Hace dos décadas era imposible pensar en realizar una reforma que contemple justicia en derechos laborales y económicos para el servidor público peruano. Los índices económicos no eran tan favorables, los sindicatos no estaban preparados para hablar de una reforma que pase por reformarlos y actualizarlos a ellos en función a las nuevas demandas y, valgan verdades, ninguno de los últimos cuatro gobiernos le interesó el tema porque creyeron que el modelo inaugurado por Fujimori le bastaba un piloto automático y así fue. Hace 20 años no, pero después si se ha podido, pero tampoco les ha interesado.
¿Para qué pelearse con todo mundo? Seguramente pensaba Toledo, García, Humala y sus acólitos que también le temían a los ya “famosos poderes fácticos” o “la mano que mece la cuna” que no son otros que el grupo de los 20, los poderosos que hacen escuela y que es de donde salen los funcionarios que gestionan el aparato estatal. Reformar el estado consistía en ordenar en funciones, competencias y salarios en relación a la importancia de tienen las profesiones y oficios en nuestra sociedad. Así, un efectivo de la PNP no podría ganar más que un médico o un docente por más peligro que puede tener en sus funciones básicas. Una secretaria de un ministerio, por más responsabilidad que tenga de los documentos que redacta, no puede convertirse en una aristócrata de la noche a la mañana así su jefe sea un ministro o el propio presidente.
Reformar el estado podría poner en real dirección en búsqueda de la justicia social del trabajador que por siglos ha reclamado el país. La reforma del estado no es sólo decisión de la derecha para hacerla más operativa en función de intereses empresariales, qué es cómo entienden algunos estas reformas, es decir, hacerla de modo que calce para que el empresario amigo del gobierno gane más dinero, genere plusvalía y siga la cadena de injusticia que además genera violencia y desilusión nacional. Implicaba que cualquier grupo político con mirada de futuro impulsaba una gran asamblea nacional donde estén todos y, con bastante sudor y lágrimas, salía adelante la reforma.
Esa, es la gran tarea pendiente y que ningún temeroso mandatario, incluido el actual, quiere emprender. Por eso nos sigue disgustando que los maestros aún en su totalidad no vuelvan a clases por más que su piso laboral haya subido a dos mil soles. Los 400 mil que existen aún pueden pensar que un efectivo PNP sin mayor formación sólo al egresar casi llegue a los 3 mil soles. ¿Alguien puede pensar que al estado en general le importa la educación con esos sueldos? Por eso siempre habrá espacio para el reclamo y excusas para la huelga. Uniformizando salarios, las evaluaciones en todo el aparato estatal ni siquiera se discuten, actualmente deberían ser parte normal del desenvolvimiento de un servidor.
¿Por qué entonces sólo al maestro se le evalúa con la posibilidad de sacarlo de su trabajo? No hay justicia en función a otro servidor del aparato estatal. No estamos hablando de faltas y delitos al que todo profesional está expuesto, sino sólo evaluaciones por efecto del ejercicio de su profesión. Acaso al médico se le retira porque no atendió bien en tres evaluaciones o curó sin seguir protocolos, acaso al efectivo PNP se le retira porque no tiene record de detenciones o la enfermera porque trató mal al paciente. Sin reforma del estado en el sector laboral no habrá justicia y siempre estaremos a la amenaza o de huelgas o de tener servidores públicos mediocres.
