La Reserva Nacional de Paracas está en el centro de una disputa que podría redefinir la forma en que se protegen las áreas naturales protegidas (ANP) del país. En los próximos días, el Poder Judicial deberá decidir si la pesca industrial puede operar dentro de estos espacios creados para resguardar la vida marina.
La controversia enfrenta a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), el gremio más poderoso del sector industrial, y al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Este 7 de noviembre, ambas partes se encontraron en una audiencia de apelación que reunió en una misma sala argumentos jurídicos, científicos y económicos.
Aunque popularmente este proceso se asocia a “Paracas”, su alcance va mucho más allá. La SNP busca abrir la puerta a la pesca a gran escala en todas las áreas naturales protegidas del país. Un fallo a su favor modificaría el reglamento que, desde hace más de veinte años, mantiene fuera a la pesca industrial de estos espacios y podría además influir en otro proceso judicial en curso, el de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.
Los alegatos de la última audiencia giraron en torno a una cuestión de fondo: ¿La normativa ambiental debe mantenerse como un escudo que proteja nuestros ecosistemas o puede modificarse para “compatibilizar” la pesca industrial con la conservación? El debate llegó a esta instancia luego de que, en junio de 2024, el Poder Judicial rechazara la demanda de la SNP. Aun así, el gremio apeló.
¿Qué planteó cada parte en esta audiencia decisiva? Y, sobre todo, ¿qué está en juego para el futuro del mar peruano? Aquí te lo contamos.
SNP defiende “compatibilizar” la pesca industrial con la conservación
La audiencia comenzó con la parte demandante. La SNP cuestionó la Directiva 006-2021 del Sernanp, que prohíbe la pesca industrial dentro de las áreas naturales protegidas. Su abogado, Samuel Abad Yupanqui, sostuvo que esta norma vulnera la ley y los principios constitucionales. También alegó que, al no haberse publicado por completo en el diario El Peruano, la directiva carece de validez.
Su defensa giró en torno a un argumento ya conocido, que las normas ambientales deben “compatibilizar” la actividad económica con la conservación. “La posición de la Sociedad Nacional de Pesquería y la que recoge la ley de áreas naturales protegidas es buscar una solución equilibrada, una solución razonable que permita, en determinadas zonas, la pesca de mayor escala con controles del Sernanp”, dijo ante los magistrados.
Para reforzar su argumento, el abogado citó el caso excepcional de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, donde hoy se permite la pesca industrial hasta los mil metros de profundidad. Con ese ejemplo, sostuvo que no existe una prohibición general y que el Sernanp actúa de manera incoherente al aplicar la directiva.
Sin embargo, esta comparación es engañosa. La Dorsal de Nasca enfrenta actualmente un proceso judicial que busca revertir precisamente esa excepción, por considerarla contraria al principio de conservación. Una posición respaldada por exministros del Ambiente y 21 científicos marinos quienes advierten que permitir la pesca industrial dentro de áreas protegidas no representa un “equilibrio”, sino una amenaza directa para los ecosistemas y los compromisos internacionales de conservación marina asumidos por el país.
El Estado recuerda que la pesca industrial está prohibida desde hace más de veinte años
Por su parte, el procurador constitucional Luis Alberto Huerta Guerrero, representante del Estado, centró su intervención en la continuidad normativa. Recordó que la prohibición de la pesca industrial dentro de ANP no nació con la directiva del 2021 que se busca impugnar, sino que está vigente desde el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas aprobado en 2001. En otras palabras, el Estado no inventó una restricción nueva, sino que la reafirmó.
Asimismo, respondió directamente a las declaraciones del abogado Samuel Abad, quien trató de deslindar la Reserva Nacional de Paracas del proceso actual. “Aquí no se discute nada sobre Paracas. Lo que se resuelva no incidirá en Paracas”, sostuvo el abogado de la SNP, intentando reducir el alcance del debate a una resolución específica.
Ante ello, el procurador le recordó que en octubre de 2023 fue la propia SNP quien acudió al Sernanp con un documento en el que pedía, de manera expresa, autorización para que sus agremiados puedan pescar en Paracas. Subrayó que aquella solicitud no mencionaba la directiva de 2021, sino que cuestionaba el reglamento de 2001, el mismo que prohíbe de forma clara la pesca industrial dentro de áreas protegidas. A ello, añadió que la presencia de la SNP en la reserva no es mínima, puesto que actualmente existen sanciones millonarias contra sus embarcaciones por ingresar ilegalmente a Paracas.
Huerta advirtió que la estrategia de la SNP no se limita a impugnar una norma aislada, sino que forma parte de una ofensiva más amplia para debilitar los marcos de protección ambiental del mar peruano. ¿Un ejemplo? Poco después de que se rechazara su demanda, la SNP acudió al Indecopi para intentar, por otra vía, eliminar la prohibición de la pesca industrial en áreas protegidas, alegando que se trataba de una “barrera burocrática”. Ese procedimiento fue suspendido en septiembre de 2024 porque el caso judicial todavía está en curso.
SNP usa una directiva reciente para evadir norma vigente desde 2001
En la audiencia de apelación también participó Luciano López, abogado de la organización Oceana, en calidad de tercero interesado. Durante su intervención, explicó que la estrategia legal de la SNP busca eludir las reglas usando como pretexto una norma más reciente, la directiva de 2021. Lo hace, señaló, porque si la SNP hubiera querido cuestionar la ley de las ANP, publicada en 2001, el plazo legal para hacerlo (cinco años) venció en 2006. Por eso ahora recurren a una directiva que en la realidad no crea una nueva restricción, sino que reafirma una norma vigente desde hace más de dos décadas.
El abogado también subrayó que la defensa de las áreas protegidas no recae solo en el Estado. Citó el pronunciamiento de más de 40 exministros, entre ellos ocho del Ambiente, además de científicos, exautoridades y gremios de pescadores artesanales, quienes han pedido sostenidamente al Poder Judicial actuar con responsabilidad y proteger el patrimonio natural del país frente a los intereses de la gran industria.
Exjuez del TC aboga por «equilibrio» entre pesca industrial y conservación
Como nuevo actor en el caso, también intervino en la audiencia Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, quien participó como tercero en representación de un sindicato de pescadores. Su intervención, sin embargo, coincidió por completo con la postura de la SNP. Blume defendió la posibilidad de permitir una pesca industrial “regulada” dentro de las áreas naturales protegidas y cuestionó el alcance de la prohibición vigente.
El exabogado de Dina Boluarte argumentó que el desafío es “encontrar un equilibrio” entre la pesca industrial y la conservación, citando artículos de la Ley General de Pesca que protegen los derechos adquiridos de empresas con concesiones o permisos anteriores, es decir, los llamados “derechos preexistentes”, que buscan permitir a ciertas embarcaciones seguir operando incluso cuando una ley lo prohíbe. Según él, una prohibición total de la pesca industrial sería “irracional”, ya que el mar peruano es «extenso y rico en recursos».
Sin embargo, su planteamiento reproduce el discurso que la gran industria pesquera ha mantenido durante años, usar la idea de “equilibrio” para justificar la entrada de flotas industriales en zonas diseñadas precisamente para alejar la presión extractiva. Expertos ambientales señalan que este argumento ignora el verdadero propósito de las áreas naturales protegidas, que no fueron creadas para compatibilizar con intereses económicos, sino para garantizar la conservación efectiva de ecosistemas frágiles y especies vulnerables.
¿Qué está en juego y por qué debería importarnos a todos?
La audiencia del 7 de noviembre mostró cómo esta disputa va mucho más allá de una noticia jurídica. Se trata de una pugna por el modelo de gestión del mar peruano. Por un lado, están quienes defienden las áreas naturales protegidas como espacios intangibles diseñados para conservar ecosistemas únicos. Por el otro, quienes buscan reinterpretar su régimen para permitir actividades de gran escala como la pesca industrial.
¿Y qué implicaría abrirles la puerta? Primero hay que entender la diferencia de esta actividad con la pesca artesanal, que sí está permitida dentro de las ANP. Las embarcaciones artesanales son pequeñas, con una capacidad limitada de carga, y utilizan métodos manuales o redes de poca extensión que generan un impacto mínimo en el ecosistema.
En cambio, los barcos industriales son mucho más grandes y operan con redes gigantes que arrasan con todo a su paso. Estas redes provocan enmallamiento masivo de especies, atrapando peces adultos, juveniles e incluso animales que no son su objetivo como tortugas, delfines y ballenas. Permitir su actividad en las ANP, como advierten los expertos, puede agotar los recursos del mar, romper las cadenas alimenticias y poner en riesgo la economía de las comunidades costeras que dependen de un océano saludable.
Por eso, los pescadores artesanales también han alzado la voz. En agosto de 2024, visitamos la Reserva Nacional de Paracas (RNP) para conocer su posición. “Llevo más de 40 años dedicándome a la pesca artesanal, maricultura y extracción de mariscos. Las embarcaciones artesanales más grandes tienen una capacidad de 10 toneladas, y las más pequeñas de 3 toneladas. En cambio, las embarcaciones industriales pueden almacenar entre 800 y 1200 toneladas. Permitir que estas embarcaciones ingresen sería el fin de la pesca artesanal en el futuro”, nos señaló José Hernández, miembro del Comité de Gestión de la RNP.
En pocos días, el Poder Judicial deberá tomar una decisión que marcará un precedente decisivo. De su fallo dependerá si las áreas marinas continúan siendo un escudo efectivo frente a la gran industria pesquera o un territorio abierto a la lógica de la extracción sin límites.
Un fallo favorable a la SNP no solo debilitaría la protección de las reservas marinas, sino que también podría reactivar procesos paralelos, incidir en el caso que se sigue con la Dorsal de Nasca, aún sin resolver, y alterar el frágil equilibrio entre explotación y conservación. Además, sentaría un peligroso referente que podría ser usado para extenderse a otros espacios protegidos, incluidos parques nacionales donde hoy están prohibidas actividades como la minería, la explotación de hidrocarburos y otras industrias de gran escala.
El fallo que emita el Poder Judicial definirá también el rumbo de la política ambiental del país. En un contexto de crisis climática y agotamiento de recursos, la decisión que tome la Sala será una señal sobre qué tipo de desarrollo queremos como país. ¿Uno que proteja su patrimonio natural o uno que lo sacrifique en nombre de la rentabilidad inmediata?
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