Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, recibirá una pensión mensual de 15.600 soles después de que la Oficina Legal y Constitucional del Congreso aprobara su solicitud. La decisión se basa en un informe de la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, Haidy Figueroa, fechado el 10 de julio, que destaca que, aunque Fujimori enfrenta acusaciones constitucionales y adeuda una reparación civil de 57 millones de soles, la Ley N.º 26519 establece que los expresidentes tienen derecho a una pensión.
El documento explica que la ley de pensiones para expresidentes requiere que estos no estén acusados constitucionalmente, salvo que una sentencia judicial los declare inocentes. La ley permite la suspensión de la pensión solo si se declara una acusación constitucional, lo que podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia según la Constitución. En consecuencia, el informe concluye que la solicitud de Fujimori para recibir la pensión es procedente.
Además de la pensión, Fujimori presentó tres requerimientos adicionales: la contratación de un asistente, la obtención de vales de combustible para un vehículo registrado a nombre de su fallecida exesposa, y la solicitud de pensión basada en la Ley N.º 26519. Estas solicitudes, que datan de enero, marzo y abril de este año, fueron gestionadas en línea con el acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso de 2016.
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