Hace poco más de una semana, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, aseguraba públicamente que la criminalidad no solo había disminuido en más de 52 % durante el 2024, sino que en el 2025 “estaba yendo mucho mejor”, atribuyendo esos resultados a un trabajo articulado entre autoridades. Hoy, el mismo burgomaestre sostiene que es víctima directa de amenazas y extorsiones, un giro en su discurso que deja serias dudas sobre la real dimensión del problema de inseguridad en la ciudad.
Dice que lo amenazan por querer ordenar la ciudad
Reyna denunció que los mensajes intimidatorios, dirigidos incluso contra su familia, serían una represalia por las ordenanzas y decretos de alcaldía que buscan reordenar Trujillo, en especial aquellas medidas que afectan a locales nocturnos, bares, discotecas y al comercio informal. También afirmó que delincuentes habrían intentado extorsionarlo en función de las obras que ejecuta la Municipalidad Provincial de Trujillo.
El contraste resulta inevitable. Mientras hace pocos días el alcalde defendía la realización de una fiesta por el aniversario de la ciudad bajo el argumento de una criminalidad en retroceso, hoy admite que el crimen organizado no solo persiste, sino que ha puesto la mira directamente en la autoridad municipal. El cambio de afirmaciones, en tan corto tiempo, plantea interrogantes sobre si hubo una subestimación del problema o un manejo político del discurso de seguridad.
Más de un alcalde extorsionado en La Libertad
El caso de Trujillo, además, se inserta en una realidad que afecta a toda la región La Libertad, donde varios alcaldes vienen denunciando amenazas y extorsiones ligadas a la ejecución de obras públicas. La situación evidencia que, más allá de los discursos optimistas, la extorsión continúa avanzando y golpeando incluso a quienes, hasta hace poco, sostenían que la criminalidad estaba bajo control.
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