[Nulo interés de candidatos].
Ayer, 22 de setiembre, el Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES, el Programa Conservación de Bosques Comunitarios – CBC de la Cooperación Alemana – GIZ y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP presentaron tres documentos de política “como aporte a la nueva gestión” del Gobierno Regional.
Estos aportes fueron en temas de Trata de Personas, a cargo de Silvia Arbildo, Competitividad Regional expuesto por el investigador Gonzalo Neyra – consultor CIES, Manejo de Bosques con Participación de Poblaciones Indígenas en la región Loreto por el consultor Jorge Malleux. Sin embargo ningún candidato que aspira al gobierno regional estuvo presente.
Por ejemplo, en el tema de Manejo de bosques, según resumen ejecutivo, se destacó que Loreto concentra el mayor número de Comunidades Indígenas – CCII a nivel nacional, con el 39.5 % de esta población. De 492 comunidades censadas en el año 1993 se incrementaron a 705 en el año 2007 (INEI, 2008).
En el caso de la tala ilegal, ésta puede llegar hasta más del 95% de toda la extracción de madera en algunas zonas. Las CCII no son ajenas a este problema, ya que según el OSINFOR (2014), éstas proveen aproximadamente entre el 25 al 30% del total de madera rolliza que llega al mercado, a través de las llamadas autorizaciones forestales, que supuestamente se otorgan a las CCII.
Planteado el problema, se presentó la opción del manejo y aprovechamiento sostenible de bosques por parte de comunidades con apoyo del Estado, y alianzas estratégicas con el sector empresarial privado y bajo normas para el manejo sostenible. Involucra 4 ejes, como el fortalecimiento de la organización comunitaria, igualdad de oportunidades, protección de derechos y sistemas productivos. “Esta propuesta de política no está diseñada para generar alguna forma de ingresos económicos en términos convencionales, sino para asegurar la conservación y el manejo forestal y mejorar en forma significativa la calidad de vida de las poblaciones indígenas”, señala.
Pero se debe superar problemas como la falta de una política clara del Estado en relación con la tenencia de la tierra, desconocimiento sobre el potencial de desarrollo de la Amazonía, niveles de pobreza extrema, cuestionamientos de la Comunidades Indígenas a los beneficios como el negocio del carbono, desarticulación de estructuras gubernamentales, recursos insuficientes para ejecución de programas de manejo forestal sostenible con comunidades indígenas.
