– Iquitos ocupa segundo lugar en trata de personas
Más de mil víctimas
La división de TRATA de personas de la DIVINCRI recomendó llamar al 0800-2-3232 (línea gratis) en caso de alguna denuncia.
Escribe: Keylita Silvano.
Cuando el sueño por un mejor porvenir se convierte en una pesadilla de la que no puedes despertar fácilmente, robando la inocencia a muchos, privando de la libertad a las víctimas, bajo amenazas, fraude, engaño, abuso de poder con fines laborales o sexuales. Cuando por creer que en otro lugar estarás mejor que en tu tierra, terminas siendo víctima de TRATA de Personas.
El mito de que las chicas de la selva son “calientes, ardientes y hasta fogosas” ha llevado a que los traficantes de personas centren su atención en las ciudades principales de la selva como Madre de Dios, Iquitos, Nauta, entre otros.
En el sistema RETA de la PNP, a nivel nacional, se señala que hasta junio del 2011 se atendieron 488 denuncias por trata de personas con 1372 víctimas de las cuales 686 son menores de edad. De los 686 menores de edad, 619 son mujeres. Siendo 572 víctimas entre 14 y 17 años (44%), 584 entre 18 y 30 años (45%).
El presidente de la Corte Superior de Justicia, Aldo Atarama Lonzoy, declaró a la organización CHS que “La trata de personas en Loreto siempre ha existido, la diferencia es que ahora se están haciendo campañas con la finalidad que la gente entienda que es considerado de lesa humanidad. A veces se genera una aceptación por parte de los padres por la pobreza y algunos aceptan ofertas de empleo que se convierten en cárceles de seres humanos donde prácticamente ni los dejan comunicarse con sus familiares”.
Las ciudades con más casos de Trata de Personas son Cusco con 53 casos, seguido de Iquitos con 51 casos, Madre de Dios y Arequipa con 30 casos, Juliaca 25, Moquegua 16, Tacna 15, Lima con 11 y Puno con solo 4 casos.
Existen algunos factores que hacen más vulnerables a las personas de ser víctimas de trata de personas, entre ellas familias desintegradas, situación de pobreza, limitada instrucción o educación. La falsa oferta de trabajo, la seducción y el uso de la fuerza son modalidades frecuentemente encontradas en los casos atendidos por CHS-alternativo.
La forma de captación más común es a través de falsas ofertas de trabajo. Aunque los explotadores son principalmente hombres, muchas mujeres participan en calidad de cómplices para captar a las víctimas. Los sueldos prometidos siempre están por encima del monto que las personas a ser captadas pueden ganar en los lugares donde trabajan.
Una vez que la víctima es captada es forzada a iniciarse en la actividad sexual o laboral, a través de violencia o imposición, situación que con frecuencia incluye amenazas de muerte contra ella o sus familiares. Cuando la víctima ya está inmersa en la situación de explotación, el control se torna más agresivo: la victima tiene poco o ningún contacto con el exterior y, por lo general, se la “mueve” de una ciudad a otra para favorecer el desarraigo.
En otra parte del reporte de CHS-alternativo el presidente del Corte Superior de Loreto menciona que “la principal dificultad es que la gente no ve a la trata como delito sino como algo normal. Cuando se produce el distanciamiento y ha pasado un buen tiempo es cuando la familia denuncia, eso significa que las denuncias son tardías, aunque igual importantes, pero el problema es que las personas ya han sido explotadas”.
El centro de atención legal y psicológica de CHS-alternativo ofrece atención gratuita a víctimas de trata de personas y delitos afines. También se atiende a familiares de desaparecidos, que por su condición de inubicables, se encuentran en mayor riesgo de ser captados y retenidos por organizaciones o personas que buscan explotarlos.
Erika Valera, encargada de la parte legal de CHS-alternativo, dice que muchas de las victimas que lograron llegar a CHS es porque se liberaron por sus propios medios, por la acción de terceros o por operáticos de la policía y el Ministerio Público. Sin embargo, no siempre las denuncias de los familiares o amigos fueron atendidas con prontitud y hasta las que hace la propia agraviada no ha sido recibida, desconfiando de la victima e incluso haciéndola sentir responsable de su situación.
Desde el momento en que la víctima es rescatada o escapa y sienta su denuncia, el Estado tiene la obligación de preservar la identidad de la persona, asegurando su protección. Esto es aún más sensible en el caso de menores de edad. Por otro lado existe un vacío en el funcionamiento de albergues para victimas mayores de edad, que por lo general se encuentran desprotegidas y sin recursos económicos.
