La entrega de los restos de 44 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno marcó una nueva jornada de restitución humanitaria en Ayacucho y volvió a poner en evidencia la magnitud de una deuda pendiente en el país: miles de familias aún esperan conocer el paradero de sus seres queridos.
La ceremonia se realizó en la Catedral de Ayacucho, donde familiares recibieron los féretros de las víctimas desaparecidas entre 1980 y 2000. Tras décadas de búsqueda, los restos serán trasladados a distintos distritos y comunidades, entre ellos Carmen Alto, Huamanguilla y Quinua, donde recibirán sepultura.
El acto estuvo acompañado por representantes del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Cruz Roja y equipos de atención en salud mental, que brindaron apoyo a los deudos durante la entrega de los restos.
Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando una familiar recordó que tenía siete años cuando presenció el asesinato de su padre y narró que su madre falleció sin llegar a verlo sepultado. Durante su intervención agradeció el trabajo de las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y pidió que los esfuerzos continúen para las miles de familias que aún desconocen el destino de sus parientes.
«Hay todavía 22 mil personas desaparecidas», expresó durante la ceremonia, al solicitar que las labores de búsqueda se mantengan hasta encontrar a quienes siguen sin ser ubicados.
La restitución permitió que 44 familias cuenten, por primera vez en más de cuatro décadas, con un lugar donde despedir y recordar a sus seres queridos. Entre los restos entregados figuraban personas como Juan Rojas Inostrosa, Teodosia Rojas Inostrosa, Felicita Saupucya Enciso, Delfina Pariola Quispe, Pedro Orea Amado y Dionisio Orea Amado, cuyos féretros fueron acompañados por sus familiares hasta el inicio de las ceremonias de inhumación.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE), administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Perú registra más de 22 mil personas desaparecidas como consecuencia del periodo de violencia ocurrido entre 1980 y 2000. La Ley N.° 30470 establece el enfoque humanitario para la búsqueda de estas personas, priorizando la localización, identificación y restitución de sus restos a las familias.
La recuperación e identificación de personas desaparecidas se desarrolla mediante investigaciones forenses lideradas por el Ministerio Público, en coordinación con diversas instituciones del Estado y organizaciones humanitarias. Cada restitución representa el cierre parcial de un proceso que, en muchos casos, ha durado varias décadas y que aún permanece pendiente para miles de familias en distintas regiones del país.
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