Ulises, no se lo comunicó a su empresa antes de que hiciera tabla rasa de 2 300 ha? ¿Admite de esta manera que ha sido una barbaridad arrasar el bosque?

Sería injusto, sin embargo, cargar toda la responsabilidad de este confuso documento al representante de la empresa quien, en verdad, aparte de dos párrafos iniciales y uno final (que ciertamente son fieles al estilo general del escrito), no es autor del resto, que es consecuencia del “copiar y pegar” –y este es el motivo de mi segunda decepción- del alegato que el abogado de la empresa ha presentado ante la Corte Superior de Loreto.

Más allá del problema de creatividad implícito en esta manera de abordar un tema, quiero referirme ahora a lo que plantea el abogado y refrenda el representante Saldaña. El argumento es solo uno: las parcelas que la empresa ha adquirido en Tamshiyacu fueron dadas en propiedad a los agricultores al amparo del D. Leg. No.838 (del 18 de agosto, 1996) y su reglamento que dejan sin efecto la aplicación del artículo 19º del D. Leg. 653, Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (julio 30, 1991). ¿Y que dice el citado artículo? Textualmente señala lo siguiente:

Artículo 19.- Toda adjudicación de tierras rústicas, a cualquier persona natural o jurídica, se efectuará a título oneroso, mediante contrato de compra-venta con reserva de propiedad hasta la cancelación total del precio. El contrato podrá formalizarse por documento privado con firmas legalizadas y constituirá título suficiente para su inscripción registral.

En concreto, el D. Leg. Nº 838 suspende la aplicación de dicho artículo para que el Estado titule las tierras de manera gratuita.

El Art. 19º citado no dice nada más. No se explica entonces cómo la empresa pretende afirmar que, con esa suspensión temporal de pago, los campesinos fueron exonerados de realizar trámites de cambio de uso de tierras. Pero incluso suponiendo que exista otra norma que establece esta excepción, ¿cómo se puede asumir que una dispensa de trámite dada a campesinos que realizan actividades agrícolas a baja escala y de escaso impacto en el medioambiente es válida para una empresa que acapara grandes extensiones para dedicarlas al monocultivo de cacao? Las exoneraciones fueron dadas sobre el sujeto (los agricultores) y no sobre las tierras. Es lo mismo que pretender que la exoneración del pago del impuesto predial de la que goza un jubilado del Estado sea también válida para quien adquiere su propiedad. Es bien sencillo el racionamiento y si no se quiere entender, salvo que se padezca de alguna patología, se debe solo a falta de voluntad, o mejor dicho, de honestidad.

Como ya dije, hace pocas semanas, con Juan Luis Dammert fuimos a Tamshiyacu, lugar que ambos ya conocíamos y, en mi caso, desde hace muchos casos y no solo por “imágenes satelitales”, como critica el representante Saldaña al finalizar su respuesta. Esas imágenes, sin embargo, son muy útiles porque permiten tener una idea de lo que sucede en el conjunto del área (que no se puede ver desde el suelo), sobre todo en una circunstancia como la que comento, en que la empresa ha bloqueado los caminos de acceso al área deforestada con trancas y casetas custodiadas por guardias particulares. No olvide, don Ulises, que una de las denuncias realizadas a su representada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas es por obstrucción a la justicia, dado que la empresa le negó acceso para realizar una inspección ocular. Las imágenes de satélite sirven para que mortales con menor poder que la mencionada Fiscalía puedan conocer una realidad que no se les deja observar de manera directa. Por cierto, un intento de Dammert para conversar con el coordinador local de la empresa y así conocer su opinión, recibió como respuesta el corte abrupto de la llamada.

(Tomado de: http://www.servindi.org/)