Para combatirlos he pedido citas con varias autoridades y ninguna de ellas ha mostrado real interés en este propósito. Por ese motivo he decidido dar a conocer personalmente al Ministro del Interior, Carlos Basombrío, lo que se hace en Iquitos con los cascos, revisiones técnicas y robamotos.
Hace por lo menos cuatro años escribí en este mismo espacio que aquello del uso del casco de seguridad tiene que ser facultativo o, en el mejor de los casos, complementado con una campaña informativa de las bondades de su uso y que sea el conductor libremente el que decida ponerse o no. Pero las autoridades -llámense policiales o municipales- decidieron emprender una campaña despiadada a través de las impopulares “batidas” contra quienes se resistían a su uso y, paralelamente, se expandió -ambulatoria e irregularmente la venta de cascos en las veredas (siempre me ha provocado curiosidad que la venta de cascos se diera a pocos metros de donde se realizaban las “batidas” y nadie combatiera esa invasión de la vía pública) la oferta de cascos y la represión contra quienes no la portaban. De hecho que toda esta situación contribuía a que en el imaginario popular se creyera que las autoridades estaban unidas para favorecer a los comerciantes del casco en perjuicio del poblador motorizado que, como sabemos, son más de cien mil en Iquitos.
Hace un par de semanas he regresado a Iquitos y a las batidas por los cascos se ha sumado los mismos operativos pero esta vez contras los conductores que no poseen las llamadas revisiones técnicas. Al igual que con el casco, las autoridades han emprendido una medida represiva que, con algunas variantes, tiene la subterránea intención de sacar de dónde sea el dinero de los contribuyentes. Si el imaginario popular era implacable sobre los beneficiados “del casco” en el tema de las “revisiones técnicas” es más preciso: la policía -básicamente la femenina- impone papeleta a quien no tiene el certificado de la revisión y el conductor tiene que pagar 60 soles a la empresa que realiza este trabajo y, sin necesidad que el vehículo cumpla los requisitos, le otorga el certificado que sirve para retirar el vehículo y seguir en circulación hasta que en otra intersección le vuelvan a coger en una batida. Es decir, la intención no es que las motocicletas circulen respetando el reglamento sino que las arcas de la empresa recién instalada en Iquitos se llenen. Demás está decir que esto perjudica la imagen de las autoridades que tienen que ver en el asunto, es decir la del general de la PNP y de la alcaldesa de la MPM.
Y a las batidas por casco y revisiones técnicas se ha sumado -en forma totalmente inversa- los robamotos. En los últimos años los robamotos se han multiplicado a tal punto que han sido los mismos ciudadanos quienes han instalado sistemas de seguridad que los identifican. Los perjudicados – a este columnista le han robado hasta en ocho oportunidades la moto- han tenido que recuperar sus vehículos no sólo sin la participación de la Policía ni Serenazgo sino con la negligencia -y hasta complicidad- de sus integrantes. Uno circula por las calles de Iquitos y los motociclistas tienen temor a los policías que realizan las “batidas” y a los robamotos que le llevan su vehículo. En el primer caso se percibe que las autoridades han concertado para favorecer a un determinado grupo. En el segundo de los casos las autoridades no han emprendido una campaña para combatir a esas bandas organizadas. Este columnista en seis días ha podido comprobar -y tengo las pruebas de lo que afirmo- que miembros de las entidades que deberían combatir este flagelo son cómplices y colaboran con los robamotos. Si las precariedades con las que logré ubicar, contactar y denunciar a ello, nos imaginamos que la PMN, Serenazgo y otros también tienen similar información. Para combatirlos he pedido citas con varias autoridades y ninguna de ellas ha mostrado real interés en este propósito. Por ese motivo he decidido dar a conocer personalmente al Ministro del Interior, Carlos Basombrío, lo que se hace en Iquitos con los cascos, revisiones técnicas y robamotos. Porque si los perjudicados no hacemos algo entonces habremos perdido la condición de ciudadanos que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Curiosamente, el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, ha escrito en su columna quincenal:
“La falta de seguridad callejera, sobretodo en los barrios más desfavorecidos, es el gran lastre que frena y amenaza el desarrollo, tanto en Perú como en el resto de América Latina. Por eso, la reforma del Poder Judicial y de los organismos encargados de la seguridad, empezando por la Policía, es una primera prioridad. Nada inspira más tranquilidad y confianza en el sistema que sentir que las calles que uno transita son seguras y que se puede confiar en los jueces y policías; y, a la inversa, nada desmoraliza más a un ciudadano que salir de su casa pensando en que será atracado y que si acude a la comisaría o al juez en busca de justicia será atracado otra vez, pues jueces y policías están al servicio, no de las víctimas, sino de los victimarios y ladrones”.
Esa falta de seguridad callejera la padecemos todos los ciudadanos en Iquitos, agregado a ello que en las calles la Policía Nacional del Perú con la Municipalidad Provincial de Maynas acosan a quienes no llevamos cascos y carecemos de revisiones técnicas y no hacen lo mismo contra los robamotos.
