A ocho días del derrame
La Gerente de Gestión Social y Comunicaciones de la empresa PetroPerú, Beatriz Alva Hart, solicitó más efectivos policiales para acordonar la zona donde se produjo el derrame de petróleo, kilómetro 237, comunidad nativa Nuevo Progreso. Esto les facilitará el retiro del crudo para evitar un mayor impacto ambiental. Por la última inspección al oleoducto en marzo, consideró, que no se trata de una corrosión sino un “atentado” que se podrá comprobar con el arreglo.
Recordó que desde el 18 de junio, fecha del derrame, no han podido intervenir pese a los intentos de diálogo. “Queremos hacer los pórticos para levantar la tubería y averiguar si es corte u otra cosa”, resaltó Alva quien alertó que el petróleo avanza al río Marañón. El lunes se retiró el equipo técnico de la estación 5. “Los han metido a una carceleta y los han ‘ishangeado’, incluido a la Policía. No podemos exponer a nuestro equipo”.
También informó del envío de documentos y denuncias durante el 2017 y 2018 al Ministerio Público para las investigaciones por los “atentados” registrados principalmente en el tramo II y el Ramal y consideró que son 18 carpetas en Fiscalía por atentados contra Oleoducto que “están durmiendo” y no hay ningún procesado. “En Mayuriaga hubo corte y no hay ningún procesado. Hemos enviando cartas a la nueva fiscal de la nación para la conformación de las Fiscalías Ad Hoc porque las Fiscalías de San Lorenzo y Nauta no irán a ningún lado. Se respira impunidad”, agregó.
Asimismo, PetroPerú presentó la segunda etapa del Plan de Desbroce de Derecho de Vía y Sistema de Vigilancia Participativa del Oleoducto Nor Peruano (ONP), que busca establecer un mecanismo sostenible de empleo local transparente y fortalecer el relacionamiento con las comunidades vecinas al ducto.
Esta forma de trabajo permitirá incrementar la dinámica económica de la zona, creando oportunidades laborales para los ciudadanos de las 95 comunidades colindantes al ONP, mediante un sistema de empleo local rotativo sobre la base de información que será validada en las asambleas comunales.
La Gerente de Gestión Social y Comunicaciones, Beatriz Alva Hart, precisó que se trabajará con las comunidades colindantes a los tres tramos del ONP, beneficiando alrededor de 11 mil pobladores. “Ya hemos iniciado la etapa de convocatoria de proveedores y se estima iniciar los servicios en el mes de julio. Las empresas deberán priorizar el 100% de la contratación de mano de obra local”, puntualizó.
