Suspendió a otros 14, seis de ellos burgomaestres y un gobernador regional
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) vacó en el cargo a 63 autoridades regionales y municipales durante el 2019, entre ellos a dos alcaldes provinciales y cuatro distritales, además de 46 regidores distritales, siete concejales provinciales y cuatro consejeros regionales.
De acuerdo con un reporte de la Secretaría General del JNE, la vacancia de las referidas autoridades elegidas en las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2018 se produjo por condena consentida por delito doloso, nepotismo, inasistencias injustificadas a las sesiones, entre otras causales.
Entre los vacados figuran los alcaldes distritales de Chala (Caravelí, Arequipa), Víctor Tomás Pacheco Puquio, y de Yaguas (Putumayo, Loreto) Héctor Montoya Dávila, quienes fueron apartados por la causal de nepotismo.
Pacheco Puquio fue señalado de haber contratado los servicios de un grifo de combustible en el que su hermana era socia de la empresa, por lo que el Pleno del JNE consideró que había vulnerado el Reglamento Interno de Contrataciones de la comuna de Chala. En tanto, Montoya Dávila fue vacado por contratar a su cuñado como vigilante de la municipalidad.
Asimismo, el Pleno del JNE determinó la vacancia de cuatro consejeros regionales por registrar condenas consentidas o ejecutoriadas. Todas estas autoridades fueron apartadas de sus funciones por incurrir en diversas causales, previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Los departamentos que presentaron más casos de vacancia de alcaldes distritales y regidores fueron Lima Metropolitana (8), Junín (7) y Arequipa (7).
14 autoridades suspendidas
La Secretaría General del JNE reportó, además, que entre enero y diciembre de 2019 fueron suspendidas 14 autoridades, entre ellas un gobernador, dos alcaldes provinciales y cuatro distritales por mandatos de detención y sentencia judicial.
En el caso del gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, el Pleno del JNE lo suspendió debido a que fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín por el delito de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo en una obra en La Oroya.
