Asháninkas vs las hidroeléctricas
Los asháninkas (o ashanincas) son uno de los pueblos originarios más legendarios y antiguos de la Amazonía. Ubicados alrededor de un territorio que incluye los valles de los ríos Apurímac, Ene, Tambo, Perené y Pichis, parte del Alto Ucayali y el Gran Pajonal, en la selva central del país, sus habitantes han tenido momentos históricos de profunda relevancia.
Esclavizados por caucheros a finales del siglo XIX, sometidos a despojos territoriales bastante prolongados, sometidos a la barbarie terrorista en los años ochenta de la (documentadas estás últimas en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación), los asháninkas han intentado volver a mantener una convivencia fructífera y tranquila con la naturaleza y el entorno, en comunión con su propia cosmovisión. Por ejemplo, el Pakitsapango (o Casa del Águila) es un recinto sagrado en donde se fundan las raíces colectivas.
Estas comunidades conforman la Zona de Amortiguamiento de la Reserva y Parque Nacional Otishi, (ubicadas entre Junín y Cusco) una de las mayores despensas de biodiversidad del continente. Es decir, son de hecho guardianes de la diversidad y el ecosistema amazónico. La tranquilidad, sin embargo, se encuentra lejos de haber llegado. Hay una amenaza muy concreta: un acuerdo comercial firmado entre Perú y Brasil que, entre otros, planea generar proyectos de inversión sobre territorios ancestralmente pertenecientes a los asháninkas.
En junio del año pasado, los Estados peruano y brasileño firmaron un acuerdo energético, que proyecta construir alrededor de 15 hidroeléctricas en la Amazonía del Perú, cinco de ellas priorizadas. Estos proyectos han sido promovidos desde el año 2007 por el Ministerio de Energía y Minas. El 2008, la Resolución Ministerial N° 546-2008-MEM/DM brindó la concesión concesión temporal a la Empresa “Pakitsapango Energía SAC” para realizar el estudio de factibilidad de la futura Represa Hidroeléctrica en Pakitsapango.
En noviembre del 2010, luego del acuerdo con Brasil, el Ministerio de Energía y Minas otorga a la empresa Odebrecht (una de las favoritas de Alan García, la que donó el controvertido Cristo del Pacífico) la concesión temporal para realizar estudios de factibilidad de la Central Hidroeléctrica Tambo 40 (también denominada “Tam40”), con un potencial energético es de 1.287 MW.
Las concesiones (no solo Tambo 40, sino Pakitsapango y Tambo 60) se ubican sobre el territorio de cinco comunidades de la cuenca del río Ene: Samaniato, Unión Puerto Ashaninka, Centro Caparocía, Potsoteni y Meteni (todas con título de propiedad); y las comunidades indígenas de la cuenca del río Tambo. Huelga decir que estos acuerdos realizados por el Estado se hicieron sin mediar consulta previa ni apelando a los derechos estipulado en el Convenio 169 de la OIT.
El Acuerdo Energético no garantiza energía limpia y renovable para el mercado peruano; por el contrario, sus efectos serían perniciosos en el plano ambiental y social, a decir de algunos investigadores como José Serra (ProNaturaleza), Mariano Castro (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental) y César Gamboa (Coordinador del Programa de Energía Sostenible de Derecho Ambiente y Recursos Naturales), quienes señalan que, en específico, el proyecto Tambo 40 generaría desplazamientos poblacionales y una considerable deforestación en, al menos, 5 departamentos.
La Central Asháninka Río Ene (CARE) solicitó, a principios de setiembre, la nulidad de la concesión de Tambo 40, pues el Ministerio de Energía y Minas no cumplió con solicitar la opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) sobre territorios intangibles como el afectado. Tampoco se cumplió con el evento presencial en la zona de influencia del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de participación ciudadana en actividades eléctricas.
Habría que recordar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la Convención Americana obligan a los Estados a realizar consulta previa libre e informada a las comunidades indígenas que puedan ser potencialmente por programas de inversión ejecutado dentro de sus territorios. Esto se condice con la Ley de Consulta Previa aprobada recientemente por el nuevo gobierno. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se expresó por las posibles amenazas en la zona del Ene, en su 138° Periodo de Sesiones (marzo 2010): “La Comisión observa con preocupación la debilidad en las acciones de protección de los territorios ancestrales, que colocan a (estos) pueblos en una situación permanente de vulnerabilidad ante los intereses de terceros interesados en los recursos naturales existentes en sus territorios”.
El gobierno anterior señalaba que con estos proyectos se generará un potencial conjunto de 7,200 MW y un beneficio económico considerable. Hace menos de un mes, el actual ministro de Energía, Carlos Herrera Descalzi confirmó que se revisarán los Acuerdos Energéticos con Brasil. “Nos parece importante la integración, creemos que es un tema fundamental, pero particularmente creo que las obras se tienen que hacer licitándose o sea que las oportunidades deben ser para todos” indicó Herrera.
Del 25 al 28 de octubre se llevará a cabo en Lima “La Semana Asháninka”, donde los más importantes líderes indígenas expondrán temas vinculadas con su cultura y su problemática social, entre ellos los que implican las hidroeléctricas. Ruth Buendía, lideresa del río Ene, es una de las que busca que el riesgo se visibilice y corrija. Lo que dice es bastante serio: de aprobarse y ejecutarse la construcción de una hidroeléctrica en la zona, más de 18 mil personas, entre ellos 10 mil asháninkas, serían afectados, porque serían desplazados y perderían sus tierras. Más de 700 mil hectáreas de bosques amazónicos serían seriamente afectadas con la entrada en vigencia del Acuerdo Energético peruano-brasilero, según sus estadísticas.
Buendía asegura que se reunirá con el Ministro Descalzi estos días para plantearle estas inquietudes. En tanto, la nación Asháninka espera entre preocupada y alerta un desenlace en una trama compleja, donde se juega no solo el componente económico, sino la vida y la integridad/biodiversidad amazónica.
(* Ver entrevista con Ruth Buendía sobre este tema en http://diariodeiqt.lamula.pe )
