Exparlamentario y abogado Augusto Vargas Fernández:
El abogado Augusto Vargas Fernández asegura que este tema nunca debió llegar siquiera a juicio oral y que no tiene argumentos jurídicos sino explicaciones políticas. Además el principal acusado, según el expediente, ha terminado declarando que Fernando Meléndez, actual gobernador le entregó dinero para financiar campaña contra Iván Vásquez Valera y que se recaudó más de un millón de soles con este fin.
El abogado Augusto Vargas Fernández fue enfático en señalar que en el tema denominado “Caso Planillones” que la aberrrante imputación contra Iván Vásquez y la inquina judicial en su contra, no tiene límites, así, el Fiscal lo denuncia como cómplice, además del Delito de Estafa, por el delito de Destrucción de Documentos que sirve de Prueba en un Proceso, en verdad, está es la imputación original, le agregan la Estafa solo con la finalidad de aumentar la pena. Pero la imputación por el Delito de Destrucción de Prueba, es igual o más absurdo que el de Estafa.
Vargas Fernández señala que para que este delito exista, como es elemental, “debe existir previamente un proceso y el proceso de revocatoria de autoridades solo empieza cuando el JNE convoca a la consulta popular de revocatoria, hecho que nunca se produjo. En la Región Loreto, no hubo consulta popular para revocar a Iván. La pregunta cae de madura: ¿cómo puede destruirse la prueba de un proceso que no existe? Nunca hubo proceso, en consecuencia nunca hubo prueba que destruir. Lógica elemental, no se necesita ser abogado para entender, bastan dos dedos de frente de sentido común. Y sin embargo está en juicio oral, incluso con la posibilidad de ser condenado. ¿Y quieren que guarde silencio? Cuando debería indignar a todos, hasta a sus adversarios políticos. No se trata del derecho de Iván, es el todos”, refirió.
El exparlamentario aseguró que si le pidieran que mencione un caso ejemplar de “cómo un absurdo lógico y jurídico, puede llegar, en nuestro sistema penal, hasta el juicio oral, que es la última etapa del proceso, mencionaría sin dudar que ese es el caso denominado de “Los Planillones”. Según la Fiscalía el delito de estafa fue cometido por Luis Aguilar en condición de autor y los hechos supuestamente se produjeron de esta forma:
1.- En Febrero del 2012, el señor Aguilar se contactó con los miembros del Comité de Revocatoria ( COMANDEL), con la intención de engañarlos.
2.- Ese mismo mes, inducidos al error por el Señor Aguilar, los miembros del COMANDEL, presidido por el finado Dr. Donayre, acordaron pagarle honorarios (S/16,000.00).
3.- Los meses de Febrero, Marzo, Abril, pagaron al Señor Aguilar, produciéndose un desprendimiento patrimonial de parte de COMANDEL y un beneficio patrimonial para Aguilar.
4.-Recién el 6 de Mayo del 2012 Iván Vásquez se contacta con Aguilar y el día 7 de Mayo se queman 40,000 firmas.
Por supuesto, el Fiscal no ha probado ninguno de estos hechos. Pero se tiene que ver si la conducta imputada a Iván constituye delito de Estafa. Este delito, afirma Vargas, “se configura cuando el delincuente engaña, a consecuencia de ello las víctimas entran en error y se desprende de su patrimonio, obteniendo el delincuente un beneficio económico, en esa secuencia. Listo, en ese momento el delito se ha consumado. Ya nadie más puede participar en la realización del delito. En este caso, según el fiscal, Iván intervino en Mayo del 2012, es decir, cuando la acción delictiva había concluido. No se puede ser cómplice de la realización de una conducta que ya concluyó. Es como si a usted le acusaran de matar a un muerto. Absurdo. La única razón para que llegara a esta etapa no es jurídica, es política”, argumenta Vargas.
