Ante informe de Contraloría de los 10 millones en pagos a funcionarios, señalan
La Contraloría General de la República determinó que entre los años 2012 y 2016 varios funcionarios de la Municipalidad Provincial de Maynas provocaron un perjuicio económico de más de 10 millones de soles a la entidad a través del pago de “bonificación por función directriz e incentivo laboral por productividad”. Todos los funcionarios y exfuncionarios consultados por Pro & Contra para este informe negaron cualquier responsabilidad y señalaron que son totalmente inocentes.
En realidad, el pago por productividad (Pro & Contra elaboró un informe detallado cuando era alcalde de Maynas el actual congresista Juan Carlos del Águila Cárdenas) siempre ha estado en el ojo de la tormenta porque se entrega indiscriminadamente y con cierta arbitrariedad. Todo ello provoca cierto descontento entre los empleados porque no se tiene criterios exactos para elegir a las personas ni los montos que perciben. Fue una denuncia hecha por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Maynas ante SERVIR que inició lo que acabó con el informe de Contraloría. Pues fue inicialmente SERVIR que recomendó que se suspendiera dicho pago. La alcaldesa Adela Jiménez tomó conocimiento de ese informe y suspendió la bonificación. Pero creó otro mecanismo que incluso fue aprobado por sesión de Concejo. El caso más emblemático fue el de la contratación de Carlos Pezo, entonces gerente general que tuvo que cambió la modalidad de contrató para que no disminuya el monto mensual recibido.
Pro & Contra consultó con uno de los involucrados, Víctor López Orihuela. El exgerente de la MPM dijo que la alcaldesa nunca debió suspender el pago porque era totalmente legal. “Hasta ahora no entiendo por qué Adela Jiménez dejó de pagar”, señaló. Según López Orihuela no debieron suspender el pago por el informe de Servir porque la misma sociedad auditora recomendó elaborar directivas anuales para estos beneficios que no tenían efectos pensionarios y que desde ahí comienza erróneamente el informe porque no tienen carácter pensionario. Preguntado sobre cómo se decidía los montos y funcionarios que gozaban de este beneficio, López explicó que en las mismas directivas se establecía los criterios y “estaba destinado a gerentes, subgerentes y a uno que otro personal de confianza”. López admite que se pagaba con recibos simples elaborados por la MPM. “Se habla que en la Contraloría le tienen hambre a Adela”, advierte aunque reconoce que no existe ninguna prueba para demostrar esta afirmación.
Por su parte David Perea, actual asesor de la Municipalidad Provincial de Maynas y quien hace varios meses es conocido por su defensa de la gestión de Adela Jiménez, ha dicho que no existe ningún ilícito penal en ese pago y que llama la atención que sólo se elabore un informe sobre los años 2012 – 2016 cuando antes se realizaba similares pagos. Además, anotó, en otras municipalidades se paga actualmente esa productividad. Perea enérgicamente dijo que no ha cometido ningún ilícito y que las imputaciones del órgano de control no tienen sustento. “No entendemos con qué propósito se hizo este informe si en todas las municipalidades se realiza este pago, que coincidencia que solo se fijan en la municipalidad de Maynas y no en las demás. No sabemos qué tipo de gente contratan en la Contraloría porque no hacen bien sus funciones y recalcó no hay nada de malo en esos pagos”, declaró Perea.
La noche del jueves en el programa Pro & Contra TV el gerente de Control de Iquitos de la Contraloría General de la República, Emerson Rucoba Tananta, adelantó que la entidad ya había entregado el informe a la MPM sobre el perjuicio económico y que la cifra de más de 10 millones era producto de un trabajo técnico. Hasta ese momento ni los funcionarios de la MPM ni el entorno de la alcaldesa Adela Jiménez daban tanta importancia al tema. Pero el lunes fue principal tema en la agenda mediática en Iquitos.
Manuel Noriega, actual asesor del congresista Juan Carlos del Aguila y exgerente de la MPM, aseguró a Pro & Contra que en los seis meses que estuvo en el cargo no cometió ningún ilícito y considera que la Contraloría comete un exceso en este informe porque todos los pagos están sustentados. “Incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto”, dijo. Agregó que lo preocupante de todo es que se pide la devolución de lo recibido y eso en la práctica es imposible. “Se crearía un caos en la administración pública porque más de 1,800 municipios quedarían sin funcionarios, nadie quisiera trabajar en esas entidades por la baja remuneración”, acotó al momento de señalar que todo esto provoca escándalo y nada más.
RECUADRO
El informe de Contraloría:
1.- Por el pago de bonificación entre el 2012 y 2016 se evidenció que los funcionarios elaboraron, autorizaron y aprobaron directivas, las cuales inobservaban las restricciones presupuestales. Los hechos descritos transgreden lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley del Servicio Civil, la Ley de Bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del Sector Público.
2.- Se ha generado un perjuicio económico a la MPM por S/10 007 856,00, originado por el accionar de los funcionarios, quienes anualmente elaboraron, autorizaron y aprobaron directivas internas para el pago mensual de bonificaciones, no obstante que las mismas vulneraban la normativa de presupuesto de cada año; así como por el accionar de la titular de la Entidad, quien en su calidad de responsable de la gestión presupuestaria en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación y control del gasto, omitió vigilar la gestión del gerente Municipal, a quien durante los años del 2013 al 2016 le delegó la función de aprobación de directivas entre ellas la del otorgamiento de bonificaciones.
3.- Se recomienda remitir el informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe y se comunica a la alcaldesa Adela Jiménez que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría General de la República, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios y servidores.
4.- Se pone en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados.
5.- Se pone en conocimiento del pleno del Consejo Municipal para que adopte los acuerdos que correspondan, acto que deberá constar en el acta de sesión de consejo convocada para dicho efecto.
Funcionarios comprendidos:
1.- CHARLES MAYER ZEVALLOS EYZAGUIRRE.
2.- ADELA ESMERALDA JIMENEZ MERA
3.- LUIS ALBERTO LUNA MINCHOLA
4.- MANUEL ANDRES NORIEGA TELLO
5.- DORIS PAREDES OROCHE
6.- VICTOR FELIX LOPEZ ORIHUELA.
7.- CARLOS ANGEL PEZO VASQUEZ.
8.- ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ.
9.- NANCY ELIZABETH NORIEGA NORONHA.
10.- JONATHAN DAPENA MORALES.
11.- DAVID ELVIS PEREA SANCHEZ.
12.- VICTOR DE VIVANCO MERA.
13.- URTINA DAVILA TORRES.
14.- CARLOS VILLEGAS TALLEDO
15.- JORGE WASHINGTON PALACIOS CRIOLLO.
16.- MARCO ANTONIO MESIA RODRIGUEZ.
17.- JHONN KELSEY ROLDAN REATEGUI.
18.- VICTOR RAUL DE LA CRUZ VILCHEZ
