Peces Cebra
Desde el 2017, Luis Vásquez Uribe, exdirector Ejecutivo de Pesquería; y Hermes Sánchez Sánchez, exdirector Regional de Producción de Loreto son procesados por tráfico ilícito de especies acuáticas debido a que “conociendo todos los hechos, no denuncian […] y permiten que con ello se continúe comercializando y que la empresa siga con los permisos comerciales que otorga Direpro”, según se lee en el documento que formalizó la investigación preparatoria en su contra en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto.
En su declaración ante la Fiscalía, en diciembre 2016, Hermes Sánchez negó toda responsabilidad en los decomisos de peces ornamentales, además, dijo que la acusación estaría motivada por personal de la Direpro. «Esta denuncia está direccionada por personas interesadas en dañar mi imagen, mi honra». Mientras que, Luis Vásquez, indicó que tras las intervenciones comunicó a los exportadores, mediante una medida precautoria, la prohibición para comercializar peces cebra. Aunque, reconoció que no tenían facultades sobre ello. “Sobre esta especie brasileña no existe normativa de prohibición para su uso en nuestro país, y el ingreso que determine no es competencia de funciones de la Dirección Regional de Producción».
Lejos de asumir medidas correctivas, las exautoridades acusadas aún han mantenido relativa cercanía con el Ministerio de la Producción; como Hermes Sánchez, ingeniero pesquero y afiliado al partido aprista, quien pese a tener este cargo en su contra ha dictado cursos de capacitación sobre manejo y crianza de peces amazónicos para acuicultores en Maynas, Loreto, hace tres años.
De otro lado, en agosto pasado, agentes de la Brigada de Operaciones Amazónicas de Aduanas (BOA), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Iquitos y la Direpro intervinieron nuevamente al acuario Jr Tropical Fish Amazon Perú. Esta vez, en sus instalaciones, encontraron 92 peces cebras vivos (equivalentes a $1.417.04 de elusión tributaria, según Aduanas), y otros 5 fallecidos dentro de unas peceras y un recipiente de color verde. Guadalupe Pinche Rengifo se identificó como arrendataria del local y dijo que obtuvo los peces por una mujer a la cual no conocía con exactitud. Ojo-Publico.com acudió a la diligencia de traslado de estas especies en el acuario Neotropical, situado en el distrito de San Juan Bautista. Al llegar, los trabajadores del acuario habilitaron una pecera e hicieron el conteo de los peces cebra: uno más había muerto en el trayecto.
El cónclave
Las empresas que venden estas especies al exterior están agrupadas en dos organizaciones: la Asociación de Exportadores de Peces Ornamentales (Apexpo) y la Asociación de Exportadores de Peces Ornamentales de Loreto (Expara). La primera está representada por Christopher Velásquez Delpino, dueño de Aquarium Panduro, cuyas exportaciones fueron de USD$ 286,499,60 en el 2018, a pesar de que él figura como sancionado por el Ministerio de la Producción (Produce) en febrero del 2016: cuatro años antes había tratado de exportar a Rusia un cargamento de 130 crías de paiche, el segundo pez de agua dulce más grande del mundo, que no contaban con el permiso legal.
En sus descargos ante Produce, Velásquez exigió que sea eximido del proceso sancionador y negó haber cometido alguna infracción: “En ese sentido reiteramos que desconocemos cómo fueron a parar esas especies prohibidas en nuestro embarque”. Sin embargo, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones multó Velásquez con una suma de S/ 7.800, según consta en el informe legal del caso en el 2016. OjoPúblico se comunicó con Velásquez, pero evitó declarar vía telefónica para este reportaje.
Por otra parte, la Asociación de Exportadores de Peces Ornamentales de Loreto (Expara) está presidida por Milagros Ferreyra Ahuanari, propietaria de al menos tres empresas dedicadas a la exportación de fauna terrestre y la mayor comerciante de vida silvestre en el país.
Ambas organizaciones plantean la flexibilización de los mecanismos de control de las cargas que se destinan al mercado internacional, bajo el argumento de que resultan excesivos. En cambio, plantean que Produce revise únicamente los cargamentos de especies Cites y que las cargas inspeccionadas en Iquitos no vuelvan a pasar por el control en Lima, una doble verificación con la que las autoridades apuntan a evitar las suplantaciones de especies en tránsito a salir del país.
Esta modalidad fue puesta en evidencia en abril del 2018, cuando el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) detectó un caso que involucra precisamente a la hermana de la presidenta de Expara, Lita Ferreyra Ahuanari.
La dueña del acuario Valentina pretendía exportar 13.770 unidades de arahuana acopiadas en 16 cajas con destino a China. El embarque fue inspeccionado por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Iquitos, pero personal de Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) en el Callao recibió una alerta: las cajas que salieron del aeropuerto de Iquitos habían sido cambiadas. Cuando los funcionarios de Sanipes revisaron las cajas en el Callao, confirmaron sus sospechas: 4 especies con un total de 893 unidades no estaban declaradas en el certificado de procedencia del acuario.
Produce levantó un acta de fiscalización con el detalle que el acuario Valentina había cometido una infracción por haber presentado “información incorrecta al momento de la fiscalización que acredite el origen legal y la trazabilidad de los recursos”. Las autoridades reconocieron que debían incautar las especies no declaradas por el acuario, pero la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Produce no llegó a decomisar la carga debido a que «no se cuenta con la logística necesaria para mantener vivas las especies provenientes de la Amazonía». La carga permaneció en custodia del acuario.
Consultada para este reportaje, Lita Ferreyra Ahuanari, propietaria de Acuario Valentina, dijo que cometió un error al cambiar las especies sin comunicarlo formalmente, pero responsabilizó a las autoridades por la inmovilización y muerte de los peces que iba a exportar. “Paralizaron todo el embarque y eso no está permitido, eso es abuso de autoridad. Ellos tampoco sabían qué especies eran”, dijo.
Mediante una solicitud de acceso a la información pública, solicitamos a Produce el expediente completo del caso, pero la entidad denegó el pedido con la explicación de que se trata de un procedimiento administrativo sancionador “carácter confidencial”.
Dos meses después de los hechos, el entonces congresista Jorge Meléndez organizó una reunión con las empresas exportadoras de peces ornamentales y las autoridades encargadas de supervisar los embarques. Según un informe de Sanipes y Produce, el motivo de la cita se debía a la queja de Lita Ferreyra respecto a que “las inspecciones innecesarias por parte de Aduanas, Produce y Sanipes” supuestamente habían causado la muerte de 10.000 unidades de peces, que ella trataba de exportar a China.
OjoPúblico tuvo acceso al documento oficial del Ministerio de la Producción que define la posición de los exportadores. En esa reunión, la presidenta de Expara, Milagros Ferreyra, señaló lo mismo que su hermana Lita: que las autoridades realizan “excesivas inspecciones” en el aeropuerto del Callao debido a que maltratan a las especies y generan la mortalidad de estas en el país de destino. El presidente de la Apexpo, el también sancionado Christopher Velásquez, sugirió que las inspecciones deben articularse mejor entre instituciones. Y el mayor exportador de peces ornamentales, Francisco Pin, objetó el control de Aduanas y Produce en el Callao debido a que abren todas las cajas en el embarque, lo cual “produce demoras”.
Como se muestra en las fotografías y reuniones públicas, el exministro Meléndez ha encabezado reuniones con exportadores que figuran que han sido intervenidos con especies prohibidas en sus cargamentos o mantienen vínculos con procesados por tráfico ilícito de especies acuáticas. Como el presidente de la Apexpo, Christopher Velásquez, quien también forma parte de la investigación fiscal que apunta a los exfuncionarios públicos de la Direpro.
Entre 2018 y 2019, tras estas reuniones en la que se puso a discusión la flexibilización de controles ante el exministro Meléndez, se produjeron decomisos de más de 2 mil ejemplares en el Aeropuerto Internacional de Iquitos y en embarcaciones, de acuerdo a los reportes aduaneros y de la Dirección Regional de la Producción (Direpro) en Iquitos.
Consultado sobre el tema, el exministro Jorge Meléndez señaló que las reuniones fueron realizadas «en el ejercicio de mi función de representación como congresista y representante de la región de Loreto, realicé diversas actividades, las mismas que fueron públicas, para escuchar a los diversos actores de este y otro sector productivo.
Las asociaciones de exportadores también exigen que la lista de 35 especies de peces que son de consumo humano en la Amazonía pasen a comercializarse como ornamentales hacia otros países. Varios ejemplares de ese grupo han sido decomisados del poder de los acuaristas de la Apexpo y Expara. En abril pasado, elaboraron un documento que sustenta este pedido; entre ellos, alegan que las especies en “17 años de prohibición han tenido el tiempo suficiente para que sus poblaciones se recuperasen”. El informe -patrocinado por dos empresas de Milagros Ferreyra-, fue elaborado por José Grocio Gil Navarro, exjefe de la Reserva Nacional Pacaya Samiria acusado por el delito de tráfico ilícito de especies acuáticas desde el 2016.
En octubre último, autoridades de la Direpro realizaron un decomiso de 270 kilogramos de paiche seco salado -especie en veda hasta febrero del 2020- en bolsas de polietileno almacenadas en una embarcación fluvial, en la comunidad de Mazán en Loreto. El director de la Disecovi, Miguel Vega, comentó que la acción conjunta con la Policía Ambiental y Aduanas impidió su comercio en los mercados de Iquitos. Pese a que se trata de una especie Cites, protegida, en el grado II de amenaza; no hubo ningún detenido, ni mucho menos sospechosos o testigos que sindiquen al propietario del producto. Sin embargo, delitos como el tráfico ilícito de peces ornamentales funcionan a gran escala, rebasan la capacidad de las autoridades, involucran a las empresas exportadoras, mientras que se depreda indiscriminadamente a especies que son fuente de alimento, y otros, que están a punto de desaparecer. (Gianella Tapullima / Ojo Público)
