Una intervención realizada el 27 de enero en la cuenca del río Santiago, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), ha generado controversia entre la Federación de Comunidades Awajún del Santiago (FECAS) y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW). Mientras FECAS denuncia presuntas detenciones arbitrarias, torturas y despojo de bienes, la Nación Wampís rechaza estas acusaciones y sostiene que la detención fue una acción legítima, realizada bajo protocolos internos, para incautar y destruir insumos usados para la minería ilegal.
La denuncia awajún: retención y despojo
Según FECAS, comuneros awajún de la comunidad de Chipe Kusú fueron interceptados por integrantes del grupo de control territorial CHARIP, vinculado al GTANW, cuando se desplazaban por el río Santiago. La federación afirma que los intervenidos fueron retenidos contra su voluntad, amarrados, rapados de manera humillante y sometidos a agresiones físicas y psicológicas.
En su pronunciamiento, FECAS afirma que los comuneros habrían sido despojados de S/ 1,000 en efectivo, además de víveres valorizados en S/ 500, y que se les incautaron motores, mangueras, combustible, herramientas y otros equipos de trabajo. Frente a ello, la organización exige la devolución de los bienes, el esclarecimiento de los hechos y la intervención del Ministerio Público, al advertir una posible vulneración de derechos fundamentales.
La versión wampís: aplicación de protocolos y lucha contra minería ilegal
Desde el Gobierno Wampís, la lectura de los hechos es distinta. En un pronunciamiento público, la Nación Wampís señala que las intervenciones realizadas por el grupo de control territorial CHARIP se ejecutan en aplicación de un protocolo aprobado por la Asamblea de Uun Iirunin, el parlamento del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), y que en este caso dicho procedimiento fue respetado.
La organización indígena rechaza de manera expresa las acusaciones de tortura y maltrato formuladas por FECAS y niega que los intervenidos hayan sido despojados de pertenencias personales. Según su versión, durante la acción se constató la tenencia de insumos utilizados en minería ilegal como motores y mangueras, por lo que se procedió únicamente a la incautación y destrucción de materiales vinculados a la actividad ilícita, sin afectar dinero, celulares, alimentos u otros bienes individuales.
“La Nación Wampís actúa contra la actividad ilícita, no contra el patrimonio individual”, señala el pronunciamiento, en el que se insiste en que la detención fue una acción legítima orientada a frenar el avance de la minería ilegal y proteger el territorio integral wampís.
También subrayan los lazos históricos de respeto y coexistencia con el pueblo hermano awajún, y precisan que su lucha no va dirigida contra ningún pueblo, va contra la minería contaminante y destructiva, responsable de muertes, degradación de los cuerpos de agua y fractura del tejido social.
Llamados al esclarecimiento y al diálogo
El caso deja en evidencia las tensiones que atraviesan los territorios amazónicos frente al avance de la minería ilegal y la ausencia de una respuesta estatal sostenida. Mientras persisten versiones contrapuestas sobre lo ocurrido en el río Santiago, el esclarecimiento de los hechos y la intervención de las autoridades competentes aparecen como pasos clave para evitar una mayor escalada del conflicto y garantizar tanto la protección del territorio como el respeto de los derechos fundamentales en la zona.
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