[Organizaciones indígenas y Ongs].
Exhortamos a la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente a hacer seguimiento y dar impulso a las investigaciones y procesos judiciales frente a las manifiestas evidencias de delitos ambientales.
Demandamos que el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Riego, y el SERFOR sean consecuentes con el compromiso, en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios al año 2021 y de reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero del país para el año 2030.
Ante la deforestación de más de 22,076 hectáreas de bosques primarios: 2,126 ha en Tamshiyacu (Loreto), 8,200 ha en San Martín, y 11,750 ha en Nueva Requena (Ucayali), las diversas organizaciones indígenas y ONGS alertan mediante un pronunciamiento el avance feroz de la deforestación por palma aceitera debido a que instituciones como el MINAGRI, SERFOR y algunos Gobiernos Regionales no vienen cumpliendo sus labores de control y fiscalización, permitiendo que grupos empresariales accedan irregularmente y arrasen con la Amazonía.
Que, durante las últimas décadas, el Estado peruano, a través del Ministerio de Agricultura y Riego viene promoviendo la expansión de monocultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao, papaya, entre otros, que generan deforestación de miles de hectáreas de bosques primarios de la Amazonía peruana, los cuales hasta el 2016 han ocasionado una pérdida de 91,413 hectáreas de bosques en las regiones de Loreto, San Martín y Ucayali.
Que, el MINAGRI, SERFOR y algunos Gobiernos Regionales no vienen cumpliendo sus labores de control y fiscalización, permitiendo que grupos empresariales accedan irregularmente a áreas de bosques primario, tierras forestales y de protección, y cometan presuntos delitos ambientales como: la tala ilegal de grandes extensiones de bosques, el tráfico de tierras y de maderas, el despojo de las tierras de Pueblos Indígenas y comunidades locales en situación de pobreza, la erosión de suelos, la contaminación y destrucción de quebradas y cursos de agua, la pérdida de biodiversidad, y la reducción de la capacidad productiva de los bosques, todo lo cual perjudica las condiciones de vida y la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas.
Que, entre los años 2013 y 2015 se deforestaron 22,076 hectáreas de bosques primarios: 2,126 ha en Tamshiyacu (Loreto), 8,200 ha en San Martín, y 11,750 ha en Nueva Requena (Ucayali). Se calcula que las pérdidas derivadas de la destrucción de bosque en Tamshiyacu ascienden a más de 170 millones de soles. Se estiman en más de 803 millones de soles en pérdidas económicas por la deforestación en Nueva Requena[1], monto que se multiplica si valorizamos la pérdida del acceso y beneficio de las múltiples funciones sociales y ecosistémicas de los bosques tropicales. A ello se suma que existen 106,212.6 hectáreas de bosques en riesgo de adjudicación para expandir el cultivo de cacao y palma aceitera.
Que, las afectaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades locales van en aumento y son sistemáticamente desatendidas por parte de las autoridades regionales y del gobierno central, tales como: La comunidad nativa Santa Clara de Uchunya (Ucayali), en donde habitan más de 760 ciudadanos del pueblo Shipibo-Conibo, afirma haber sido afectada a raíz de que el Gobierno Regional de Ucayali vendió a la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C., la propiedad de 4,759 hectáreas de bosques en un área que se encontraba pendiente de ser reconocida como parte del territorio ancestral de la comunidad.
En el caserío de Bajo Rayal, distrito de Nueva Requena (Ucayali), los pobladores afirman que, en el año 2013, trabajadores de la empresa Plantaciones Ucayali S.A, talaron y quemaron cerca de 1,000 hectáreas de bosques primarios, pastizales y sembríos de agricultores de la zona. Asimismo, se ha desviado el cauce de la quebrada Boayo y se ha construido un canal artificial, lo cual ha ocasionado la contaminación de la quebrada y de las aguas que la población local usa para consumo diario.
En el distrito de Tamshiyacu (Loreto), en el año 2013, algunas familias de pequeños agricultores señalan que fueron engañadas y extorsionadas por personas vinculadas a la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. para vender sus terrenos a un precio muy por debajo de su valor real.
En el distrito de Barranquita (San Martín) habitan cerca de 5,199 ciudadanos, que vienen padeciendo afectaciones en su calidad de vida como consecuencias de la deforestación de 2,000 hectáreas de bosques primarios por parte de la empresa Palmas del Oriente S.A., así como la alteración de sus fuentes de agua. Pobladores que habitaban las zonas aledañas a la zona de cultivo de la empresa afirman que fueron desalojados de manera violenta de sus terrenos y que otros nuevos colonos son atraídos para invadir el bosque, con la promesa de que esta comprará posteriormente las parcelas.
En vista de las graves afectaciones a los derechos de Pueblos Indígenas y comunidades amazónicas, así como de la evidente violación a la normativa ambiental y del Estado de Derecho, requerimos lo siguiente: Exigimos que el Ministerio de Agricultura y Riego suspenda toda adjudicación de tierras y aprobación de proyectos de monocultivos agro-industriales y agro-energéticos, en tanto no se termine el proceso de titulación y saneamiento físico-legal de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas y mientras no se cuente con una Política de Ordenamiento Territorial aprobada, las Zonificaciones Ecológicas – Económicas a nivel Regional aprobadas, y estudios detallados de clasificación de suelos. Suspensión, sustentada además porque autoridades estatales como el MINAM, MINAGRI, Defensoría del Pueblo, han reconocido la necesidad de resolver vacíos y contradicciones en la normativa e institucionalidad existente para poder procesar solicitudes de plantaciones, evitando la destrucción de bosques y la vulneración de derechos indígenas y sociales.
Demandamos que el Ministerio de Agricultura y Riego deje sin efectos la actualización del Plan Nacional de Palma Aceitera porque la promoción de este cultivo agravará la situación de los Pueblos Indígenas y las poblaciones locales afectadas por la expansión de este monocultivo y generará situaciones de riesgo para otros. Asimismo, el plan promoverá la comisión de nuevos delitos asociados al tráfico de tierras, la destrucción de los bosques y la contaminación del agua.
Exhortamos a la Fiscalía de la Nación y a las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental de Loreto, Ucayali y Lima, a cumplir de manera rápida y eficiente su función de investigar y denunciar penalmente a los responsables por delitos contra los bosques y formaciones boscosas.
Actualmente existen denuncias contra las empresas Cacao del Perú Norte S.A.C., Plantaciones Ucayali S.A.C., Sociedad Agrícola Caynarachi S.A., Palmas de Shanusi S.A. y Palmas del Oriente S.A. Asimismo, exigimos que se investigue con celeridad y se determinen los responsables de los supuestos delitos de daño contra los bosques y tala ilegal, así como las irregularidades en el procedimiento de adjudicación de tierras en el Gobierno Regional de Loreto, puesto que existe el riesgo latente de deforestación de 106,212.6 hectáreas de bosques primarios, en las diversas solicitudes en trámite acelerado de grandes plantaciones.
Requerimos que la Fiscalía de la Nación y las Fiscalías Especializadas en Materia Penal de Loreto y Ucayali cumplan diligentemente con investigar y dar trámite a las denuncias por supuestos delitos de usurpación de predios y daños a la propiedad, contra las empresas Plantaciones Ucayali S.A.C., Cacao del Perú Norte S.A.C., Palmas de Shanusi S.A.
Exigimos que todas las empresas del Grupo Empresarial del ciudadano norteamericano Dennis Melka se retiren del país por las graves afectaciones que vienen ocasionando a los Pueblos Indígenas, poblaciones locales, agricultores, entidades públicas y al medio ambiente en el Perú. (AIDESEP)
