Loreto será la segunda región del Perú en iniciar la implementación del tratamiento en adicción a población LGTBI.
El entrenamiento está dirigido a profesionales de hospitales generales priorizados y Centros de Salud Mental Comunitarios, pertenecientes a la Dirección Regional de Salud de Loreto. Los equipos de salud multidisciplinarios provienen de los servicios de salud mental y de infectología quienes podrán mejorar el nivel de conocimiento, competencias y habilidades para brindar una atención oportuna y de calidad a la población en condiciones de vulnerabilidad que abusan de sustancias.
Asimismo, el programa permitirá contribuir y responder a los lineamientos en el marco de la reforma de la salud mental, de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas – ENLCD 2017 – 2021, y otros relacionados con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
El currículum especializado “La intersección entre Uso de Sustancias, Orientación Sexual e Identidad de Género” (SOGI en sus siglas en inglés), se realiza con el apoyo del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA); y el financiamiento de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (SAAL), de la Embajada de los Estados Unidos y CARE Perú institución encargada de la implementación.
El lanzamiento nacional del plan académico de capacitación SOGI, de formación de facilitadores regionales se realizará este lunes 2 de diciembre en el Auditorio del Gobierno Regional de Loreto a las 9:00 a.m.
DATOS:
El Minsa, en el marco de la Reforma de Salud Mental, tiene el Reglamento de la Ley N° 29889, DS N° 033 -2015-SA, que tiene como finalidad garantizar que las personas con problemas de salud mental tengan acceso universal y equitativo a las intervenciones de promoción, tratamiento, recuperación y rehabilitación psicosocial con visión integral y enfoque comunitario, de derechos, género e interculturalidad en los diferentes niveles de atención en todo el ámbito nacional.
El MIMP, en el año 2016, conformó dos mesas relacionadas a temáticas de poblaciones en condición de vulnerabilidad cuya finalidad es desarrollar acciones para la protección de sus derechos fundamentales y la promoción del ejercicio de estos, así como a la construcción de propuestas de lineamientos de políticas públicas inclusivas.
