En agosto de 2010, los gobiernos de Perú y Ecuador firmaron un convenio binacional que tenía por objeto ampliar la frontera agrícola peruana en la costa norte con la incorporación de 19,550 hectáreas de nuevas tierras. Era importante lograr esa incorporación porque el Perú venía experimentando desde 1993 un despegue y un crecimiento sostenido de su actividad agroexportadora no tradicional, lo cual se explica por las condiciones favorables que desde el Estado se han ido creando gobierno tras gobierno, entre ellas: entorno legal, fomento de inversiones, irrigaciones, incentivos económicos, regímenes sociales, solidez institucional, servicios de apoyo a la exportación, tratados de libre comercio, etc.
En ese contexto de ascenso agroexportador, que se tornó dinámico y de altos picos a partir de 2007, el convenio binacional representaba una gran oportunidad para apuntalar, fortalecer y potenciar el dinamismo agroexportador de nuestro país, a través de un proyecto que consistía en la construcción de una represa derivadora en el río Puyango-Tumbes desde donde saldría un canal de 58 kilómetros por el lado peruano y de 21 kilómetros por el lado de Ecuador, a un costo de 296 millones de dólares, correspondiéndole a Perú el 40% y a Ecuador el 60%, aproximadamente, del monto de inversión.
El proyecto tenía tres finalidades: el aprovechamiento racional de los recursos naturales de la cuenca binacional Puyango-Tumbes, la protección de las áreas agrícolas mediante el manejo de cuencas y la regulación de caudales y el control de inundaciones. Todo lo cual representaba menores costos de producción, generación de empleos, mejores ingresos familiares e incremento del valor de la propiedad de la tierra para 245 mil personas beneficiadas directamente. Para la economía nacional representaba un aumento de su oferta y volumen de agroexportación no tradicional, y, por ende, mayores ingresos fiscales derivados de la entrada de divisas y del pago de impuestos a la renta y a las ventas por parte de los exportadores.
Sin embargo, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo que en nuestra historia ha ocurrido tantas veces: que el mayor enemigo de un peruano es otro peruano. Como el convenio fue firmado por el gobierno de Alan García, el siguiente gobierno del señor Humala se desentendió del proyecto, no avanzó ni un milímetro más, ni desembolsó un sol más, lo paralizó todo. Ante esta situación, en 2014, Alan García dirigió una carta abierta a Humala recordándole que el proyecto quedó con contrato para el financiamiento y listo para el comienzo de obras, y que al no haber interés por parte del gobierno peruano, “corríamos el riesgo de que el proyecto pierda su carácter binacional y que Ecuador comience solo la parte de las obras que le beneficia”.
Ahora nos lamentamos. Perú no incorporó 19,550 hectáreas de nuevas tierras a su agricultura de exportación, con todo lo que eso significa en términos de bienestar para las familias y de ingresos para la economía nacional; tampoco protegió las áreas agrícolas existentes, ni tiene en este momento la infraestructura para regular los caudales y controlar las inundaciones que asolan su costa norte. Por el contrario, Ecuador, presidido por Rafael Correa, hizo en su frontera las obras que el gobierno de Humala se negó a hacer en Tumbes, incumpliendo irresponsablemente las obligaciones de nuestra nación asumidas en el convenio binacional. El fenómeno climático que se da en Perú y Ecuador, impacta gravemente al primero y en menor escala al segundo, porque éste está mejor preparado, ha actuado con visión de país, no se ha dejado llevar por la mezquindad política, no ha tomado la decisión estúpida de no continuar lo que su antecesor dejó, y hasta se ha dado el lujo de enviar 30,000 litros de agua como ayuda humanitaria al Perú.
¡Cuánto daño le hace al país la mezquindad política! Esa carencia de nobleza de espíritu que retarda el progreso social. ¡Cuánto perjuicio produce la estupidez que ha ido erigiéndose paulatinamente como una conducta aceptada en el universo político peruano!. Una estupidez que se encubre bajo diferentes caretas: o opositor implacable a un gobierno, censor pullero de un personaje público o fiero acusador de algún adversario.
La factura de esta mezquindad, de esta estupidez humalista, la estamos pagando todos los peruanos, pero especialmente las miles de familias del norte del Perú.
