[Hay 46 motivos para cerrar una universidad, según nueva ley].
En los últimos días se ha producido un debate en las redes sociales sobre la adecuación de la Universidad Científica del Perú a la nueva ley universitaria y su reglamentación. Según personas consultadas por este diario si la UCP no se adecúa a lo que establece la ley podría desaparecer, muy aparte de la disputa legal que tiene con la Universidad Particular de Iquitos.
Por ejemplo, la nueva Ley Universitaria establece nuevos lineamientos que permiten abordar otras problemáticas, también relevantes, de la educación superior universitaria. Tal es el caso de lo que se denomina Transparencia en la información. La Ley Universitaria establece que las universidades públicas y privadas deberán hacer público un mínimo de información relacionada a: estados financieros, inversiones, reinversiones, donaciones y cualquier otra fuente de recursos. Asimismo, deben hacer pública la información respecto a becas y créditos, y documentos claves de gestión como el Plan Estratégico, su reglamento, actas de reuniones de instancias de decisión, número de alumnos por facultades y programas, cuerpo docente, entre otros.
Así que la UCP puede comenzar haciendo pública desde ya lo que establece la ley. De igual forma, según se puede leer en algunos sitios web: “La promulgación de la Ley Universitaria constituye un primer hito en la reforma de la educación superior universitaria, a partir del cual el Ministerio de Educación propondrá políticas públicas que tengan como objetivo lograr un servicio educativo universitario, público y privado, de calidad en nuestro país. La ley es el resultado del consenso respecto a su necesidad y urgencia desde el Estado y la sociedad, conciliando los puntos de vista de diversos actores, expuestos y debatidos públicamente durante los últimos dos años desde la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República”.
Según la sustentación de la ley “Reformar el sistema de la educación superior universitaria nos permitirá contar con profesionales competentes, lo que resulta esencial para empujar el crecimiento económico y mantener sostenible el desarrollo de nuestro país. La nueva ley dispone: Docentes dedicados a la vida académica y mayor exigencia de formación, en universidades públicas y privadas. La Ley Universitaria establece que, en un plazo de 5 años, las universidades deberán contar con docentes que, al menos, hayan obtenido el grado de maestro para poder realizar la formación de pregrado; maestro o doctor para ser docente de maestrías y programas de especialización; y doctor en caso sea docente para la formación en ese nivel académico. Además, la ley precisa que el 25% del total de docentes de las universidades esté contratado a tiempo completo. De esta manera se promueve que exista un cuerpo docente permanente que desarrolle actividades relacionadas a la investigación, la asesoría académica a los alumnos y a la innovación institucional”. También en cuanto a Investigación. “La Ley promueve la investigación, a través de fondos cuyo desembolso estará necesariamente vinculado a la evaluación del desempeño, así como a la presentación de proyectos de investigación en gestión, en ciencia y tecnología”.
La pregunta pertinente es ¿si la UCP está realizando los trámites necesarios para la adecuación a la ley y si actualmente tiene por lo menos el 25% de docentes a tiempo completo?. Como el rector Juan Saldaña Rojas no quiere brindar declaraciones a este diario esperemos que a través de la página oficial de su institución informe sobre estos detalles y no utilice concesionarios a los que financia con fondos de la UCP para insultar a quienes solo pedimos información.
Por ejemplo Nelson Patrick Antonio López Mesía ha señalado en las redes que en la UCP “pueden ir empezando con la modificación de los contenidos curriculares, ya que hoy exigen estudios con enfoque modular. Los cachimbos que ingresaron a la UCP ¿qué están estudiando?, si la nueva currícula tuvo que entrar en vigencia este 01 de enero?” Y continúa con la siguiente pregunta: “¿ya empezaron los trámites para el licenciamiento de la universidad?”. Pero en uno de sus escritos es más drástico cuando señala que “tendrán que demoler el predio, ya que también exigen una infraestructura más adecuada”.
