ESCRIBE: Leonardo Inga
Durante los últimos años, nuestro país se ha visto afectado por actos de corrupción cometidos por diferentes políticos y empresarios, entre ellos, ex presidentes de la república, gobernadores regionales, alcaldes y funcionarios. Dichos actos han sido protagonizados por diferentes empresas constructoras, brasileñas y peruanas, que forman parte, a la vez, del caso Lava Jato, comprendiendo varios delitos penales, como son; cohecho, colusión, negociación incompatible, asociación ilícita y tráfico de influencias; así como la entrega de dinero ilegal en favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales, lavado de activos y organización criminal. Todo ello, ha ocasionado graves consecuencias en el ámbito político y empresarial.
En ese sentido, los últimos cinco presidentes, al término de sus mandatos, no han podido demostrar una gestión limpia y transparente, ya que, como bien sabemos, actualmente, se encuentran con medidas de prisión preventiva y, hasta encarcelados, siendo procesados por el Poder Judicial. Dentro de ellos se encuentra Alberto Fujimori (1990-2000), quien, en el año 2009, fue condenado a 25 años de prisión efectiva. Asimismo, Alejandro Toledo (2001-2006), a quien, en abril de 2017, se le ordenó prisión preventiva. A su vez, en el caso Alan García (1985-1990/2006-2011), la fiscalía peruana aprobó, en el año 2017, ampliar por 36 meses las investigaciones a sus cuentas bancarias, por la sospecha del delito de lavado de activos; además, su nombre figura entre los que habrían recibido dinero de la constructora Odebrecht. Por otro lado, a Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia, les dictaron 18 meses de prisión preventiva, además de ello, fueron acusados por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, según la declaración ofrecida, en un tribunal, por Marcelo Odebrecht. Por último, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), renunció, al cargo de presidente, el 21 de marzo de 2018, un día antes que el Congreso votara una solicitud de vacancia, formulada por sus presuntos vínculos con la empresa Odebrecht; encontrándose, actualmente, cumpliendo arresto domiciliario.
Cabe mencionar que, una situación similar se ha presentado en las diferentes regiones del país, donde ex gobernadores han estado implicados en casos de corrupción a lo largo de los últimos años. Sus procesos judiciales se remiten, en ocasiones, a hechos ocurridos durante su gestión, o a investigaciones que estaban en curso, antes que asumieran el cargo. Entre ellos encontramos el caso de César Álvarez (Ancash), Alex Kouri y Félix Moreno (Callao), Jorge Acurio (Cusco), Gregorio Santos (Cajamarca), Klever Meléndez (Pasco), Gerardo Viñas (Tumbes), Javier Atkins (Piura), César Villanueva (San Martín), Vladimir Cerrón (Junín), etc etc etc.
En este contexto, la figura del Juico por Residencia, tomaría un lugar importante en la lucha contra la corrupción, ya que se debe establecer que los Presidentes de la República y Gobernadores Regionales, al concluir su mandato, no puedan salir del territorio nacional, sin el consentimiento del Congreso de la República, por un período no mayor a 12 meses, desde la fecha que dejó el cargo. Asimismo, el Juicio de Residencia no requiere de la existencia o presunción de algún delito, sin embargo, es una forma de fortalecer nuestra democracia, a través de una rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del estado, si fueron, o no, utilizados de forma correcta, y así lograr la transparencia necesaria para retomar la credibilidad y confianza en la clase política del país
Cabe resaltar que existen varios países en la región que, en su Constitución, vienen aplicando el Juicio de Residencia; siendo un caso a mencionar el de nuestro hermano país de Colombia que, en su Constitución Política, hace referencia al proceso de Juicio de Residencia, establecido en su artículo 196, “El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”.
Como hemos podido observar, la corrupción se encuentra enquistada en nuestro país y no podemos esperar varios años para que las autoridades, antes mencionadas, rindan cuentas al país y a sus respectivas regiones.
Ante esta situación, estoy presentando un proyecto de ley de reforma constitucional para instaurar el Juicio de Residencia para el Presidente de la República y el Gobernador Regional, a fin de proteger la institucionalidad democrática, en base a una gestión limpia y transparente, sin defraudar al pueblo que confió en ellos, eligiéndolos como sus autoridades.
Con esta iniciativa legislativa, el juicio de residencia nos resulta válido y vigente, siendo un mecanismo de control; para acometer contra la actuación arbitraria e ilegal de las autoridades, desde una perspectiva preventiva, buscando el fortalecimiento del sistema de responsabilidades de los funcionarios en quienes la ley deposita el ejercicio del poder público.
Desde el Congreso de la República, seguiremos luchando contra todo tipo de actos de corrupción, en busca de la transparencia y bienestar para todos los peruanos.
¡Sigamos Adelante!
