COMUNIDADES DE LORETO
Además del conflicto en Las Bambas, el gabinete del premier Salvador del Solar también está afrontando el reclamo de 32 federaciones de comunidades indígenas de Loreto que han anunciado la paralización absoluta de la actividad petrolera de la región si es que sus demandas no son atendidas.
Un grupo de 40 dirigentes amazónicos estuvo en Lima desde el 25 hasta el 30 de marzo para reclamar por los puntos incumplidos en el acta de Saramurillo, firmada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2016.
Los indígenas exigen el cumplimiento de cinco puntos: declaratoria de emergencia del Oleoducto Norperuano (ONP), creación de una comisión de la verdad para investigar si existe vulneración de derechos por parte de las empresas petroleras, un plan de inversión a favor de las comunidades indígenas, una nueva ley de canon petrolero para que se distribuya un mayor porcentaje de dinero a los municipios locales y una nueva Ley de Hidrocarburos.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) detalló a Perú21 que existen dos documentos de Saramurillo sobre los que el gobierno trabaja. El primero fue firmado el 14 de diciembre de 2016 y contiene 41 puntos, de los cuales están pendientes 16.
Entre ellos está la demanda de un estudio internacional del estado del oleoducto, que será licitado en los próximos meses, según aseguró la PCM. Lo que no se tiene previsto es la conformación de una comisión de la verdad.
El gobierno aún continúa evaluando algunas modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, la remediación integral de los lotes 8 y 192, plan de compensaciones a la vida indígena y desarrollo de proyectos de agua y desagüe. Esto último está a cargo del Proyecto Nacional de Saneamiento Rural.
El otro documento es el Plan de Inversiones de Saramurillo, suscrito el 20 de febrero de 2018 por la entonces premier Mercedes Aráoz, quien estableció 33 compromisos, pero, hasta la fecha, solo se han cumplido 12.
Dos de ellos son proyectos de comunicaciones; también hay un plan de salud intercultural diferenciado; tres son proyectos productivos; dos, compromisos educativos; cuatro son proyectos de electrificación rural; y nueve, proyectos de saneamiento. Todo ello implica la intervención de los ministerios de Educación, Vivienda, Energía y Minas, Interior y Producción. (Peru21)
