Alan García y la Amazonía

Alan García y la Amazonía

Hace unos días, el presidente Alan García señaló que el gobierno buscará construir 20 centrales hidroeléctricas en la selva norte del país en los próximos 40 años. Habló de una “revolución energética profunda”, ya que el proyecto pretende usar las aguas del río Marañón, que recorre Amazonas y Loreto hasta convertirse en afluente del río Amazonas, para generar 12.400 megavatios de energía eléctrica. La venta de energía proyectada por este proyecto sería de seis mil millones de dólares anuales.

Sin embargo, en medio de estos departamentos, que supuestamente serían beneficiados de modo muy importante, según la lógica del Mandatario, se encuentra una alta desaprobación a su gestión, la más fuerte de todo el país.

Según la última encuesta de Apoyo, el régimen de García cierra con un 42% de aprobación (y un 54 de desaprobación), a nivel nacional. El mismo sondeo da un panorama de diversas regiones. Mientras en Lima, 48% vieron con buenos ojos al gobierno en estos cinco años, en el Oriente logra la más baja aprobación: 24%. La desaprobación llega a 70%.

¿Por qué García tiene resistencia tan fuerte en la Amazonía? ¿Por qué su gobierno ha sido mayoritariamente repudiado, en algunos casos con furia, por sus pobladores? Por lo mismo que García ha puesto a la Amazonía de espaldas a todo el progreso o los grandes beneficios que en algún momento pudo haber generado para el Perú.

Debemos señalar, como en una larga y nefasta tradición, que el gobierno aprista no ha jugado a favor de la Amazonía. Incluso, en circunstancias en las cuales pudo haber  mantenido una posición errada y rectificó el error, ha reculado otra vez, por cuestiones o políticas o populista o vaya uno a saber qué otras razones.

En diciembre del 2005, en plena campaña electoral, García prometió en Iquitos mantener las exoneraciones tributarias en la Amazonía, incrementar el canon petrolero, eliminar el IGV a los pasajes aéreos a Iquitos. En el primer caso, se hicieron algunos pasos concretas para que dichos privilegios (que solo benefician a algunos mercantilistas) se eliminaran gradualmente, pero lamentablemente la presión de los especuladores ha vuelto a fojas cero el asunto y estas se mantienen. En el caso del canon, no ha habido mayores cambios y en verdad el dinero que ha entrado a Loreto ha sido pequeño por este concepto. Solo se ha cumplido la aprobación de las exoneraciones de IGV a los pasajes aéreos a Iquitos (y recientemente, también, a Puerto Maldonado).

Creo que el gobierno de García ha notoriamente dejado de lado la política del diálogo, y sin embargo, ha generado una de las mayores crisis amazónicas que se recuerden (desde la explosión generada en Iquitos en 1998, a raíz de los Tratados de Límites con Ecuador). Según el Mapa de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, el APRA deja más de 217 conflictos sociales irresueltos, entre ellos 9 en Loreto, los de materia minero-ambiental en Madre de Dios y el de Bagua en Amazonas, que es como una bomba de tiempo que no se ha desactivado aún.

La forma como se ha afrontado la crisis de Bagua es ilustrativa de la visión estrecha, reduccionista y facilista del gobierno aprista para solucionar los temas vinculados con la Amazonía.  Armar durante un tiempo una doctrina tan maniquea y abiertamente discriminatoria como la del “perro del hortelano” para, luego, sacar un paquete con más de 11 decretos legislativos absolutamente lesivos para los intereses ambientales, sociales y jurídicos de los departamentos afectados. La verdadera “Ley de la Selva”, que en el fondo parecía ser una versión de la táctica de tierra arrasada. Entre esos mecanismos había disposiciones tan absurdas e indignantes como las que permitían que los territorios de las comunidades indígenas pudieran ser vendidos con el voto de la mitad de asistentes a una asamblea comunitaria.

Hasta el año 2009, según la ONG ‘Save Americas Forest’, el 72% del territorio  Amazonía peruano (alrededor de 49 millones de hectáreas) estaba cedido en concesión para explotación de hidrocarburos. Cuando Alan García ingresó a su segundo mandato, el porcentaje de esas tierras era de 15%.

Después de la matanza de Bagua, el gobierno solo ha intentado, por un lado, limpiarse de responsabilidades políticas y penales (a través, por ejemplo, de un Informe en Mayoría aprobado en el Congreso) y por otro lado, ha generado aún más problemas, pues ha mecido a la población con una Ley de Consulta Previa que no fue aprobada, sino que, por otro lado no ha cedido a la presión de endurecer la represión contra potenciales amenazas a dichos intereses (el cierre de Radio La Voz de Bagua, la maniobra para quitar la residencia al ecologista británico Paul Mc Auley, Presidente de la Red Ambiental Loretana, los intentos por encarcelar a dirigentes sociales amazónicos). Un reciente informe de Jorge Arboccó, sobre los conflictos generados a partir de la mala aplicación de los mecanismos de justicia en comunidades de Moyobamba (San Martín) contribuyen a este panorama negativo.

Los graves daños que la explotación irracional de los bosques amazónicos ha generado durante el gobierno de García (pero no solo en él, en honor a la verdad) han generado grandes problemas en la salud y la vida de las comunidades y sus habitantes.   En comunidades de los ríos Tigres y Corrientes, territorio petrolero, el Ministerio de Salud encontró casi todos los niños examinados presentaban niveles no permitidos de cadmio en la sangre. El año pasado, por ejemplo, la contaminación que generaron 400 barriles de petróleo en la zona de Saramuro, río Marañón, distrito de Urarinas (Provincia de Loreto), hubo una actitud displicente, y casi hasta cómplice del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente, no obstante las evidencias presentadas por los estudios correspondientes. Lamentablemente, este no ha sido el único de los casos parecidos que se han generado, con la misma metodología negligente.

El año pasado, en una entrevista que le hice al analista José Álvarez Alonso, nos dio algunos datos muy reveladores sobre la situación social de la Amazonía: de acuerdo con cifras oficiales del INEI, mientras los índices de pobreza y pobreza extrema habían disminuido en el Perú en alrededor de 1% durante el 2009, pese al decrecimiento económico producto de la crisis económica global, en la Selva se incrementaron significativamente: en la Selva urbana la pobreza creció 1.2 puntos porcentuales (de 31.3%  en el 2008 a 32,5% en el 2009), y en la Selva rural hubo un incremento de 8,3 puntos porcentuales (de 49,1% en el 2008 a 57,4% en el 2009). Ese porcentaje se ha mantenido en términos generales durante el 2010.

Es muy poco probable que la mayoría de la población amazónica vaya a pasar por alto el calificativo que hizo García sobre los “ciudadanos de segunda categoría”. En realidad, muy poco se ha visto en términos de progreso material (en tecnología, infraestructura y seguridad), más bien se han ahondado las crisis sociales, pero se ha visto aún más una actitud hasta hostil e irrespetuosa del Presidente de la República. En ese sentido, el balance marca números rojos para el APRA en la región más extensa y biodiversa del país.