En el Día del Orgullo Gay, Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), profundiza sobre la situación que esta comunidad atraviesa en Perú. Sostiene que el Congreso que se aproxima no será diferente a los anteriores, pues volverá a negarles los derechos por los que luchan desde hace años. Asimismo, considera que el Estado tiene una deuda histórica con los LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), a quienes les ha tratado de “arrancar su propia condición humana”, alimentando más la homofobia y repulsión hacia el colectivo.
P.- Hubo diversas reacciones frente a la tragedia en Orlando contra la comunidad LGTBI. El presidente Ollanta Humala lamentó este hecho y lo calificó de acto “terrorista”, sin embargo no hizo mención alguna respecto a actos homofóbicos. ¿Por qué en Perú no se reconoce que la homofobia puede llegar a matar?
R.- Creo que las declaraciones de Ollanta Humala se deben, en primer lugar, a que ha seguido las pautas de las declaraciones de Obama en relación a que esto obedecería a un acto terrorista. Y, en segundo lugar, se explica también con la postura personal del presidente que no está definida y no es proactiva en relación con la situación de violencia y exclusión en la que viven estas comunidades en el país.
P.- ¿No se está considerando la gravedad del tema?
R.- Tengo la impresión de que el presidente no está preocupado por este tema. Yo diría que ahí hay una responsabilidad por 
omisión porque, desde su postura de poder y como responsable de la seguridad y garante de derechos para todos y todas, no está haciendo nada. No tiene la más mínima idea de que se trata de un colectivo sobre el que pesa una violencia estructural que es alimentada por distintos medios, incluyendo mecanismos institucionales del propio Estado que alimentan la homofobia o la repulsión sobre estas personas y comunidades a quienes, desde discursos y prácticas de tipo fundamentalistas, se nos ha arrancado la propia condición humana.
P.- ¿Qué cultura se debe promover para ser una sociedad más inclusiva?
R.- Se tiene que comprender que los derechos humanos no son un objeto de disputa, son un bien que todos los Estados deben garantizar. Negar eso es vivir al borde de la barbarie, ese tema es delicado en Perú porque la no valoración de los derechos humanos como la condición que nos permite vivir en sociedad, nos lleva a lógicas de clasificación pre-modernas donde algunos seres humanos tienen más valor que otros.
P.- Según varios rankings internacionales, Perú es uno de los países más homofóbicos del mundo y ocupa el primer lugar si nos enfocamos solo en América Latina, ¿por qué? ¿Considera que con los años ha aumentado la intolerancia hacia la comunidad LGTBI?
R.- El tema de los rankings o termómetros de homofobia es complicado. Lo que sí es cierto es que en sociedades donde la democracia se ha asentado más y hay mecanismos institucionales que garantizan derechos, se pueden permitir fomentar el respeto y el reconocimiento al otro que es diferente. En Perú, lo que pesa es una tradición colonial donde la diferencia se clasifica como desigualdad. Entonces sucede que pobres, afrodescendientes, poblaciones indígenas, poblaciones nativas amazónicas, comunidad TLGBIQ [transexuales, lesbianas, gays, bisexuales intersexuales yqueer], mujeres rurales, entre otros, entran en esta escala de diferenciación estamental que no solo te hace desigual, sino que te convierte en objeto de violencia.
P.- Un informe de Promsex da cuenta de que en el último año ocho personas homosexuales fueron asesinadas y a 43 personas LGTBI se le vulneraron sus derechos. ¿Qué iniciativas se deben promover para prevenir este tipo de delitos?
R.- Esa data es muy fragmentada porque es solo la que llega a medios de comunicación, fue de ahí donde se recogió la información para elaborar ese informe. Nosotros sostenemos que en Perú se comete un crimen de odio cada semana. Hay una violencia estructural que está afectando a esas comunidades y que está llevando a que, en materia de VIH/Sida, estén muriendo dos homosexuales todos los días, en un momento en el que nadie en Perú tuviera que morir por VIH.
P.- ¿Por qué está sucediendo esto?
R.- Algo ocurre en el sistema que no termina por convocar a aquellos que requieren de esa atención. Estamos frente a un sistema que no llega o que expulsa y las consecuencias son esas dos muertes. Generalmente no les brindan el diagnóstico temprano o no pueden acceder al tratamiento y además son gente pobre, excluida.
P.- El año 2013, el Congreso no aprobó el proyecto de ley que incluía específicamente las categorías de orientación sexual e identidad de género como formas de discriminación por odio. 56 parlamentarios votaron en contra, ¿cómo valoras esto?
R.- La violencia hacia las comunidades TLGBIQ no solamente viene desde la intolerancia y el fundamentalismo, sino también desde el propio Estado que se constituye en perpetrador. Desde el movimiento TLGBIQ hemos dicho que el Estado, en materia de SIDA, es “homosida” porque frente a su capacidad de responder ante esa realidad, lo que está haciendo -por omisión- es que mucha gente termine muriendo.
Lo que el Congreso de la República ha hecho es negar derechos. Cada vez que cualquier proyecto de ley contiene los temas de identidad de género y orientación sexual, elimina esos términos, no ratifica tratados o no aprueba esa ley. Si tuviéramos que evaluar el carácter del Congreso en relación a esta materia tranquilamente podríamos decir que el Congreso se ha convertido en una máquina perpetradora que niega derechos a estas comunidades.
P.- PPK propone crear un registro de actos violentos para miembros de la comunidad LGBTI, ¿para qué servirá este registro? ¿No sería mejor impulsar una ley que condene los crímenes de odio por identidad de género y orientación sexual?
R.- No es excluyente, pero no creo que nos debamos ir por las ramas. No creo que la situación de los TLGBIQ va a cambiar porque se apruebe determinado proyecto en particular. Desde los movimientos TLGBIQ tenemos una gran responsabilidad. Yo lamento la centralidad de las agendas de los colectivos TLGBIQ vayan por una discusión que en este momento me parece ociosa, cuando se plantea la unión civil ya o el matrimonio igualitario ya, pues esto tiene que ver con la dimensión del reconocimiento y acceso de derechos para estas comunidades; pero no con el desconocimiento de la condición humana de estas personas ni atendiendo una situación de violencia y alta vulnerabilidad que todos los días se manifiesta.
P.- Entonces, ¿qué es lo que se debería impulsar ahora?
R.- Tenemos que imaginar un plan integral para abordar el conjunto de la situación de exclusión y vulnerabilidad. Así podremos ciudadanizar a estas poblaciones. En Brasil, por ejemplo, se promovió un plan nacional contra la homofobia que incluía temas que tenían que ver con salud, educación, trabajo, fortalecimiento institucional, trabajo con la sociedad para evitar la violencia y sentirnos todos parte del mismo tejido.
P.- El Congreso que se viene tendrá mayoría fujimorista, ellos votaron a favor del archivamiento de la unión civil, ¿cómo ve el tema de los derechos de los LGTBI desde el Parlamento?
R.- No creo que solo la bancada fujimorista sea homofóbica y conservadora. El conjunto de partidos políticos no han avanzado porque finalmente hemos renunciado como partidos a construir un horizonte ideológico y programático. Si tuviéramos partidos de orden liberal, enraizados en esta ideología, muy probablemente tendríamos iniciativas a favor de estas comunidades.
Desde la izquierda democrática algo se ha avanzado, pero creo que es insuficiente. Todavía estamos en la lógica de ver algunas partes, pero no de mirar en conjunto la situación de estas poblaciones. Este Congreso no tendría por qué ser diferente a los otros que sistemáticamente nos eliminaron, no podría ser peor.
P.- En ese contexto ¿cuál será el reto de la sociedad civil?
R.- En primer lugar, tiene que cerrar filas en torno a la defensa de los derechos humanos de todos y de todas. Inmediatamente las propias comunidades y colectivos tienen que consensuar una plataforma que exprese qué tipo de cambio están postulando en el país. Tercero, tiene que haber una bancada que se compre el pleito de los derechos humanos y de esas comunidades.
P.- Dos de los miembros de la bancada de PPK (Carlos Bruce y Alberto de Belaunde) son homosexuales, ¿Cuál será el rol que ambos jugarán para beneficio de la población LGTBI?
R.- El tema de los derechos de las personas y el respeto a los derechos humanos no tienen que ser canalizados por representantes que formen parte de estas comunidades. Estamos hablando de ellos porque son gays, pero hay congresistas de esa bancada y de otras bancadas como el Frente Amplio, donde hay parlamentarios que por convicción asumen estas demandas. El tema no es ver si determinado congresista apoya o no, sino comprender que ellos y sus partidos tienen que ser los canales para expresar lo que la ciudadanía está demandando.
P.- En la misma línea, ¿qué papel va a desempeñar el Frente Amplio?
R.- El gran problema que tenemos en este momento es que los partidos en el Congreso no tienen una agenda que aborde integralmente la situación de derechos, exclusión y violencia que hay sobre estas poblaciones. Eso aún no lo tenemos ni en el Frente Amplio ni en Peruanos Por el Kambio.
P.- En países latinoamericanos como Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Chile ya existe el matrimonio igualitario o la unión civil. En el año 2013 el 70% de peruanos estaban en contra de la misma. ¿En cuántos años crees que será posible la unión civil entre personas del mismo sexo o el matrimonio igualitario?
R.- Las estadísticas de varias agencias dan cuenta que en Perú hay algo como un 75% de rechazo al reconocimiento de derechos, en particular a la unión civil y al matrimonio igualitario. El tema no pasa por ahí porque puede haber una mayoría que sea resistente, pero quien debe garantizar los derechos es el Estado.
P.- ¿Qué opinas sobre la posición de PPK de solo apoyar la unión civil, pero no la unión matrimonial entre personas del mismo sexo?
R.- Es un absurdo y también me parece absurdo que en estos momentos nos enfrasquemos en una situación sobre si volvemos al tema del matrimonio igualitario o la unión civil dentro de una estrategia congresal, no tiene sentido. La experiencia ya nos ha demostrado que cualquier proyecto de unión civil que se presente en el Congreso no va a reconocer derechos de familia, lo que reconocería serían derechos patrimoniales. Son derechos de segunda categoría donde a estos “ciudadanos” les reconoces un nicho que no es el de todos. Finalmente formalizas la desigualdad.
No me parece que el movimiento LGTBI esté peleando durante los próximos cinco años por una ficción que no se va a traducir en ningún mecanismo que nos devuelva nuestra condición humana. Hay una deuda histórica con estas comunidades y eso es lo que debemos mirar, ¿acaso la deuda es la unión civil o el matrimonio igualitario? Eso es parte de, pero necesitamos algo mucho más profundo. El Estado peruano y las iglesias deben pedir perdón.
P.- ¿Cuál es el balance del gobierno de Ollanta Humala respecto a los derechos de la comunidad LGTBI?
R.- Ha sido un gobierno que se ha extraviado en su propia mediocridad. Para las comunidades TLGBIQ va a pasar por una triste recordación. Muchas personas, entre ellas yo, apostamos porque algunos puntos de agenda se insertaran dentro de las propuestas programáticas. Sin embargo, no se avanzó un centímetro.
P.- ¿Por qué considera que la comunidad LGTBI fue excluida del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016?
R.- En primer lugar porque el presidente no asumió su condición de líder. La exclusión se dio luego de un proceso largo en el que se consultó esto de forma multisectorial y en último momento intervinieron sectores como el militar y la iglesia.
P.- ¿Por qué en nuestro país la posición de la iglesia influye en las políticas públicas?
R.- Esa injerencia en el Estado se explica por la debilidad de nuestra democracia. Es tan débil que los grupos fácticos son quienes la dotan de contenido conservador o patrimonialista.
Fuente: Gran Angular – www.elgranangular.com
