“El gobernador regional Juan Luque Mamani espera empezar el 2017 con un nuevo equipo de trabajo. Cambiará a sus asesores pagados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”, señala una nota periodística aparecida en el diario “La República” referida al Gobierno Regional de Puno.
Según Fernando Paima, quien asesora en temas de conectividad de acuerdo a lo dicho por Fernando Meléndez Celis, el gobernador tiene por lo menos veinte asesores, la mayoría de ellos pagados por el PNUD y que representa un gasto mensual de más de 100 mil soles.
A diferencia de Loreto, en Puno existe por lo menos un consejero regional que se opone públicamente a la gestión del gobernador. Es el consejero que representa a la provincia de Moho, Emilio Torres Patana, quien no sólo ha fustigado las acciones del gobernador sino que ha salido a decir que los cambios solo son decorativos y rotativos. Vale decir que todo cambia, para que nada cambie.
En Loreto estaremos peor. Porque al gobernador Meléndez Celis no sólo le gusta la unanimidad en las acciones que emprende sino que utiliza todas las artes -llámese mañas- para que sus antiguos opositores se pongan de su lado. O mejor dicho, no se opongan a nada. Lo que sucede en el Consejo Regional de Loreto es sintomático. Desde que supo los resultados en octubre del 2014 se empeñó -y vaya que lo logró- en captar a los que eran la mayoría y podrían hacer un contrapeso a sus torpezas. Logró la unanimidad para que todo lo que pase por ese órgano de gobierno sea de acuerdo a sus intereses, ya sea en declaratoria de emergencia o en políticas sectoriales que requieren el visto bueno de los consejeros.
¿Ha servido de algo que los consejeros sean la comparsa de Fernando Meléndez? La respuesta es que no. Porque ese apoyo incondicional ha hecho que el gobernador camine sin rumbo y sin ningún tipo de filtros. ¿Ha servido de algo que consultores y asesores salgan a los medios a defender los errores de Meléndez? La respuesta es que no. Porque no se trata de defender acciones negativas de una determinada autoridad sino de hacerle ver en privado sus errores públicos para que enmiende la plana. El caso de llamar chantajistas y extorsionadores a los indígenas que defendían el paro de Saramurillo para luego intentar abrazarlos ha sido un error. No peor, sin embargo, a la terca permanencia de directores regionales que debieron salir de sus puestos antes que la presión popular y sindical lo obliguen.
Estaremos peor el año 2017 porque, a diferencia de Puno, en Loreto ni siquiera se dan los cambios cosméticos -ya de por sí lamentables- sino que la mayoría de asesores han optado por lo más fácil: dejar que el gobernador continúe con sus errores que él considera aciertos y limitarse a cobrar los sueldos de PNUD y de otras fuentes hasta esperar tiempos mejores.
