ESCRIBE: Jaime A. Vásquez Valcárcel
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Para quienes han resaltado la visita del expresidente del Gobierno de España, Felipe Gonzáles, a la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de visitar al injustamente preso Leopoldo Pérez hay que recordarles que esa presencia era una clara muestra –del visitante y de quienes aplaudían la misma- del grado de dependencia que todavía algunos creen que se puede aplaudir cuando de inmiscuirse en asuntos internos se trata. Y para quienes consideran que desde Europa o Estados Unidos puede darse lecciones de libertad de expresión vaya esta relación de prohibiciones que desde hoy aplicarán a los ciudadanos españoles:
Se considera infracción cualquier «perturbación grave de la seguridad ciudadana» que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. Si similar medida siquiera se propusiera en Perú ya verían lo que se produce.
Se sanciona “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de policías “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”. Prohibido, entonces, las fotografías. Con el añadido que Amnistía Internacional ha señalado que: “Captar imágenes de la policía, ya lo hicieran periodistas u otras personas con cámaras o teléfonos móviles, ha ayudado en ocasiones a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”. Adiós esta posibilidad.
Se multará a quienes realicen “el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”. Adiós a aquellos que en su afán por protestar subían a los monumentos. Según los analistas “Este artículo parece haber sido redactado específicamente para prohibir y perseguir los actos públicos que Greenpeace realiza basándose en el derecho a la libertad de expresión”.
La nueva norma otorga a la Policía la capacidad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene «la autoridad competente». Ya se sabe aquello de la autoridad competente.
Para seguir con el párrafo inicial de esta columna. Sería comprensible que ante la vigencia de lo que ha dado en llamarse “Ley Mordaza” en España un grupo de líderes o expresidentes sudamericanos viajen a Madrid para participar de las protestas que esta ley provocará. Eso sucederá el día que dejemos de pensar, sentir y comportarnos como colonizados y colonizantes.
